20 de Septiembre de 2019

Proponen clasificar a peritos del Instituto de Ciencias Forenses como empleados de alto riesgo

Por el 8 de Febrero de 2017

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Meléndez Ortiz, presentó una medida para incluir a los “patólogos, personal pericial y técnicos del Instituto de Ciencias Forenses” (ICF) bajo la categoría de Servidores Públicos de Alto Riesgo dentro de la ley orgánica del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Durante la vista pública para evaluar el Proyecto de la Cámara 492, atendido por la Comisión de Sistema de Retiro y Asuntos del Veterano, se indicó que la medida tendría el efecto de permitirle a este personal retirarse a los 55 años, luego de 30 años de servicio. Actualmente, la edad de retiro para estos empleados es de 67 años.

La vista contó con la presencia de los representantes novoprogresistas Luis Pérez Ortiz —quien presidió la vista— y Maricarmen Mas Rodríguez, así como el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Natal Albelo. Como deponentes se sentaron la licenciada Natalia Palmer Cancel, directora interina de la Administración de Sistemas de Retiro (ASR); y Víctor Dekony, representante del ICF.

(Suministrada)

(Suministrada)

Dekony apoyó la medida y pidió una enmienda para darle más especificidad a los términos para identificar el personal, con el fin de evitar confusiones y asegurar que todos los peritos estarían cubiertos bajo esta enmienda. Además, hizo énfasis en que entiende que los peritos del ICF deben ser clasificados como unos de alto riesgo, ya que su trabajo requiere adentrarse en situaciones peligrosas, como podría ser recopilar la evidencia en la escena de un crimen.

Igualmente, Dekony argumentó que la medida podría ayudar a reducir la fuga de talento que sufre el instituto, pues podría ser vista como un incentivo. “Nosotros tenemos una situación en el Instituto de Ciencias Forenses en términos del personal técnico y pericial, y es que tenemos una fuga de talentos debido a que los beneficios no son los más recomendables. Los beneficios marginales no son los mejores. En otras jurisdicciones y en la empresa privada tienen mejores beneficios”, planteó.

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Contrario a las expresiones de apoyo del Instituto, la directora del Sistema de Retiro indicó que no apoya el proyecto al entender que falta información financiera necesaria sobre los efectos fiscales. Según la ponencia de Palmer Cancel, la aprobación del P.C. 492 “causará un disloque” entre el pago de beneficios y el dinero que recibe la ASR al representar una carga no provista cuando se enmendaron los sistemas de retiro.

En el mismo tema del impacto fiscal, el representante Pérez Ortiz aseveró que “los Sistemas de Retiros en Puerto Rico se encuentran en una situación de urgencia”.

A la pregunta de Pérez Ortiz sobre a cuánto ascendería el impacto fiscal de la medida, Palmer Cancel apuntó que hace falta un estudio actuarial para precisarlo. Asimismo, la licenciada indicó que el paso a seguir después del estudio actuarial sería presentarle los números a la junta de control fiscal para certificación.

Durante la vista, Pérez Ortiz y Natal Albelo solicitaron información adicional para poder evaluar el proyecto. “Yo favorezco este tipo de medidas que le haga justicia a los trabajadores. Obviamente, queremos ser responsables”, sentenció Natal Albelo.

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Por otro lado, Palmer Cancel se remitió a la definición del diccionario de la Real Academia Española (RAE) que da de los términos de patólogo, perito, y técnico para argumentar que son empleados que cumplen una labor con riesgo “limitado”. Sin embargo, Dekony tomó un turno para aseverar que las definiciones de la RAE son demasiado generales y habría que tomar en cuenta las diferentes labores que hacen.

En la misma línea, Natal Albelo presentó la posibilidad de que la Asamblea Legislativa trabaje una definición de Servidor Público de Alto Riesgo ya que actualmente no hay una definición en ley, lo que ayudaría a que futuros análisis sean más objetivos.

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