15 de Septiembre de 2019

Propuesta federal podría afectar al consumidor

Por el 7 de Julio de 2017

La Asociación de Bancos de Puerto Rico se unió a otras 52 asociaciones estatales de bancos para apoyar el llamado “Financial Choice Act”, medida que se encuentra en el Senado federal y que derogaría la mayoría de las regulaciones impuestas a los bancos después de la crisis hipotecaria de 2008, muchas de las cuales también protegen a los consumidores.

“La Asociación de Bancos de Puerto Rico se une a los esfuerzos en el Congreso y en el Departamento del Tesoro para desregular la banca exigiendo el beneficio al consumidor por lo que somos parte de las acciones y de cartas en conjunto que se han enviado a congresistas, así como a líderes de la mayoría y de la minoría, en el proceso de cabildeo para estos asuntos”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la organización, Zoimé Álvarez Rubio, en declaraciones escritas a CB en Español.

(iStock)

El proyecto de ley es promocionado por sus autores como uno que haría a Washington y a Wall Street responsables por sus actos, pero en realidad deroga muchas de las regulaciones de la Ley Dodd-Frank que se hicieron para evitar una crisis financiera similar a la del 2008, según reza la medida.

El Título VII de la medida reestructuraría la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés) moviéndola fuera del Sistema de la Reserva Federal y permitiendo que su director sea removido por el presidente de Estados Unidos. El CFPB es la agencia donde los consumidores presentan quejas para corregir errores en sus informes de crédito o para obtener información sobre las querellas contra los bancos.

Además, convierte a la CFPB en una agencia fiscalizadora pero sin poder para llevar acciones contra los bancos o las instituciones depositarias aseguradas por prácticas engañosas contra sus clientes. La nueva entidad tampoco tendría autoridad para reglamentar los planes de compensación de beneficios de los empleados, ni a las personas reguladas por la Comisión de Bolsa de Valores, ni podría actuar contra bancos que traten engañar al público.  La propuesta ley también eliminaría la denominada enmienda Durbin que impone límites a las tarifas que cobran las entidades financieras por el uso de tarjetas de crédito y débito, lo que podría significar aumentos por este concepto para los consumidores.

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La sección 546 del proyecto requiere que las agencias reguladoras federales basen sus acciones regulatorias en el perfil de riesgo y modelo de negocio de cada tipo de institución o clase de institución financiera sujeta a la acción reguladora.

La medida derogaría la llamada Regla Volcker, que prohíbe a los bancos invertir o negociar en fondos de cobertura, y elimina la regla fiduciaria del Departamento de Trabajo que requiere que los asesores de inversiones de fondos de retiro actúen en el mejor interés de los clientes.

Los bancos que apoyan la iniciativa señalaron mediante carta al Congreso que, si bien ninguna pieza legislativa es perfecta, hay áreas con las que están de acuerdo. “Refinar la liquidez y los requerimientos de capital ayudará a los bancos a servir mejor a sus clientes y comunidades, y alentaría a los bancos a mantener bonos municipales y a aceptar depósitos municipales, puede ayudar a reconstruir nuestra infraestructura “, indica la carta al Congreso.

Legislar en tiempos de Promesa

Dimas Rodríguez, presidente entrante de la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico, dijo que la legislación permitiría a los bancos tomar más riesgos, algo que ayudará a los consumidores. Aseguró que la medida no ocasionará que los bancos vuelvan a las prácticas que ocasionaron la debacle financiera de 2008.

Rodríguez dijo que el proyecto de ley permitirá a los bancos ofrecer más productos a los consumidores y facilitar préstamos.  “No vamos a tener la camisa de fuerza que tenemos ahora”, dijo.

Aurelio Alemán, presidente y director ejecutivo de FirstBank, señaló por su parte, que el proyecto no desregula a los bancos sino que hace ajustes que, en última instancia, aumentarán la disponibilidad de crédito a los consumidores. Dijo que en el caso de FirstBank, las regulaciones implican un costo de entre el 5% al 7% de sus operaciones.

En ese sentido, Alemán acogió con beneplácito la idea de permitir a los bancos hacer inversiones porque aumentaría el capital, lo que permitiría mejorar ofertas de préstamos, especialmente a las pequeñas empresas que necesitan realizar mejoras o expansiones. Los consumidores todavía tendrán que demostrar capacidad de reembolsar los préstamos.

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