23 de Julio de 2019

Proyecto de la Cámara 938 anularía el derecho a la negociación colectiva

Por el 25 de Abril de 2017

Los recortes que el Proyecto de la Cámara 938 propone a las vacaciones y días de enfermedad de los empleados públicos, sus bonos de Navidad, la aportación patronal a su plan médico y hasta la eliminación del pago de horas extra representan la anulación del derecho a la negociación colectiva y el empobrecimiento de la clase trabajadora del país. Esto, a su vez, redundaría en daños a la maltrecha economía.

Así lo dejaron saber un grupo de líderes sindicales y magisteriales en la segunda vista pública del proyecto, la cual fue forzada por los sindicatos al iniciar una serie de manifestaciones contra la medida el lunes.

Irene Maymi indicó que el proyecto prácticamente anula el derecho a la negociación colectiva y recomendó un alza al impuesto a las empresas foráneas. (Jaime Rivera/CB)

Irene Maymí indicó que el proyecto prácticamente anula el derecho a la negociación colectiva y recomendó un alza al impuesto a las empresas foráneas. (Jaime Rivera/CB)

“El P. de la C. 938 resulta ser un ataque frontal y despiadado al derecho que tenemos los trabajadores de negociar nuestros salarios y condiciones de trabajo… El proyecto pretende anular los convenios colectivos que tanto esfuerzo y sacrificio le han costado a la clase obrera”, expresó el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maymí, durante la vista, que se extendió por más de cinco horas.

Irene Maymí afirmó que los trabajadores “no somos responsables de la crisis fiscal” y sostuvo que ya han aportado al no recibir alzas salariales por varios años ni negociar los convenios colectivos desde 2013. Su crítica mayor fue contra los recortes a la aportación al plan médico, lo cual pondría en entredicho la salud de los trabajadores, ante lo cual recomendó un alza en el impuesto a las empresas extranjeras (Ley 154) de 4% a 10% para allegar los fondos que requiere el plan fiscal.

Ante esto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dejó la puerta abierta a acatar esa recomendación, aunque les insistió a los líderes sindicales que presenten y envíen alternativas concretas para evitar los recortes a los empleados públicos y a limitar las quejas.

Por su parte, la presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), Annette González, planteó que la medida no solo empobrece a los trabajadores, sino que “desmotiva” el servicio público en Puerto Rico.

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Mientras tanto, el presidente del Programa Solidaridad Utier (Prosol Utier) en la Autoridad de Carreteras, Juan Jacob Greenway, consideró que la medida tiene el efecto de “dividir” para vencer, ya que contrapone los beneficios de los empleados públicos en las agencias versus los de las corporaciones.

Además, cuestionó las cifras incluidas en la medida, ya que los beneficios en las corporaciones públicas negociados por los unionados también son otorgados a los empleados de confianza y gerenciales.

En el segundo panel de deponentes, el líder magisterial Emilio Nieves, en representación del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (integrada por tres uniones del magisterio), consideró que la medida es un “such is life” a los trabajadores públicos, por lo que debería ser retirada. También pidió auditar la deuda y un alza en los impuestos a las empresas foráneas.

Por último, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, manifestó que, tras una reunión con el gobernador, espera que se consideren los acuerdos a los que llegaron de excluir al personal docente que no realiza labores administrativas ni gerenciales de varios aspectos que toca esta ley, como la reducción de la licencia de vacaciones.

Los presidentes legislativos y los presidentes de las Comisiones de Hacienda en Cámara y Senado tendrán el miércoles una reunión para acordar las enmiendas que podrían incluir al proyecto, el cual no se descarta que sea aprobado mañana mismo por la Cámara en sesión.

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