20 de Abril de 2019

Preocupación sobre los “muertos vivos” en el Registro Demográfico

Por el 22 de Agosto de 2018

Representantes del Registro Demográfico indicaron que una gran cantidad de personas podrían estar solicitando cancelaciones de actas de defunción para cometer fraude, práctica que catalogaron como los “muertos vivos”, durante las vistas en la Cámara de Representantes para aprobar un nuevo Código Civil de Puerto Rico.

Para atender esta situación, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Denis Márquez Lebrón no descartó la posibilidad de trabajar una legislación separada al proceso de revisión del Código Civil para investigar posibles solicitudes de cancelación de actas de defunción fraudulentas.

De acuerdo a los deponentes, el esquema consiste en que una persona alega que se expidió un acta de defunción en su nombre de manera incorrecta, utilizando información falsa mediante usurpación de identidad. De lograr su cometido, este puede utilizar la reactivación del registro vital para cometer fraude.

Márquez Lebrón también realizó varias preguntas sobre la naturaleza de dichas cancelaciones. Según la ponencia del ente gubernamental y aseveraciones de las portavoces del Registro, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) expresó preocupación, ya que el número de solicitudes que se están registrando podrían ser indicio de robos de identidad.

“[En el Registro Demográfico] hemos estado en conversaciones con el gobierno federal y Homeland Security para ponernos en acuerdo y tratar de ayudarnos mutuamente en las situaciones que ellos tengan de seguridad y se nos ha traído a la atención que muchos de los casos que a ellos se le presentan tienen que ver con los ‘muertos vivos”, aseveró Alba Calderón, asesora legal del Registro Demográfico.

Calderón explicó que estas cancelaciones son solicitadas por la propia persona que aparece como difunta y que recibe “tal vez a la semana unas tres a cuatro resoluciones. No estamos hablando de una al mes o una al año. Es un poco más que eso”. Además, indicó que sobre el 80% de esos casos se tratan de fraude, de acuerdo a datos de DHS.

Tanto Charbonier, como Márquez se mostraron preocupados por la situación y al salir del salón de vistas, el legislador del PIP indicó que ya le había comentado a la presidenta de la Comisión de lo Jurídico su interés de que la comisión indague más sobre la situación.

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Debaten sobre cambio de género

En la vista de la Comisión de lo Jurídico, que es presidida por María Milagros “Tata” Charbonier, también se discutieron modificaciones en reglamentación referente al matrimonio, cambio de nombre y otras disposiciones. Sin embargo, el tema que acaparó la atención de los legisladores presentes fue el cambio de género en el certificado de nacimiento.

Más que una oposición tajante a permitirle a las personas que puedan cambiar el generó en su certificado de nacimiento, Charbonier expresó que “lo que hace el Registro Demográfico es registrar el dato histórico. Yo reconozco el derecho de cualquier persona pero tiene que haber un dato histórico que preservar”.

Mientras, la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, indicó que según la regulación federal, en el certificado literal, “no puede reflejarse que hubo un cambio por eso es que se está haciendo la corrección pero como anejo”.

Por su parte, Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, indicó que no se opone al cambio pero que también entiende que se debe conservar el acta original intacta por ser un documento médico.

A ese planteamiento, el representante Márquez Lebrón ripostó que además de ser un documento que llena un médico al momento de nacer la persona, es uno que se utiliza para realizar gestiones administrativas y legales.

“[El certificado de nacimiento] tiene una consecuencia médica pero estamos hablando del desarrollo social de un ser humano que entiende por múltiples razones, sociales, psicológicas, emocionales, físicas que su género debe ser cambiado. Lo debe reflejar el documento oficial del Estado para asuntos médicos, para asuntos de viaje, asuntos legales y Estado lo que debe es ampliar ese derecho”, expresó el representante del PIP.

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