11 de Diciembre de 2018

Plan de salud en Puerto Rico: Haciendo más con menos

Por el 12 de Octubre de 2018

Los recortes presupuestarios impuestos por la junta de control fiscal han sido particularmente difíciles para un sector de la salud en la isla que ya está luchando con el racionamiento de los servicios a la financiación federal para Puerto Rico, que está 43 por ciento por debajo del promedio nacional.

Con un recorte en el presupuesto por un lado y necesidades de atención médica por el otro lado, la Administración de Seguros de Salud (ASES) está tratando de proporcionar una cobertura médica eficiente tanto para los empleados del gobierno como para las personas que utilizan el programa patrocinado por el gobierno, pero la falta de paridad sobre la cobertura médica con los estados de Estados Unidos limita el progreso, según expertos de la industria.

Durante un foro de salud de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, “De Obamacare a Trumpcare”, la directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila, se centró en las perspectivas de cobertura de salud que el gobierno brinda a sus empleados y discutió la necesidad de eliminar la división dentro de los empleados del sector público para que obtengan “una mejor distribución del riesgo y un mejor precio” para el plan de salud.

Aparte del gobierno local, el sistema de cobertura médica de Puerto Rico se financia a través de asignaciones federales, donde la isla se queda atrás de todos los estados y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El presidente de MCS Advantage, Roberto Pando, un proveedor líder de seguros de salud en Puerto Rico, sostiene que, en última instancia, la infraestructura de salud de Puerto Rico no puede funcionar a un nivel óptimo.

Estrategia de integración

Para Ávila, la separación de los empleados del sector público cubiertos por la Ley 95 de 1963, que brinda cobertura médica a la mayoría de los empleados en las agencias en la rama ejecutiva, y aquellos que están exentos, como los empleados de las corporaciones públicas, ha generado grandes disparidades entre los sectores de empleados del gobierno. La transición a un sistema con un presupuesto más pequeño puede incluir el traer empleados de corporaciones públicas bajo la Ley 95, que cae bajo ASES.

La directora ejecutiva de ASES explicó que el establecer el camino a seguir ha sido un movimiento combinado con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), pero argumentó que las consideraciones en esta discusión no son solo financieras.

“Hay espacio para la discusión con la junta de control fiscal, pero lo importante es presentar un argumento razonable. Cuando estamos hablando con la junta fiscal sobre esta iniciativa, [está en] el espíritu de hacer una contribución ponderada. Entre el gobierno central y la corporación pública, existe una gran disparidad, por lo que la intención es hacer una contribución ponderada que aumente [la cobertura] para incluir todas esas vidas, y [entonces] podamos distribuir el riesgo y sostener mejores precios”, expresó Ávila.

“Esta iniciativa proviene de [Aafaf]”, afirmó, y “existen muchos millones [de dólares] que se mueven en esta industria. Se les está pagando $172 millones en beneficios adicionales a través de las corporaciones públicas, y son áreas de oportunidad para ver los precios”.

La posición de integración, que incluye un gasto uniforme de $125 por miembro por mes del gobierno, es similar a la unificación del sistema de salud pública general que hizo la transición de ocho regiones a una sola región de toda la isla.

La estrategia de integración, que incluye un gasto gubernamental uniforme de $125 por miembro por mes, está en línea con el plan del gobierno de Ricardo Rosselló para consolidar las ocho regiones que conforman el sistema público de salud en una región de toda la isla.

Un presupuesto solo puede estirarse hasta ahora

Los cambios para acomodar las asignaciones locales no pueden compensar la falta de fondos federales apropiados, argumentó Pando, porque Puerto Rico está operando en el mismo mercado que los estados en EE.UU., con los mismos precios que los estados, pero con solo un tercio de los fondos.

El presidente de MCS Advantage explicó que el nivel de fondos de Medicare Advantage, que está un 25 por ciento por debajo de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y un 43 por ciento por debajo del promedio nacional de los estados, se traduce en no poder mejorar nuestra infraestructura de cobertura médica o crear condiciones que impidan la fuga de cerebros de doctores de la isla.

“La recuperación de Puerto Rico está ligada a lo que podemos lograr, a lo que podemos restaurar a Medicare y a la atención médica en general. El hecho que siempre repito es: en Puerto Rico, gastamos $3,500 anualmente en atención médica por persona. El promedio en los Estados Unidos es de $10,000, y tenemos que pagar el doble por energía y lo mismo por medicamentos. Lo que sufre, ya que tenemos en promedio un tercio de los fondos que se entregan al resto de los Estados Unidos, es la compensación a los profesionales [de la salud]. “La diferencia] está en la compensación profesional, en la infraestructura física y en la infraestructura de TI (tecnología de la información)“, señaló Pando.

Uno de los puntos principales que destacó Pando es que desde la implementación del Affordable Care Act (ACA, mejor conocido como Obamacare), Puerto Rico ha perdido $5 billones en asignaciones federales y podría perder $1 billón al año, a pesar de que los puertorriqueños contribuyen con los mismos impuestos para financiar Medicaid y Medicare.

Pando hizo referencia a estudios que muestran que el costo de vida de Puerto Rico no es inferior al de los estados, que ha sido un argumento comúnmente empleado por los miembros del Congreso para justificar la disparidad de fondos.

Para abordar el déficit de financiamiento, el proyecto de ley Omnibus, la Ley de presupuesto bipartidista, se aprobó en febrero de 2018, que envía $4.9 billones adicionales para el sistema de salud de la isla. Aunque es una solución temporal, Pando explicó que esta cifra no es un sustituto, que solo permitiría a la isla ignorar [temporalmente] el problema de disparidad.

“La aprobación de una extensión a los fondos de Medicare no es suficiente en lo absoluto. Es suficiente para mantener el status quo actual, que no es donde Puerto Rico tiene que estar relacionado con la cobertura médica”, indicó Pando.

Para ese fin, el presidente de MCS Advantage, junto con la Cámara de Comercio, aboga por la aprobación del HR 6809, o la “Ley de Ventajas de la Integridad de Medicare de Puerto Rico”. El proyecto de ley, presentado por la comisionada residente, Jenniffer González Colón, aumentaría las tarifas de pago de Medicare Advantage.

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