22 de Noviembre de 2019

Proponen a Grijalva mayor transparencia de la junta fiscal y que cambien las políticas de austeridad fallidas

Por el 31 de Octubre de 2019

La organización Espacios Abiertos (EA) solicitó al presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso, Raúl M. Grijalva, que si no se elimina la junta de control fiscal, debe imponérsele reglamentación de transparencia sobre sus ejecutorias y la de sus contratistas, un código de ética más firme y que se cambie la ruta de las políticas fiscales fallidas que ha implantado el organismo.

El analista sénior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, expresó en una carta enviada a Grijalva en ocasión de las vistas sobre enmiendas a la Ley Promesa que se celebraron el miércoles, que las medidas de reestructuración de la deuda deben responder a los criterios de sostenibilidad un análisis de sostenibilidad de deuda realizado por expertos académicos independientes y debe apoyar la realización de una auditoría ciudadana de la deuda realizada por especialistas sin conflicto de interés.

“Sin entrar a debatir sobre los atropellos democráticos que significan la imposición de la Ley Promesa y el tener una Junta de Supervisión Fiscal no electa que el pueblo de Puerto Rico paga de sus bolsillos, se puede concluir, después de estos más de tres años, que las estrategias y políticas impuestas por la propia Junta producto de la ley que la crea, no atienden las causas reales de los problemas de la isla. La situación de déficit democrático y crisis fiscal que se debía resolver no se soluciona ni con mayor represión institucional ni con recetas de austeridad fiscal que el consenso económico internacional ha descartado”, indicó el economista.

“En su lugar, está abonando a que la mayoría de la población vea sus condiciones de vida mucho más deterioradas. La puesta en marcha de un mecanismo que se suponía debía proveer de un marco jurídico que permitiera, entre otras cosas, una reestructuración ordenada del pago de una deuda pública insostenible, no ha otorgado a la ciudadanía mejores medios y herramientas ante la crisis”, añadió.

Santamaría Ots declaró que el Congreso debería hacer una reflexión profunda del por qué la junta de control fiscal sigue implantado medidas de austeridad económica que han demostrado ser un experimento fracasado en la historia económica reciente.

Asimismo, dijo que, como ejemplo de su falta de transparencia del ente rector y sus repercusiones, recientemente el organismo filtró a la prensa un documento interno —y aunque difundido a determinados grupos de bonistas y en medios especializados como el Electronic Municipal Market Access System (EMMA), de difícil acceso para la ciudadanía, a fecha de hoy sigue sin aparecer en la página de Internet de la propia junta de control fiscal—en el que reconocen políticas fallidas, como el nulo efecto de sus propuestas reformas estructurales y la sobreestimación de la ayuda federal posdesastre de los huracanes Irma y María que proyectaron en $69 mil millones y que podría ser recortada hasta los $39 mil millones. Ello pese a que estudios de economistas expertos en reestructuración de deuda advirtieron del optimismo desmesurado de las proyecciones realizadas. Pero, la falta de acceso a los documentos precisos de la Junta impidió dilucidar tales sobreestimaciones.

“Los supuestos produjeron unas proyecciones de crecimiento fallidas y ahora, justo cuando se pretende cerrar la reestructuración de los bonos de obligación general con proyecciones obsoletas que obligará a pagos de deuda posiblemente insostenibles para los próximos más de 40 años, nos indican que tales proyecciones de crecimiento empeoran”, sostuvo el analista.

Recalcó que es necesario saber en detalle a qué se debe este cambio tan repentino en las proyecciones y si, como consecuencia, se requeriría la revisión de reestructuraciones ya aprobadas –como en el caso de COFINA– y que pronunciamientos de expertos en la materia ya anticiparon como demasiado generosas con los bonistas.

“De materializarse tales proyecciones de crecimiento a la baja, los recaudos también disminuirían, y si se reducen los recaudos, la sostenibilidad del pago de la deuda se vería otra vez en peligro. En pocos años, estaríamos enfrentando un segundo proceso de quiebra y posiblemente otro costoso proceso de reestructuración a expensas de las políticas de inversión públicas que hoy Puerto Rico tanto necesita. En economía, el consenso entre expertos no siempre es posible. En el caso de Puerto Rico, existe y entre economistas de distinto espectro ideológico: Puerto Rico necesita un recorte sustancial de su deuda”, señaló Santamaría Ots.

Puntualizó que la junta de control fiscal no ha tomado en consideración que los resultados del estudio “Análisis del alivio de deuda necesario para restaurar la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico”, dirigido por el investigador asociado de la Universidad de Columbia, Martín Guzman, y con la coautoría con el economista Pablo Gluzmann y el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz. En ese estudio se concluyó que para que el pago de la deuda de $72.2 mil millones sea sostenible, debe reducirse en al menos un 80 por ciento.

Falta de transparencia de la junta fiscal

El portavoz señaló al congresista que la junta de control fiscal se ha dado a conocer por una persistente falta de transparencia. Por ejemplo, la falta de divulgación sobre los intereses financieros completos de algunos miembros del ente rector y empleados, según dispone la misma ley que la creó, generó suspicacia en apenas meses de haber sido nombrada. Añadió que otra dimensión de la falta de transparencia es el limitado acceso a toda la documentación que el organismo produce, gestiona, supervisa, delega y que o bien constituye – o debería constituir – información pública.

“La injerencia de la Junta ha añadido más vulnerabilidad a los procesos de diseño de políticas públicas y de la toma de decisiones relacionadas a estos. Puerto Rico todavía carece de una ley de transparencia que permita a la ciudadanía, por un lado, conocer a fondo los detalles y los pretextos de estas políticas públicas y, por otro, que le permita defenderse de los posibles atropellos y abusos institucionales. No obstante, Puerto Rico sí cuenta con jurisprudencia de su Tribunal Supremo que garantiza el acceso a todo documento público producido por el gobierno electo pero no por la Junta”, indicó el analista.

Precisó que esa vulnerabilidad se vuelve a constatar en las leyes de Transparencia y de Datos abiertos de reciente creación que comienza a poner más obstáculos al acceso de documentación pública y contra la cual los tres principales gremios periodísticos y Espacios Abiertos se han opuesto.

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