28 de Noviembre de 2021

Programa del PPD: ¿Posible o irreal reformar el gobierno sin despedir empleados públicos?

Por el 20 de Octubre de 2016

Nota de la editora: Esta es la tercera entrega de una serie de reportajes que analizan las plataformas de gobierno de los candidatos a la gobernación en Puerto Rico y su implicación con la junta de control fiscal. 

Si el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, resultara el próximo gobernador de Puerto Rico, lo primero que haría sería reunirse con la Junta de Supervisión y Manejo Fiscal impuesta por la ley Promesa para discutir su propio plan fiscal a cinco años y hacer los ajustes correspondientes en el documento presentado por la administración actual.

“Independientemente del [plan fiscal] que el gobierno actual haya presentado, nos moveremos a hacer los ajustes que son necesarios para que se establezca la ruta que democráticamente el pueblo va a validar en las urnas”, expresó Bernier en entrevista telefónica con Caribbean Business. 

El líder de la Pava afirmó que será “el primer gobernador que no va a estar hablando de política” ni asuntos ideológicos cuando entre al poder, ya que se enfocará en “darle estabilidad fiscal a Puerto Rico y echar la economía adelante”.

Su Plan Estratégico para Puerto Rico se concentra en “transformar y regenerar” el modelo económico y de gobierno mediante la atracción de capital extranjero —con las Leyes 20 y 22, así como la creación de la sección 245 A en el Código de Rentas Internas federal— que esté atado a la inversión y desarrollo del empresario local. Desarrollará alianzas público privadas (APP) en áreas que no sean educación o salud.

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Con políticas específicas dirigidas a las mujeres, las comunidades LGBTT y los inmigrantes, el programa del PPD promueve reformar el gobierno mediante la transferencia de empleados entre agencias sin despidos y regionalizar funciones. Atacará la corrupción con mayores límites en los contratos del gobierno, eliminando el efectivo en las aportaciones de campaña y creando un registro de cabilderos, entre otros.

También propone traspasar los activos del gobierno a un fideicomiso para hacer un uso eficiente de estos y utilizar el mecanismo de “entry point” para la negociación de la deuda, que consiste en pagar la deuda a través del valor de compra del acreedor en lugar del valor de la emisión del bono, lo que, a su entender, protegerá a las cooperativas que tienen bonos del país.

“Insostenible” reformar el gobierno sin despidos

Para el analista político Carlos Díaz Olivo, es “irreal e insostenible” que los candidatos a la gobernación planteen una reforma gubernamental sin despedir empleados públicos, ya que el gobernador Alejandro García Padilla confirmó que “el déficit es más grande” de lo previsto. “Sin pagar la deuda, no hay ni siquiera para pagar la cantidad de gastos y empleados que hay”, sostuvo.

“Las cosas que ninguno de los partidos quisiera estar haciendo en principio puede que tengan que hacerlas porque no les van a aprobar el presupuesto que ellos quisieran”, manifestó el abogado en referencia al análisis que hará la junta de control fiscal sobre las decisiones fiscales del gobierno.

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Sobre la propuesta de Bernier de transferir empleados entre agencias, el economista Ramón Cao explicó a Caribbean Business que se trata de una política que “existe hace un montón de años” y podría tener sus “beneficios”. Sin embargo, tendría problemas en la medida en que haya que invertir dinero en adiestrar a un empleado o que el reclutamiento busque profesiones especializadas, como sería el caso de doctores o enfermeros, no disponibles en el resto del gobierno.

Bernier manifestó que su propuesta lo que busca es que las agencias realicen acuerdos de colaboración “en las áreas que así sean necesarias” y sin afectar la realidad de cada entidad, los convenios colectivos ni la antigüedad. “El empleado mantiene la clasificación y la retribución de su agencia”, sostuvo sobre la variedad de escalas salariales en las distintas agencias.

En torno a la regionalización de servicios, Cao indicó que, pese a que pueden realizarse hace décadas, “no han ocurrido muchísimo” debido al factor cultural y al hecho de que en muchas instancias los acuerdos representarían “quitarle poder a los alcaldes”, sobre todo si se trata del área administrativa.

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Sobre el particular, el presidente del PPD reconoció que ha habido “resultados mixtos” en los acuerdos entre municipios y el estado, como la transferencia de instalaciones deportivas a los municipios. Por esto, rechazó que los acuerdos vayan a ser en el área administrativa, sino que serán pactos entre el gobierno estatal y el municipal “con unos parámetros claros [en] las condiciones que se tienen que dar”.

Por su parte, el analista político Ángel Cintrón criticó que Bernier no haya promovido la transferencia de empleados o la regionalización mientras fue secretario de Estado.

Además, el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) consideró inapropiado que el PPD dependa en gran medida de la creación de la sección 245 A en el área de desarrollo económico, ya que “el Congreso [de Estados Unidos] no lo va a aprobar de aquí a cien años”. Esta enmienda al Código de Rentas Internas federal busca una deducción de un 85% en el dividendo de la repatriación y se reduciría a cerca de la mitad la tasa contributiva de las empresas estadounidenses en la isla.

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Díaz Olivo agregó que esta sección 245 A es como revivir la sección 936, que redundó en una “política de dependencia del capital externo”, lo que podría verse como un impedimento de “crear nuestras propias oportunidades”. Esta política, junto con las Leyes 20 y 22 para atraer inversión extranjera a cambio de beneficios contributivos, lo que hacen es “desalentar al empresario local”, ya que “tributamos de una manera que los de afuera no”, destacó el analista.

Sin embargo, el candidato a la gobernación del PPD negó esta afirmación, ya que “todos los incentivos contributivos van a estar vinculados al empresario local” para que se les dé prioridad en la adquisición de bienes y servicios. Añadió que se enmendarán las Leyes 20 y 22 para “ponerles más controles”.

Asimismo, Bernier destacó que negociará con el Tesoro federal para que siga permitiendo -a partir del 2017- que ocho compañías deduzcan de sus impuestos federales lo que pagan en arbitrios en la isla con la Ley 154 (impuesto a las foráneas), dinero que representa el 20% del presupuesto del país.

Pese a que esto también podría pasar por el cedazo de la junta de control, el aspirante a gobernador se mostró confiado en que permitirá extender la Ley 154 porque “es un asunto de sentido común”. 

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Difícil reestructurar la deuda con el mecanismo de “entry point”

De otro lado, Cintrón se mostró preocupado en que el PPD insista en “la auditoría de la deuda” por las implicaciones que esto podría tener en el mercado financiero y los problemas de financiamiento del país.

Mientras, Cao puso en entredicho que se pueda utilizar el mecanismo de “entry point” para renegociar la deuda, ya que “eso no es lo que dice Promesa. [La ley] Promesa no es específica” y la junta será la que lidere las negociaciones con los acreedores.

“Dudo mucho que los hedge funds, o fondos buitres, estén dispuestos a transar por el valor que lo compraron [los bonos]. Si esa transacción no ocurre, si el tenedor no acepta la oferta de la junta, entonces irán al tribunal de quiebra a cuadrar. […] Es bien intencionado, pero poco probable”, indicó el economista.

Pero Bernier insistió en que “lo que estoy planteando es que lo justo es que se considere el valor de compra, el valor al que se compró el bono” al momento de renegociar la deuda. Esto no representará un trato preferencial a ciertos acreedores, sostuvo, aunque su intención es proteger a las cooperativas que poseen bonos de Puerto Rico, que en su mayoría “compraron a valor par” (pagando precios mayores por los bonos).

Sobre la creación de un fideicomiso que incluya los activos del gobierno, Díaz Olivo dijo que la junta podría prohibirlo, ya que muchos de estos activos representan garantías de pago de deudas, por lo que “podrían estar menoscabando aún más” los acuerdos con los acreedores.

“La junta no tendría ningún problema porque esto lo que va a lograr es mayor eficiencia y va a permitir sacarle mayor rendimiento a activos del gobierno”, acotó Bernier.

Repetitiva la plataforma del PPD

A juicio de Cintrón, solamente el 10% del programa del PPD es positivo e implantable, mientras que el restante 90% “son cosas que ya existen, no se pueden hacer por el Congreso, tienen impedimentos legales o no hay el dinero” para ponerlas en vigor. 

El exrepresentante sostuvo que propuestas como mayores controles en las compras del gobierno y al financiamiento de campañas y una la ley de acceso a la información son elementos existentes en el gobierno. Mientras que asuntos como nivelar las condiciones de compra por internet con el comercio local corresponden a leyes federales.

Sobre la prohibición de dinero en efectivo en campañas políticas, el analista indicó que no podría hacerse, ya que es considerado un ejercicio de libertad de expresión. Podrían, sin embargo, limitar las cantidades, como se ha hecho en el pasado.

Cintrón vio con buenos ojos la creación de un nuevo registro de cabilderos y la eliminación del B2B, pero censuró que se piense cambiar a un sistema unicameral en la Legislatura “porque crea un desbalance de poder en la democracia”, razón por la cual hay pocos sistemas así en el mundo.

Ante esto, Bernier dijo que la unicameralidad fue algo por lo que el país votó “y nosotros tenemos que respetar el juicio democrático de nuestra gente”.

Otras críticas contra el candidato se relacionan a la falta de un mecanismo concreto para cambiar el estatus de Puerto Rico. Sobre esto, líder de la Pava manifestó que él es el “primer candidato” a la gobernación del PPD que reconoce que “la actual relación es colonial” e insistió en que buscará consenso entre todas las partes para llevar el reclamo a Washington D.C.

“Llevamos 50 años tratando de buscar un consenso. Está jugando ideológicamente con el sector de izquierda del PPD”, concluyó Cintrón.

Resumen del programa de gobierno del PPD:

Reforma gubernamental: 

  • Transformar el modelo de gobierno enfocado en resultados, innovación, productividad y calidad de servicio.
  • Descentralizar y regionalizar funciones para lograr mayor efectividad, eficiencia y flexibilidad.
  • Desarrollar el concepto de Gobierno Integral: unificar clasificaciones y usar recursos donde Puerto Rico los necesita. Permitir transferencia de recurso humano entre agencias.
  • Hacer una lista de activos del gobierno para traspasarlos a un fideicomiso, de modo que se haga un uso más eficiente de estas ya sea desde el estado o mediante alianzas estratégicas.
  • Reducción de la plantilla, paulatina y negociada, sin despidos y sin afectar eficiencia.
  • Deuda pública: negociar con acreedores extensión del pago del principal de la deuda pública. Ese ahorro se usará para servicios esenciales y aportaciones a pensiones. Buscar que pago sea con estrategia de “entry point”, que consiste en pagar la deuda a través del valor de compra del acreedor, en lugar del valor de emisión del bono. Pago al dinero del BGF. Ofrecer repaso descontado de los fondos de cobertura de acuerdo al punto de entrada: ganancias más bajas para quienes pagaron menos. Mecanismos de rendición de cuentas sobre la deuda. Asignar recursos a Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público.
  • Rescate del Sistema de Retiro: implantar medidas que logren recaudar $700 millones para el sistema de retiro central y $400 millones. para el de maestros, como uso de un porcentaje de los fondos de leyes especiales, transferir propiedades excedentes del ELA de un valor de $2,000 millones para generar rendimiento anual de 2.5%, entre otras.
  • Ataque a la corrupción e inversionismo político: fiscalización que adjudique responsabilidad. Prohibir donativos en efectivo en campañas y dar a escoger a candidatos entre financiamiento público o privado.
  • Crear registro de cabilderos en la Legislatura y que se divulgue el propósito y la empresa que representan. Poner límites a estas entidades.
  • Poner mayores controles a la participación de funcionarios en eventos políticos y las contrataciones de empleados y empresas en el gobierno.
  • Promover la internacionalización mediante una nueva Secretaría Auxiliar de Comercio Exterior y promover exoneración de las leyes de cabotaje.
  • Establecer un mecanismo revocatorio, limitar a seis años el término de gobernador y a tres términos de cuatro años el de los legisladores, establecer la unicameralidad y eliminar segunda sesión legislativa.

Desarrollo económico: 

  • Eliminar impuesto entre empresas (B2B) de4% excepto servicios tributables bajo la Ley 40.
  • Cero IVU estatal para comercios con ventas menores a $500,000 anual.
  • Nivelar condiciones de compra por internet con comercio local.
  • Reducir tasa de contribución sobre ingresos a corporaciones e individuos de forma escalonada. Simplificar modelo contributivo. Impuestos sobre cargas ambientales.
  • Enmendar Ley de Incentivos para asegurar permanencia del crédito contributivo federal a las corporaciones que rinden esa tributación a nivel de Puerto Rico (Ley 154 o impuesto a las foráneas).
  • Servicios al comerciante: Dar prioridad a empresarios locales en compras del gobierno. Crear nueva Ley de Monopolios. Simplificar los permisos.
  • Desarrollo regional: analizar proyectos de delegación de competencias a municipios o regiones, como transporte escolar o seguridad.
  • Manufactura: atraer inversión foránea en este sector. Promover aprobación de sección 245 A en Servicio de Rentas Internas federal.
  • Someter legislación para dar certeza al mercado del cannabis medicinal.
  • Economía del visitante: expandir capacidad de puertos aéreos y de cruceros, alianzas para administrar puntos turísticos.
  • Impulsar un nuevo modelo de desarrollo agrícola y ampliar bandeja de comedores escolares con productos locales.
  • Mantener exención contributiva a cooperativas e integrarlas con el desarrollo económico y servicios.
  • Energía: Promoción de mecanismos de financiamiento privado o mixto para generación de energía renovable, viabilidad que más de un millón de clientes residenciales puedan hacer disponibles sus techos para producción de energía renovable, entre otros.

Salud:

  • Misión: proveer acceso a cubierta básica de salud a todos los ciudadanos de toda condición social, económica, geográfica o migratoria.
  • Gobierno retomará el riesgo en la prestación de servicios de salud.
  • Consolidar ASSMCA en el Departamento de Salud para eliminar intermediario en contratación de proveedores.
  • Uniformar tarifas de proveedores en la isla.

Educación: 

  • Proyecto comunidades escuela: escuelas como centros comunales. Integrar en escuelas servicios del gobierno. Dar prioridad a fomentar el bilingüismo, las artes y el deporte. Atención individualizada en Educación Especial.
  • Proyecto de escuelas autónomas: promover autonomía escolar (Ley 149); escuelas sostenibles que propendan al aprovechamiento y la retención; descentralización del DE (dar mayor autonomía a directores de escuelas).
  • UPR: crear la “dotación convertible” que busca mantener el subsidio al pago de matrícula de universitarios en la UPR con la disposición de que esto deberá ser devuelto en caso de que el estudiante quiera irse del país; UPR será principal contratista del gobierno para cualquier estudio técnico; alianzas con el sector privado para contratar universitarios a cambio de asignarles proyectos; atemperar oferta académica.

Seguridad: 

  • Asignar recursos para cumplir con planes de acción entre EEUU y PR. Fomentar iniciativas de Task Forces para casos de trasiego de armas, carjacking, drogas, robos domiciliarios.
  • Desarrollar sólida relación con las comunidades. Integrar policías a las comunidades áreas que precisen de mayor atención.
  • Reforzar herramientas de lucha contra el crimen como el “crime mapping” o el “shotspotter”.
  • Referéndum para que policías decidan si quieren acogerse al seguro social y ajustar el uniforme a la realidad climática.

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