26 de Junio de 2019

Preocupada la Asociación de Industriales por impacto de reforma contributiva federal

Por el 4 de Diciembre de 2017

La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) intensificará su cabildeo esta semana para “exigir”, y no pedir, que a Puerto Rico se le trate con equidad y que a los “corporaciones foráneas controladas” (CFCs) de la isla se les excluya, aunque sea parcialmente, de los impuestos de la reforma contributiva del presidente Donald Trump.

El presidente de la Asociación, Rodrigo Masses, admitió que fracasaron en conseguir los cambios antes de que las versiones de medidas de reforma se aprobaran en Cámara y Senado federal pero aseguró que confían en que puedan lograr enmiendas al proyecto en su etapa de comité de conferencia, que se hace para crear una única versión de la medida, dentro de los próximos 10 días.

“No nos han tomado en consideración […]”, dijo Masses.

“Lo único que le queda a Puerto Rico después de María es el sector industrial […] Los empleos de manufactura es lo único que puede apoyar la economía”, dijo Masses. (Archivo/CB)

Sin embargo, Masses reconoció que “estamos preocupados” debido a que la organización cuenta con “amigos” en la Cámara pero no así en el Senado. De hecho, indicó que le exigieron al senador Marco Rubio que se convierta en un aliado de Puerto Rico para evitar que la debacle económica impulse más aún la migración, ya que su distrito de la Florida tiene más de dos millones de puertorriqueños.

Lo único que le queda a Puerto Rico después de María es el sector industrial […] Los empleos de manufactura es lo único que puede apoyar la economía”, dijo Masses.

El sector industrial en Puerto Rico crea 73,000 empleos directos y 250,000 indirectos.

Por su parte, el excomisionado residente Antonio Tito Colorado señaló que al momento Puerto Rico tiene dos opciones. La primera es que se excluya a la isla de los impuestos que aniquilarían la economía. Estos impuestos serían el de 20% a las importaciones, según la versión de la Cámara de Representantes, y el 12.5% a los activos intangibles, o sea propiedad intelectual, en la versión del Senado.

La segunda es una enmienda a la reforma que diga que todas las industrias localizadas en la zona aduanera de Estados Unidos estarían exentas de los impuestos. Puerto Rico ya es parte de esa zona aduanera, dijo Colorado y tiene que pagar barcos americanos e incurrir en otros gastos.

“Lo que estamos diciendo es que no puedes comparar una CFC de Puerto Rico con una CFC en otra parte del mundo. Lo que pedimos es equidad”, dijo Colorado.

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Mientras tanto, Masses compartió que la última información que tiene es que el Congreso muy probablemente trabajará sobre la versión del Senado, por lo que se eliminaría el peligro del impuesto de 20% a las importaciones.

“Toda la atención está centrada en el 12.5% que afectaría la propiedad intelectual”, dijo Masses.

Además de la exclusión, la posición oficial del Gobierno de Ricardo Rosselló Nevares es que en efecto se legisle para dotar a Puerto Rico de un “empowerment zone” que ayude a empresas medianas y pequeñas a desarrollarse.

“Por ahí vamos todos, aunque podemos tener voces distintas, la realidad es que por ahí vamos todos”, dijo Masses.

La semana pasada, sin embargo, el gobernador en conjunto con la Asociación y otras organizaciones del sector privado dijeron que abogarían porque a Puerto Rico se le tratara como una jurisdicción doméstica igual que a los demás estados. En la discusión en el Senado federal, se enfocó en que Puerto Rico fuera un “empowerment zone”, áreas que les dan incentivos por estar económicamente sofocadas. Masses insistió en que lo que se pide es lo mismo que está pidiendo el gobernador.

“Estamos hablando que desde hace 100 años, Puerto Rico está bajo el Código Aduanal que es doméstico para propósitos de importación, de aduanas, y está definido dentro del territorio estadounidense. De otra parte, Puerto Rico está en el U.S. Internal Revenue Code y allí nos tratan como una jurisdicción no doméstica. Por tanto, no es difícil hablar de los dos contextos porque aplican los dos”, explicó Masses.

Sobre las opciones que le quedan a la isla y cuál sería el Plan B de convertirse la reforma contributiva en ley, Masses dijo “tenemos que lograr que estas enmiendas o cambios ocurran dentro de los próximos días”.

De otro lado, Kenneth Rivera, el contador público autorizado que también es presidente de la Cámara de Comercio, dijo que eso consiste en conseguir una cláusula que diga “excepto Puerto Rico” o “excepto los sujetos en  área aduanera.”

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Masses indicó que las empresas en Puerto Rico están en territorio americano por lo que merecen un trato distinto a las que están en Uruguay, China, Irlanda o Singapur.

“[Queremos que] para las empresas que están dentro de la Sección 931 del Código de Rentas Internas, que por lo tanto son CFCs, se les excluya de aquel arbitrio impositivo que finalmente vaya a sobrevivir, si alguno sobrevive en este proyecto”, dijo Masses.

En Cámara al menos hay 10 congresistas que ya han levantado las voces a favor de Puerto Rico pero no existe ese tipo de relación en el Senado pese a que el senador Orin Hatch fue la persona que presidió el grupo de trabajo de desarrollo económico de Puerto Rico bajo la ley federal Promesa. Esto se debe a que los demócratas no están participando en el proceso porque se oponen a la medida. Por lo tanto, la AIPR solicitará ayuda al senador Charles Schumer para que abogue por Puerto Rico. También pedirán apoyo al senador republicano Marco Rubio, quien representa la Florida donde hay un gran número de puertorriqueños y quien “debe de levantarse y con valentía defender a Puerto Rico”.

La comisionada residente Jenniffer González ya ha dicho que en el Congreso no hay ambiente para que se apruebe nada similar a la desaparecida Sección 936 del Código de Rentas Internas que daba a Puerto Rico un trato diferencial.

De convertirse en ley la reforma contributiva, Masses dijo que hay que evaluarla y ver si hay algún tipo de salida. Cuando se eliminó la Sección 936, las industrias textiles y de electrónicas entre otras se fueron de la isla pero muchas farmacéuticas se reinventaron como CFCs.

“Puede ser que lo que se ve, no sea tan malo si puedo variar el modelo de negocios […] Una mala ley puede tener una salida”, opinó.

Además de enviar cartas y cabildear, hoy lunes salen Rivera en conjunto con otros miembros de la Asociación para Washington DC. Masses dijo que irá a finales de semana.

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También irán a Washington los líderes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, para cabildear a favor de la isla. La semana pasada, la Legislatura aprobó una resolución para que Puerto Rico sea considerada una jurisdicción doméstica dentro de la reforma contributiva

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