23 de Enero de 2022

Plan fiscal de AAA contempla aumento de tarifa a clientes no residenciales

Por el 28 de Abril de 2017

Los aspectos más sobresalientes del plan fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) incluyen un alza aproximada de 7%—durante un período de 10 años— en las tarifas de los clientes no residenciales, la operación de determinadas áreas, incluyendo el servicio al cliente, bajo alianzas público-privadas, un recorte en la nómina y usar las plantas hidroeléctricas para reducir gastos eléctricos.

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El plan fiscal revisado incorpora el pedido de la junta de incluir aumentos moderados pero consistentes en las tarifas. (iStock)

La junta de control fiscal exigió que el plan fiscal de la AAA incluyera una serie de incrementos consistentes pero moderados en las tarifas para poder certificarlo. Los aumentos de tarifas requeridos para cubrir todos los gastos operacionales, el programa de mejoras de capital y el servicio de la deuda actual de la AAA —asumiendo que no haya reestructuración de deuda o nuevo financiamiento externo— se calcularon bajo distintos escenarios. En el primero, el plan dice que si no se implementan iniciativas puede requerirse un aumento de 40% tan pronto como el año fiscal 2018.  En el segundo escenario, se podrá requerir un aumento único en la tarifa de alrededor del 30% en el año fiscal 2018 si se aplican todas la iniciativas propuestas.

El plan fiscal revisado incorpora el pedido de la junta de incluir aumentos moderados pero consistentes en las tarifas. Por lo tanto, las proyecciones asumen $1,000 millones en aumento de ingresos a lo largo del período de 10 años o, en promedio, 2.5% en ingresos incrementales anuales a partir de enero de 2018.

Plan fiscal AAA

Para las proyecciones financieras —y también para minimizar el impacto en la población— el aumento tarifario se les impondrá a los clientes no residenciales. El renglón industrial y comercial verá un incremento de 7.75% anual desde el año fiscal 2018 hasta el año fiscal 2026. El gobierno verá un alza de tarifa de 4.5% por año desde el año fiscal 2018 hasta el año fiscal 2026.

El aumento tarifario requerirá vistas públicas y la aprobación de la junta de la AAA.

Aumento en tarifas, cese del BGF y privatización

El plan fiscal también revela los planes de la AAA en cuanto a privatizar el servicio al cliente, las facturaciones y los cobros, el mantenimiento y los reemplazos de contadores y reducir la pérdida de agua.

Se espera que la tasa de cobros mejore en un 2% en las cuentas no gubernamentales. El impacto total se estima en $121 millones desde el año fiscal 2019 hasta año fiscal 2026, mientras que el aumento anual en los cobros alcanzará los $18 millones para el año fiscal 2021.

Con la implantación de la alianza público privada, se espera que la AAA reduzca el número de empleados en el área de servicio al cliente en aproximadamente 900, que se espera sean retenidos por el socio privado a seleccionarse o que sean transferidos a otras dependencias del gobierno. “Por lo tanto, la AAA reducirá su plantilla en aproximadamente un 20%, [llevándola] a unos 4,000 empleados para el año fiscal 2019”, indica el plan.

“El/los socio(s) seleccionado(s) reemplazará(n) los contadores existentes con contadores de mejor calidad y de mayor precisión y también reestructurará(n) los procesos de servicio al cliente de la AAA para asegurar que se aproveche cualquier mejora tecnológica, resultando en un mejor servicio a los clientes de la Autoridad”, lee el plan fiscal.

La AAA ha creado una “oficina virtual” que ahora les permite a los clientes realizar todas sus transacciones a través de Internet. Además, se ha creado una aplicación móvil para teléfonos inteligentes. La corporación pública ha desarrollado la habilidad de enviarles facturas electrónicas a los clientes.

“La AAA ahora está lista y es tecnológicamente capaz de imponer un cargo de $2 por mes en las facturas impresas en papel. La AAA primero educaría y promovería el método de facturación sin papel entre todos sus clientes. Este tipo de cargo ya está siendo implementado por muchas otras entidades de servicios públicos, al igual que por compañías de cable y tarjetas de crédito en Puerto Rico”, señala el plan.

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El plan también indica que al presente la AAA desconecta aproximadamente 200,000 cuentas por año. Por lo tanto, pondrá en marcha una iniciativa que consiste en la aplicación de un nuevo cargo de $15 para cubrir el costo de desconectar el servicio, además del costo de reconexión ya vigente.

Se espera que el cargo se implemente en el año fiscal 2018. El ingreso máximo —con las desconexiones actuales— se estimó en $3 millones por año (200,000 desconexiones multiplicadas por el cargo de $15).

Por otro lado, la AAA quiere actualizar y maximizar su generación de energía hidroeléctrica. Hay 21 unidades hidroeléctricas en 11 localidades y tres sistemas de riego que actualmente le pertenecen a y son operadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La producción anual podría aumentarse potencialmente en un 67% —a aproximadamente 216 millones de kilovatios-hora o kWh (el escenario más probable)— con la posibilidad de aumentar hasta 328 millones de kWh (dependiendo de los resultados del estudio de disponibilidad de agua).

La AEE le acreditará a la AAA toda la energía generada a través de las plantas hidroeléctricas en su factura de consumo mensual por medio de un acuerdo de medición neta. La AAA le pagará $0.02 por kWh a la AEE por el costo de transmisión y distribución.

Para ello, la AAA dice que se necesita legislación para permitirle operar las instalaciones hidroeléctricas y para la distribución y uso de la electricidad generada por ellas. Pero la AAA debe identificar las fuentes de financiamiento requeridas para llevar a cabo las mejoras de capital necesarias para renovar y rehabilitar las instalaciones hidroeléctricas.

En cuanto a los beneficios de los empleados, el plan dice que, basándose en la interpretación de la AAA de la Ley 3 de 2017, en un plan fiscal previo (sometido el 21 de febrero de 2017) se asumió una reducción del beneficio del bono de Navidad y del factor máximo de horas extra.

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Sin embargo, la Carta Circular 145-17 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto estipula que esos beneficios continuarán siendo los ya negociados, aplicando la Ley 66 de 2014. Por lo tanto, ambas reducciones fueron eliminadas.

Si de hecho el bono de Navidad para todos los empleados se reduce a $600 y el factor máximo de tiempo extra se reduce a 1.5 veces, es posible lograr ahorros de alrededor de $10 millones al año pero se requiere nueva legislación y/o regulación, indica el plan.

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