Plan fiscal propone privatizar al menos seis servicios

Por Eva Lloréns Vélez el 1 de Marzo de 2017

El plan fiscal del gobierno, que se hizo público el miércoles, ofreció una visión general de los servicios que serán transferidos al sector privado como parte del plan para reducir el número de agencias de 125 a unas 35.

Para el 2018, el gobierno espera comenzar a transferir servicios públicos a las partes interesadas del sector privado que cumplan con ciertos requisitos y tengan la experiencia, dice el plan enviado ayer a la junta de control fiscal.

(Juan J. Rodríguez/CB)

Los servicios que se ofrecerán en colaboración con el sector privado, a través de alianzas público-privadas, son la organización de mercadeo de destinos (DMO), el sistema de transbordadores para el área metropolitana y los municipios de Vieques y Culebra, la automatización de las multas de transito, la implementación del Real ID, la concesión o monetización de estacionamientos, los contratos de puertos y aeropuertos y ciertos servicios educativos.

Se espera que el impacto sea de $61 millones, asumiendo un ahorro de gastos generales del 20% de los gastos operacionales presupuestados en el año fiscal 2017. No se consideran las reducciones de nómina y beneficios en los cálculos.

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Para el año fiscal 2019, el gobierno espera delegar a alianzas publico privadas el manejo de los carriles expresos en autopistas, el sistema de transporte de autobuses, así como servicios de mantenimiento y los servicios de la Autoridad de Edificios Públicos.

El plan fiscal dice que el gobierno también ha identificado los servicios básicos proporcionados por varias agencias que pueden ser integrados. Estos incluyen unidades de recursos humanos, capacitación de empleados del gobierno y servicios de educación; así como servicios de seguridad, desarrollo familiar y económico y la centralización de los servicios de los departamentos de Corrección y Educación.

Los servicios básicos a ser integrados podrían rendir de $90 millones en ahorros en 2018 a $307 millones en 2020.

La administración de Ricardo Rosselló también planifica cambiar los tres principales sistemas de retiro, todos actualmente establecidos como programas híbridos de beneficios definidos, a un modelo de reparto para cubrir las obligaciones de los beneficios restantes.

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También está considerando la segregación de las contribuciones de los empleados en un plan de contribuciones nuevo y separado, así como facilitar la inscripción al sistema de Seguro Social para los participantes calificados. Otra propuesta consiste en la posibilidad de mejorar las alternativas de inversión ofrecidas a los participantes de retiro, teniendo en cuenta los objetivos personales de jubilación, dice el plan.

Mientras que la junta propuso una reducción del 10% en los beneficios del sistema de retiro, el gobierno está proponiendo una estrategia que prevé una reducción agregada potencial del 3% en los desembolsos del plan de retiro sin afectar a los jubilados que reciben menos de $2,000 al mes.