28 de Noviembre de 2021

Programa del PPT: ¿Una lucha por la clase trabajadora o vendedores de sueños?

Por el 4 de Noviembre de 2016

Nota de la editora: Esta es la quinta entrega de una serie de reportajes que analizan las plataformas de gobierno de los candidatos a la gobernación en Puerto Rico y su implicación con la junta de control fiscal.

Si el profesor Rafael Bernabe resultara el próximo gobernador de Puerto Rico, lo primero que haría sería exigirle al Congreso de Estados Unidos la derogación de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

Su planteamiento se basa en que el pueblo eligió al candidato del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), quien ha expresado abiertamente su oposición a que sea la Junta de Supervisión y Manejo Fiscal el ente que dirija la renegociación de la deuda del país, estimada en $70,000 millones. Esta oposición es similar a la postura del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Si ganáramos las elecciones, ese sería el mejor mensaje al Congreso de Estados Unidos de que el país, al votar por el PPT, está rechazando la estructura creada por la Ley Promesa como el mecanismo adecuado para atender la crisis de Puerto Rico. Si el PPT ganara, sería una situación política totalmente distinta”, apuntó Bernabe en una entrevista telefónica con Caribbean Business.

Simultáneamente, el profesor impulsaría la aprobación de tres proyectos de ley iniciales. El primero nombraría una comisión “con amplia representación de Puerto Rico e internacional para completar la auditoría de la deuda como paso para la anulación de la deuda que sea ilegítima o ilegal”.

El segundo, establecería una política pública sobre las prioridades del gobierno en el proceso de reestructuración de la deuda, que el PPT ha adelantado proteger las pensiones y empleos públicos con todos sus beneficios, así como garantizar los servicios esenciales del país.

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El tercer proyecto de ley crearía un “organismo de planificación económica estratégica que tenga representación todos los sectores” que evalúe las políticas de desarrollo industrial de Puerto Rico y de exención contributiva, de manera que se ajusten a los planes del PPT de buscar crecimiento económico al tiempo que se distribuye esa riqueza equitativamente aumentando los beneficios laborales de los trabajadores.

Tal y como promueve su nombre, el PPT es la colectividad que promete mayores beneficios para la clase trabajadora del país, los cuales incluyen ajustar los salarios periódicamente a la tasa de inflación, un ajuste automático a las pensiones, un aumento escalonado al salario mínimo, establecer una licencia de paternidad de 30 días y reducir el horario a siete horas (35 horas semanales) sin que esto conlleve una merma en el salario, entre otros.

Para lograr crecimiento económico, el PPT rechaza la privatización e impulsa mayores controles gubernamentales al sector privado. Asimismo, favorece aumentar los impuestos a las grandes empresas por considerar que se llevan las riquezas fuera del país y reducir los impuestos a los que llama regresivos, como el impuesto sobre ventas y uso (IVU), porque afecta a las clases más pobres.

De igual forma, el PPT promueve garantizar los derechos a las comunidades LGBTT, las mujeres y velar por la población de edad avanzada -la de mayor crecimiento en el país- con propuestas como la creación de un sistema de pensiones universal que incluya a empleados públicos y privados que no están contemplados en los beneficios del Seguro Social.

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Los “sueños” del PPT podrían opacarse con la junta de control fiscal

A juicio del economista José Alameda, las propuestas del PPT de mayores beneficios a los trabajadores son positivas, pero más bien deben verse como “sueños” que “vende” un partido con pocas posibilidades de ser elegido.

Pese a que “la oferta” de mejores beneficios laborales “es magnífica”, el economista entiende que la economía actual limita su desarrollo, además de que los empresarios “típicamente se quejan de este tipo de cosas”, aunque se ha comprobado que un empleado bien remunerado puede ser más productivo.

“Dentro de la situación actual, va a ser bien difícil [aumentar los beneficios a los trabajadores] porque tienes un ente externo, que es la junta de control fiscal, que va a regular y controlar esas propuestas y que sean viables dentro del marco de Promesa. […] Puedes oponerte a cualquier cosa y puedes utilizar el principio de la autoridad, pero en términos políticos, tenemos que reconocer que Puerto Rico es un territorio americano y que esa facultad está dentro del marco del Congreso de Estados Unidos”, dijo Alameda a Caribbean Business.

Para el analista político Ramón Rosario, estos mayores beneficios laborales “van en contra de lo que queremos, que los pequeños y medianos comerciantes y otros creen empleos y comencemos a crecer. La gente siempre habla de Singapur, pero olvidan que sus leyes ponen pocas cargas legales a los patronos”.

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Pero Bernabe explicó que estos beneficios llegarían cuando se dé el crecimiento económico que impulsan, de la mano de la renegociación de la deuda.

“Si solamente tratamos de mejorar las condiciones de los trabajadores va a haber un problema si no tenemos crecimiento económico, de igual forma si velamos por el crecimiento económico y no velamos por los derechos de los trabajadores, ese crecimiento se va a distribuir de manera muy desigual. Queremos distribuir ambos aspectos”, acotó.

Sobre el reconocimiento del derecho de huelga a todos los trabajadores, Rosario, quien fuera asesor legal del exgobernador Luis Fortuño, indicó que podría generar un “desastre” en agencias como la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Educación o Salud, si se paralizaran sin ofrecer servicios al pueblo.

Sobre el particular, el candidato del PPT dijo confiar en el sentido común de los trabajadores, que “son gente responsable y no van a utilizar el derecho a huelga de manera que vayan a poner en peligro la vida de las personas”. De hecho, señaló que en los hospitales privados actualmente se reconoce el derecho a la huelga y, cuando ha ocurrido esta paralización, los trabajadores han podido atender las situaciones de emergencia simultáneamente.

De otro lado, Rosario señaló que la plataforma del PPT no contempla que la eliminación de privilegios a las grandes empresas y el aumento de sus impuestos podría provocar la salida de estas compañías, que actualmente generan cientos de empleos en el país.

Ante esto, Bernabe alegó que las grandes empresas “ya se están yendo”, pese a la exención contributiva. “Tenemos una política de exención contributiva que no está creando empleos y a la misma vez permite que se vayan del país una cantidad gigantesca de ganancias”, sostuvo.

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Para impulsar el crecimiento económico, el PPT propone desarrollar cooperativas en distintas áreas y aumentar la agricultura, algo que el economista Alameda consideró que necesitará de grandes incentivos gubernamentales.

“La mayoría de la agricultura en el mundo es altamente subsidiada por los costos de producción y porque requiere que mantengas la producción bajo ciertos reglamentos”, indicó Alameda, quien considera que la producción local tendrá dos limitaciones: podría ser mas costosa que la del exterior y los límites de la relación con Estados Unidos, que impiden proteger el mercado local sobre el de otros estados.

Mientras, Rosario consideró que Puerto Rico no necesariamente es competitivo en el sector agrícola, por lo que también sugirió hacer un balance entre “proteger nuestros recursos y no limitar la generación de actividad económica”.

Sobre el tema, Bernabe afirmó que “tenemos una perspectiva distinta” que propone redistribuir los incentivos que actualmente se ofrecen a empresas como Monsanto para el desarrollo de semillas genéticamente modificadas para proyectos agroecológicos, como sería impulsar la creación de 25,000 fincas de este tipo alrededor de la isla.

El profesor alegó que esta propuesta ha sido elaborada por jóvenes que actualmente mantienen fincas agroecológicas en el país, por lo que buscarán promover este tipo de iniciativas para garantizar que la isla logre la autosuficiencia alimentaria.

¿De dónde saldrá el dinero?

De otro lado, Alameda vio con buenos ojos la propuesta de un sistema universal de salud, pero consideró que el problema con estas medidas, así como para una reforma educativa, es que no se dice de dónde saldría el dinero ni cómo será el proceso de transición al nuevo sistema.

Sin embargo, Bernabe sostuvo que el nuevo sistema con un pagador único se pagaría con el dinero que se le da actualmente a las aseguradoras, además de que se proveerá para que “todo el mundo contribuya según su ingreso”.

Sobre la paridad en fondos del Medicare y Medicaid que promueve el PPT, Rosario afirmó que “cuando no se respalda la estadidad, lleva consigo un cuestionamiento básico: ningún Congreso dará paridad de fondos federales a un territorio que no tiene las responsabilidades y beneficios de los ciudadanos de los estados”. De esta forma, criticó también la falta de definición del PPT en términos de estatus, a pesar de que promueven resolver la situación colonial mediante el mecanismo de Asamblea Constitucional de Estatus.

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Pero Bernabe insistió en que el PPT considera que la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos “es inaceptable”, pero “no defendemos un estatus” porque integran personas de distintas ideologías que se han puesto de acuerdo en que la Asamblea de Estatus, como la promueve el Colegio de Abogados, es el mejor método para resolver el asunto.

Rosario criticó también que el PPT promueva una transición a fuentes de energía renovable, pero sin inversión privada, en momentos en que el gobierno no tiene dinero para hacer estos cambios por la falta de acceso a los mercados.

Sin embargo, vio con buenos ojos que el PPT busque la consolidación de servicios y agencias, medida que tiene adeptos en todos los partidos, y que se promueva reducir la cantidad del fondo electoral, ya que “es una medida sensible a la realidad fiscal”.

Resumen del programa de gobierno del PPT:

Reforma gubernamental: 

  • Prioridad a una auditoría de la deuda con el propósito de determinar qué parte es inconstitucional y encausar a los responsables. Suspenderán pagos de la deuda hasta que se complete la auditoría y se inicie la negociación.
  • Advertir al Congreso sobre desprotección legal de Puerto Rico ante demandas de acreedores para el cobro de la deuda, pedir protección hasta tanto se ardite y renegocie.
  • Reforma contributiva: que elimine privilegios a grandes empresas, que revise leyes actuales de exención contributiva. Favorecen sistema progresivo: reducir impuestos regresivos, como el IVU, que recaen con mayor fuerza sobre los pobres. Impuesto especial a las grandes cadenas. Revisar contribución a propiedad inmueble. Dotar a Hacienda de recursos para erradicar evasión y cobrar deudas pendientes.
  • Favorecen explorar posible consolidación de agencias, con representación laboral y ciudadana, para mejorar eficiencia y manteniendo empleos.
  • Defensa de asalariados: ajustar salarios periódicamente a tasa de inflación, ajuste automático a pensiones, implantar aumento escalonado del salario mínimo, asegurar salario mínimo incluso en restaurantes, horas extras que sea pago doble, garantizar licencia de vacaciones de 20 días mínimo y de 15 días de enfermedad, enmendar ley de despido para reposición de empleo en caso de despido injustificado, establecer licencia de paternidad de 30 días, entre otras. Además, reducir horario a 7 horas (35 semanales) sin reducción de salario, impulsar que personas con empleo parcial tengan beneficios como plan médico.
  • Retiro: favorecen creación de un sistema universal de retiro para todos los empleados del sector público y privado a quienes no cumplen con requisitos del seguro social.
  • Enmiendas a la Ley Electoral: que quede inscrito todo partido que reciba 2% de los votos a gobernador en las elecciones generales; De igual forma deben quedar inscritos los partidos que logren elegir candidatos al Senado o la Cámara de Representantes. Los candidatos independientes que resulten electos no tendrán que recoger endosos para participar en las siguientes elecciones. Proponemos que se reduzca el fondo electoral de $400,000 a $200,000 en año no electoral y de $600,000 a $400,000 en año electoral.
  • Legislatura: impulsar unicameralidad y reducir salario de legisladores. Transformar la legislatura en una más representativa y democrática (aumentar representación femenina). Eliminar beneficios adicionales al salario. Tendrán que rendir cuentas cada seis meses sobre labor realizada.

Desarrollo económico:

  • Desarrollo del cooperativismo como medio de capitalización en producción, vivienda, comerciales, agricultura, etc.
  • Promover intercambios comerciales de todo tipo en la cuenca del Caribe y América Latina
  • Agricultura: rehabilitar la agricultura con el modelo ecológico. Promueven la soberanía alimentaria y la mayor producción de alimentos localmente, para al menos lograr completar canasta básica tropical. Oposición a uso irresponsable o urbanización de terrenos cultivables. Promover defensa de reservas agrícolas. Impulsar plan para establecer 24 mil fincas agro ecológicas con un promedio de 25 cuerdas cada una (600 mil en total). Cooperativas como pilar de desarrollo agrícola. Promover compra de productos agrícolas desde el gobierno. Impulsar exportación, sobre todo de café, cacao y jengibre. Elaborar plan de industrias que usen cultivos del país para sus productos. Fomentar industria pesquera y proteger villas pesqueras.
  • Energía: combinar la gestión pública, de un sistema descentralizado basado en la energía renovable. Transformar la AEE. El PPT prefiere un proyecto de transición a la energía solar al igual que a la energía eólica y undimotriz (usando las olas del mar) y micro-hidroeléctrica, donde sean factibles.
  • Turismo: impulsar proyecto turístico integrado que ofrezca experiencias diversas, utilizando el atractivo de todas las regiones.

Educación: 

  • Crear comisiones de reforma educativa y reforma universitaria para garantizar educación pública de calidad (en ambos niveles), eliminar política partidista como criterio en decisiones, desmantelar la burocracia en el DE, dar participación ciudadana en proceso de decisiones, garantizar principio de mérito, reconocer derecho a negociación colectiva a todo el personal del DE y la UPR, enmendando la Ley 45 de Sindicalización.
  • Salario básico de $3,000 mensales para maestros.
  • Garantizar comité de organización escolar para canalizar participación de la comunidad escolar.
  • Reforma educativa: reducir cantidad de estudiantes por grupo, reducir deserción escolar, ampliar ofrecimientos académicos, integrar agricultura, artes, cooperativismo, teatro, música, ecología, energía renovable, derechos democráticos y educación con perspectiva de género en escuelas.
  • Favorecer disciplina preventiva, no punitiva.
  • Integrar estudiantes trans a escuelas y permitirles uso de baños y uniformes según su identidad. Cumplir con carta circular 10-2015-16 sobre bullying por orientación sexual e identidad de género.
  • Currículo: incluir cursos de finanzas personales, sindicalismo, cooperativismo, economía solidaria y agricultura, protección ambiental. Implementar equidad de género y erradicar rechazo contra estudiantes LGBTTI. Garantizar cursos de bellas artes y salud de k-12. Promover educación física.

Salud: 

  • Promueven sistema de salud universal y equitativo con una visión integral, eliminando la reforma de salud y Mi salud.
  • Implantar pagador único en el que empresas e individuos (según su ingreso) aporten a un fondo público y no a aseguradoras privadas; todos tendrán acceso, sin importar ingresos; el proveedor recibe el pago del seguro único. Esto permitirá reducir costos de múltiples aseguradoras.
  • Lograr paridad de fondos de Medicare y Medicaid.
  • El PPT adoptará medidas que apoyen el parto humanizado, la lactancia y la crianza con apego.
  • El PPT se compromete a promover programas gratuitos que atiendan la salud de las mujeres, incluyendo la prevención.
  • Adecuar el ofrecimiento de servicios de salud para que reconozca las particularidades de la comunidad LHBBTQ y sus necesidades de servicio y de acceso a la información en el caso de parejas del mismo sexo que no tienen hasta ahora reconocimiento legal.
  • Prohibir terapias repartidas y atender necesidades de salud mental para jóvenes LGBTTI.
  • Proteger, respetar y promover tratamiento para personas con VIH y SIDA.
  • No discriminación para recibir servicios.

Seguridad: 

  • Promoveremos el adiestramiento de la Policía y otros agentes del orden público, así como funcionarios de gobierno sobre las necesidades particulares de las y los adultos mayores.
  • Promoveremos la formulación de una definición uniforme de abuso, maltrato y negligencia hacia adultos mayores, que sirva de apoyo para futura legislación y políticas públicas.

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