Posturas encontradas en torno a beneficios y desventajas de la reforma laboral

Debido a que la reforma laboral del gobernador Ricardo Rosselló aplicaría prospectivamente a los empleados nuevos, se crearían dos categorías distintas de trabajadores en donde un grupo tendría menos derechos que otros, lo cual podría ir en contra de la cláusula constitucional de igual protección de las leyes.

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El gobernador sometió esta semana la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, la cual trae cambios al esquema actual de leyes de empleo, sobretodo en el aspecto de contratar, despedir y trabajar horas extras. (iStock)

“Crea categorías diferentes de empleados en donde un grupo tiene menos derechos, eso podría violar la igual protección de las leyes”, sostuvo el representante del PIP, Denis Márquez, quien ha sido abogado laboral.

Sin embargo, la licenciada Carmen Juarbe, miembro de la junta de directores de la Society for Human Resource Management (SHRM), declaró que el planteamiento de violación a la igual protección  no procede debido a que a todos los empleados nuevos, ya sean mujeres u hombres, serían tratados igual bajo la nueva propuesta mientras que se mantienen los derechos de los que ya están en el campo laboral.

El gobernador sometió esta semana la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, la cual trae cambios al esquema actual de leyes de empleo, sobretodo en el aspecto de contratar, despedir y trabajar horas extras. La ley elimina la Ley de Cierre, aumenta el número de horas para acumular vacaciones y licencia por enfermedad, reduce las mesadas otorgadas bajo la Ley de Despido Injustificado, clarifica la definición de despido justificado e invierte el peso de la prueba para que el empleado tenga que probar el despido injustificado.

Además, la medida reduce el Bono de Navidad, aumenta el periodo probatorio de tres a 18 meses, flexibiliza los horarios de trabajo y obliga a los patronos a dar tiempo para que una madre se pueda extraer la leche.

El abogado laboral Roberto Fleming advirtió que el gobierno debe proceder con cautela pues la propuesta es tajante, abarcadora y puede traer consecuencias no deseadas para los patronos.

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“Muchos comentaristas en el campo laboral le atribuyen la casi extinción del sindicalismo a la legislación protectora del trabajo… Ya no era tan apremiante traer una unión para mejorar las condiciones de trabajo… Los cambios propuestos pueden ser un renacer para el sindicalismo en Puerto Rico”, sostuvo el abogado, quien tiene el blog “Boletín Laboral”.

De otro lado, el presidente de la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra), José Ortega, sostuvo que la reforma laboral es el equivalente “a volver a la era de la esclavitud” y advirtió que la misma ocasionará una emigración masiva debido a que afectará los derechos de los empleados nuevos, o sea los jóvenes, quienes se irán de Puerto Rico a buscar mayores beneficios a los Estados Unidos en donde muchos estados ya han aumentado el salario mínimo federal a $15 por hora.

Juarbe, sin embargo, sostuvo que las medidas ofrecen flexibilidad, sobre todo a los pequeños y medianos negocios, lo cual redundará en más empleo y en la reducción del desempleo, lo cual estimulará que los jóvenes se queden en el país.

Pero Fleming, en entrevista con Caribbean Business admitió que la medida empeora las condiciones de trabajo de los nuevos empleados. A modo de ejemplo, el patrono puede obviar darle un periodo de descanso a un empleado que labore hasta seis horas y aumenta la cantidad de horas para tener derecho a vacaciones pagas y licencia por enfermedad.

“Vas a tener empleados laborando seis horas sin derecho a descanso y sin poder tener vacaciones”, observó.

También destacó que en el listado de los derechos de los trabajadores que se deriva de la medida, no se incluyó el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas para negociar de manera colectiva o en grupo mejoras a sus condiciones de trabajo.

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“Dejar ese derecho fuera no es congruente con el nuevo enfoque de una aparente responsabilidad compartida entre la empresa y el patrono”, sostuvo.

Uno de los problemas que tiene la reforma laboral es la falta de estudios para determinar si las medidas crearán nuevos empleos. Cuando se cambió la Ley de Cierre hace varios años, las organizaciones de negocios aseguraron que crearían más empleos pero los mismos no se materializaron.

El abogado laboral y exsecretario del Trabajo Ruy Delgado Zayas dijo a Caribbean Business que los legisladores no deben de hacer cambios sin antes hacer estudios que sostengan los mismos.

Mientras tanto, Juarbe manifestó que, aunque no tiene estudios, uno de los factores que una empresa extranjera interesada en hacer inversiones toma en consideración son los estatutos laborales. “Estamos tratando de uniformar beneficios que no estaban uniformes en la administración de recursos humanos”, declaró.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, insistió hoy que la reforma laboral que propone no reduce los derechos adquiridos de los empleados activos y lo que hace es crear un ambiente en Puerto Rico para atraer nuevas empresas que originen nuevos empleos.

“Los derechos adquiridos no se reducen porque esto le aplica a los nuevos empleos. Puerto Rico en los últimos 10 años ha tenido una contracción económica de 15%, hemos perdido 300,000 empleos en los últimos 10 años. ¿Dónde se está yendo la gente? A Florida, a Texas donde estas regulaciones en el marco laboral no existen. El World Economic Forum ha señalado que una de las causas por las que en Puerto Rico no se generan empleos es por la regulación excesiva a nivel laboral”, reaccionó con relación al proyecto de ley.

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La ley actual establece que si un patrono se ve obligado a despedir a empleados debido a una reorganización o para ser más competitivo, debe tratar de retener a los empleados de mayor antigüedad. Sin embargo, la propuesta ley le permite al patrono obviar ese requisito a favor de retener empleados bajo los criterios de productividad y capacidad siempre que esa diferencia entre el empleado más antiguo y el nuevo sea obvia y razonable.

La ley, según Fleming, aumenta la cantidad de causales para que un despido sea justificado al redefinir términos como conducta impropia y desordenada. Se invierte el peso de la prueba para que el empleado sea el que tenga que probar que el despido es injustificado contrario a como dice la ley actual en la que el peso recae sobre el patrono de demostrar que el despido no fue injustificado. Aunque se argumentó que eso deja al empleado en estado de indefensión, Juarbe sostuvo que actualmente en cualquier demanda, la persona que lleva la reclamación es la que tiene el peso de la prueba.

 

La periodista Limarys Suárez colaboró con esta historia.