Protge: Uber no quiere pagar cargos a Aerostar

“Es imposible que Aerostar vaya a permitirles que entren gratis”, aseguró el líder de Protge, José Poupal. (CB)

A más de un mes desde que la Comisión de Servicio Público (CSP) aprobara su nuevo reglamento que equipara las condiciones de los taxistas con choferes adscritos a empresas de red de transporte (ERT), las negociaciones entre Uber y la empresa administradora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín pudieran estar detenidas.

De acuerdo al presidente de la Puerto Rico Operadores, Turísticos, Guías y Excursionistas (Protge), José Poupal, la ficha de tranque consiste en que Uber busca ser eximida del pago del “fee” de $1.00 que actualmente los taxistas turísticos, excursionistas y operadores de limusinas pagan cada vez que entran al principal aeropuerto de Puerto Rico.

“Hay un tranque porque Uber no quiere pagar. Uber quiere entrar al área del aeropuerto sin hacer ningún tipo de pago porque ellos indicaron que dondequiera que entran no hacen ningún pago. Si la campaña originalmente era que había igualdad, yo entiendo que todos debemos pagar. Es imposible que Aerostar vaya a permitirles que entren gratis”, aseguró Poupal quien alega que posee información fidedigna sobre el particular.

De acuerdo al líder de Protge, el “fee” que se le descuenta “automáticamente” a los transportistas cuando entran por la caseta donde se estacionan para hacer sus turnos, representa una aportación de sobre $500,000 dólares anuales en favor de Aerostar, quien depende de este ingreso para sufragar la remuneración de su fuerza laboral. En el caso de las limusinas y excursiones, estos poseen una cuenta para que se le debite el “fee” mensualmente.

“La única razón por la cual una negociación no se ha llevado a cabo es porque definitivamente no han llegado a un acuerdo en el costo por acceso. Tenemos que partir de la premisa de que nosotros (taxistas turísticos, excursionistas y operadores de limusinas) prácticamente pagamos gran parte de la nómina de los empleados de Aerostar”, agregó Poupal quien ha sido muy vocal en reclamar un trato igual para su matrícula y ya se encuentra en conversaciones con abogados para acudir a los tribunales e impugnar algunas disposiciones de ley.

Para poder operar como transportista en Puerto Rico, el conductor debe realizar un pago arancelario de $50.00. En el caso de los excursionistas y limusinas de lujo, la CSP exige cada tres años un pago de $250.00 por cada unidad cada 3 años, lo que Poupal considera discriminatorio y exagerado, al comparar con los $50.00 que paga tanto el chofer de taxi como el conductor de Uber. La empresa ERT matriz paga $5,000, de acuerdo a las regulaciones de la CSP.

Poupal alega además que todos los días inspectores de la CSP intervienen con los vehículos de transporte bajo su jurisdicción, excepto los de Uber, pues se les dificulta identificarlos por no estar rotulados ni identificados, contrario a lo que ordena la ley.

“Hoy a esta hora no hay ningún conductor de Uber registrado y la ley 75 que creó la nueva Comisión de Servicio Público establecía que al 1 de enero de 2018 todos los conductores tenían que estar registrados y cumpliendo con la ley”, expuso Poupal en referencia al artículo 74(e) de la Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público, que mandata a que todo conductor de ERT someta su información en un plataforma digital para recibir un permiso temporero de la CSP y formar parte de su archivo electrónico.

¿Discrimina la CSP a favor de las ERTs?

A preguntas de CB en Español, el presidente de la CSP, Luis García Fraga, descartó la existencia de trato desigual para favorecer las ERTs sobre el resto de los vehículos para el transporte de pasajeros.

“La realidad es que el Código de Reglamentos le pone el mismo arancel a los taxistas que a los conductores de Uber. Esto es un mensaje que ha llevado José Poupal y otros taxistas a los medios de que hay una diferencia de aranceles, pero la realidad es que él confunde lo que es limusina turística de lo que es un taxi. A la limusina turística sí se les cobra $250.00 porque estas dan otros servicio que no es meramente el de taxi, además de se les permite tener unidades de mayor cabida que se les prohíben a los taxistas y que están bajo las regulaciones del programa federal que nosotros tenemos en la Comisión de Servicio Público”, sostuvo el directivo.

Sobre el aparente incumplimiento de la ley 75, García Fraga justificó la inexistencia de expedientes de los conductores de Uber con la eventual implantación del archivo digital. Se espera que al cierre de este escrito, la CSP anuncie el ganador de la buena pro para desarrollar el sistema de servicio por internet que permitirá procesar todas las transacciones que se realizan en la CSP. Un total de cuatro empresas sometieron sus propuestas para evaluación.

“Estamos en proceso de adjudicar un RFP que nos va a dar la herramienta para hacer todos los trámites de la Comisión de Servicio Público a través del internet más “user friendly” de una manera más segura y transparente para todos los peticionarios y concesionarios de la Comisión. Tan pronto se firme el contrato, los primeros que se van a entrar en el sistema serán los conductores de Uber para tenerlos registrados como ordena la ley pero a través de la plataforma digital y no a través de expedientes”, concluyó García Fraga.