21 de Marzo de 2019

Proveedores del gobierno podrían quedarse sin cobrar

Por el 23 de Mayo de 2017

Cerca de 180 proveedores de utilidades podrían ser obligados a continuar ofreciendo servicios al gobierno sin poder cobrar si la juez federal Laura Taylor Swain emite una orden a esos efectos.

Luego de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) radicara el 16 de mayo una solicitud para impedir que los proveedores de utilidades -en su mayoría suplidores de servicios de telefonía, telecomunicaciones e Internet a las agencias- descontinúen sus servicios al gobierno, el lunes radicó otra moción en donde se compromete a darles a los contratistas un rango prioritario en sus pagos “post-petition” o luego del proceso de quiebra.

El abogado de casos de quiebra, Rolando Emmanuelli, dijo que de aprobarse la solicitud del gobierno sería “desastroso” para estos proveedores porque no podrían cobrar por sus servicios posiblemente en dos o tres años.

En la solicitud radicada por la Aafaf, el gobierno dice que como garantía adecuada del pago futuro a los proveedores de servicios de utilidades, proveerá un rango de prioridad a sus pagos. No obstante, también establece que los proveedores deben entender que este rango de prioridad es aplicable solo a casos de Capítulo 11 y no a casos de Título III de Promesa.

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Si un proveedor de servicios no está satisfecho con la garantía de pago futuro ofrecida por el gobierno,  el proveedor debe presentar una solicitud por escrito estableciendo el saldo pendiente de cada cuenta, un resumen del historial de pagos del gobierno a cada cuenta, un resumen de los pagos de depósitos proporcionados por el gobierno a dicho proveedor y una explicación de por qué el aseguramiento del pago provisto por el gobierno es una garantía inadecuada.

El proveedor debe someter su documentación a la junta de control fiscal y a Aafaf. El gobierno, a su discreción, podría establecer garantías adicionales de pago para tratar de llegar a un acuerdo. Si el proveedor continúa insatisfecho con la propuesta garantía de pago futuro, entonces le tocaría a la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside las solicitudes de quiebra del gobierno, hacer una determinación sobre el asunto.

No obstante, Emmanuelli sostiene que el problema no es solo que los contratistas no saben cuándo se les pagará sino que tampoco bajo qué contratos podrán continuar ofreciendo sus servicios al gobierno. Con la solicitud de quiebra bajo el Título III de Promesa hecha por el gobierno, las reclamaciones por falta de pago se suspenden.

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