PIP toma acción legislativa ante el depósito de cenizas
El senador Juan Dalmau, y el representante Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), anunciaron la radicación de cinco medidas legislativas para aclarar la enmienda realizada a la Ley 40 que permite a la empresa carbonera Applied Energy Systems (AES) depositar material producido en su planta en el vertedero Peñuelas Valley Landfill.

Los legisladores independentistas emplazaron a la Policía y a la JCA a entregar información pública (Suministrada)
“En el día de ayer radicamos en Senado y Cámara el P. del S. 600 y el P. de la C. 1160, respectivamente, que buscan restituir el lenguaje eliminado en el proyecto original para remediar la ineficacia de la Ley 40 de 2017, que evidentemente no logra el propósito de prohibir el depósito y disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón”, indicó Dalmau.
“Ha quedado constatado lo que anticipamos, la Ley 40 fue una ley a la medida de los intereses económicos de la empresa carbonera y no de la protección a la salud y calidad de vida de los residentes de la zona sur, en particular los de Peñuelas. Si para el gobernador, que es científico y dice creer en el derecho a la salud como uno del más alto rango, que lo demuestre con acciones”, añadió. El senador del PIP además emplazó al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, a incluir las medidas en su convocatoria para la sesión extraordinaria que ya se ha anticipado.
Asimismo, los portavoces del PIP anunciaron la radicación en ambos cuerpos de la Resolución del Senado 366 y la Resolución de la Cámara 494, que ordena realizar una investigación en torno a la manera en que se deposita y dispone de las cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en la isla, luego de aprobada la Ley 40.
Por su parte, Márquez anunció el envío de una carta a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para requerirle al organismo gubernamental que provea toda la información pertinente ante la irregularidad del horario en el que se depositaron las cenizas en la madrugada del miércoles y que ha causado suspicacia en un sector de la población.
“Estamos requiriendo el permiso de operación del vertedero y su horario de operación, cualquier permiso especial vigente de cambios a dicho horario y la justificación para la otorgación de dicho permiso especial, de existir alguno. De igual forma, he solicitado la cantidad de cenizas depositadas en la noche del 11 de julio, la forma en que fueron depositadas o utilizadas para solidificar los desperdicios líquidos industriales, si la JCA inspeccionó dicho depósito y cualquier otro documento relacionado al depósito ocurrido esa madrugada”, indicó el legislador.
Márquez informó además que dirigió una misiva a la Comisión de Derechos Civiles “para que tome conocimiento público de que en la noche del 11 de julio y la madrugada del 12 de julio de 2017, agentes de la Policía de Puerto Rico utilizaron cámaras fotográficas y de video para capturar las manifestaciones espontáneas suscitadas en Peñuelas como consecuencia de la decisión del Gobierno de movilizar un contingente numeroso de la Policía para viabilizar el depósito de cenizas en ese municipio. Ello con el fin de suplementar la querella que presentamos tanto el senador Juan Dalmau y este servidor el 28 de abril de 2017 por carpeteo cibernético ante este organismo”.
De igual forma, Dalmau indicó que también cursó una comunicación a la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, emplazándola para que brinde toda la información sobre el costo que implicó la movilización de sobre 300 agentes, escolta de motoras y patrullas a los camiones hacia y desde la planta de carbón en Guayama, uso de helicópteros, división canina, grúas de plataforma del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Fuerza de Choque y Unidad de Arrestos Especiales, entre otros, para el operativo realizado durante estos últimos tres días y los subsiguientes.
AES advierte consecuencias nefastas de prohibir depósitos de cenizas
“La superintendente tiene que explicar la justificación para la realización de un operativo sin precedentes como el que hasta el momento se continúa realizando y si en efecto se estará llevando a cabo este tipo de acciones cada vez que la carbonera AES decida enviar sus camiones a Peñuelas y Humacao, o cualquier otra parte de Puerto Rico. Debe aclarar además si la Policía continuará sirviendo de alcahuete y guarda espaldas privado de esta millonaria empresa carbonera”, concluyó el portavoz del PIP en el Senado.
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