27 de Septiembre de 2022

Puerto Rico no pagará los GOs

Por el 1 de Julio de 2016

De los $2,000 millones en pagos de deuda que vencen hoy, 1 de julio, Puerto Rico no pagará $911 millones, indicó el Gobernador Alejandro García Padilla. Esto incluye los $780 millones en obligaciones generales (GOs por sus siglas en inglés), la primera vez que la isla entra en un impago sobre deuda garantizada por su constitución.

la administración no utilzará los fondos conocidos como clawbacks para pagar sus obligaciones generales. (Joe Raedle / Getty Images)

la administración no utilzará los fondos conocidos como clawbacks para pagar sus obligaciones generales. (Joe Raedle / Getty Images)

Las aseguradoras de bonos municipales cubren algunos de los pagos que no se realizarán, lo que significa que dichas compañías tendrán que pagar cualquier incumplimiento de deuda que ellos aseguren.

“Cuando entré como gobernador, Puerto Rico era una colonia de Wall Street,” dijo García Padilla, durante una conferencia de prensa llevaba a cabo viernes en La Fortaleza, acompañado por su equipo fiscal.

“Hoy no debe existir duda de que elejí proteger a la gente de Puerto Rico, y que hemos estado diciendo la verdad”, indicó el gobernador, añadiendo que los estados auditados publicados en la madrugada del viernes confirman la grave situación fiscal del país.

En cuanto al resto de los pagos que vencen el viernes —o alrededor de $1,000 millones correspondientes a varias entidades públicas— el gobierno cumplirá con la gran mayoría de estos pagos, aunque muchas de estas entidades utilizarán las reservas de servicio de deuda para ello.

Las autoridades fiscales de la isla dijeron temprano en el día que “más de $800 millones de dólares” en deuda garantizada por el Estado Libre Asociado no se pagarán el 1 de julio. Se pagarán solamente cerca de $150 millones de los $958 millones de deuda garantizada, los cuales abonarán al pago de $178 millones adeudados en bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Los oficiales de gobierno agregaron que la administración no utilizará los fondos conocidos como clawbacks para pagar sus obligaciones generales pagaderas el 1 de julio.

Tampoco se pagarán $77 millones atados a la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI).

El jueves, García Padilla firmó las órdenes ejecutivas que autorizan al gobierno a no hacer los pagos de su deuda garantizada por la Constitución. Al mismo tiempo declaró la suspensión de ciertas obligaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ATC), Autoridad del Distrito del Centro Convenciones, el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos, la Compañía de Desarrollo Industrial (PRIDCO por sus siglas en inglés) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
A pesar de las órdenes ejecutivas, estas entidades podrían cumplir con sus pagos del viernes, ya que se usarán fondos que ya habían sido depositados con sus fiduciarios.

Además, las órdenes buscan preservar el efectivo y brindar protección contra posibles acciones legales por parte de los acreedores, según el gobierno.

“Hoy, con estas medidas y teniendo la autoridad federal de reestructuración con Promesa en funciones, el ELA está finalmente en condiciones de regresar a la prosperidad”, lee el comunicado del gobierno, añadiendo que la administración intenta evitar un cierre del gobierno.

Sin embargo, oficiales del gobierno aseguraron en conferencia de prensa que no se prevé esté escenario, si se continúan las medidas fiscales de emergencia que han tomado hasta el momento, particularmente la moratoria en el pago de su deuda.

En cuanto a posibles litigios a raíz del impago del viernes, García Padilla indicó que el gobierno local “está protegido contra acciones legales de acreedores, y las demandas presentes y futuras”, en referencia a la legislación federal firmada en el día de ayer.

Al 30 de junio, último día del año fiscal de 2016, la situación fiscal de Puerto Rico era “grave”, el gobierno afirma, contando solamente con alrededor de $200 millones en efectivo en su cuenta de operaciones. Se advierte en el comunicado de la continuación de medidas de emergencia fiscal en los próximos seis meses para evitar que se agote la liquidez del gobierno.
Sin uso para los ‘clawbacks’
Alrededor de $150 millones provenientes del clawback están depositados en la banca privada, mientras que aún no hay detalles en cuanto a cuál será el uso final de estos fondos.

Otros $140 millones adicionales en clawbacks se encuentran en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). A preguntas de Caribbean Business sobre si estos $140 millones están líquidos, funcionarios admitieron que no, mientras apuntaron a las restricciones de desembolsos bajo las cuales opera el BGF.

A finales del año pasado, estos dineros fueron redirigidos al gobierno central, luego de estar previamente pignorados para el servicio de la deuda de ciertas entidades públicas. En virtud de su constitución, Puerto Rico puede tomar control de estos ingresos, pero solamente para pagar su deuda garantizada a falta de otros recursos disponibles.

El 30 de noviembre y con la activación de las órdenes ejecutivas de recuperación de fondos ya desembolsados, la administración utilizó aproximadamente $160 millones de estos ingresos para cumplir con más de $400 millones en pagos que vencían el 2 de enero y que correspondían a deuda garantizada por el ELA.

El secretario de Justicia, César Miranda, ha argumentado que un tribunal podría permitir que Puerto Rico, en virtud de su poder de razón constitucional, diera prioridad a los servicios esenciales a los residentes sobre el servicio de su deuda garantizada. “Pero si me preguntan en este momento y exiges una respuesta, yo tendría que decir que ese dinero [de los clawbacks] tendrían que ir a pagar la deuda constitucional,” indicó a Caribbean Business hace unos meses, durante la presentación de la legislación de moratoria.

“Si el ELA tuviera que dedicar hasta el último centavo en [su cuenta operacional] y la cuenta clawback al servicio de la deuda el 1 de julio, aún le debería millones de dólares a los tenedores de esa deuda pública”, reza la declaración del viernes, lo que confirma que la administración no usará esos fondos para pagar la deuda constitucionalmente protegida en esta ocasión.

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