10 de Abril de 2021

PyMes truenan contra reglamento propuesto por el DACO

Por el 8 de Septiembre de 2016

Cerca de una decena de organizaciones de comerciantes alzaron su voz de alerta en la sede del Centro Unido de Detallistas (CUD) contra el reglamento propuesto por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para enmendar la Ley 46 de 2016 sobre las alternativas de pago en comercios.

(CB/Agustín Criollo)

Representantes de PyMes mostraron malestar por reglamentación que afectaría el comercio local. (Agustín Criollo/CB).

El grupo señaló que este reglamento, que según indicaron contiene disposiciones más estrictas que la propia ley de donde emana, limitaría los métodos de pago disponibles y reconocidos a nivel global a la vez que constituye una movida contradictoria con el discurso de la administración del gobernador Alejandro García Padilla de fomentar el comercio local como solución a la debacle económica que sufre el país.

Entre los denunciantes se encontraban miembros de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Detallistas de Gasolina, la Asociación de Industriales del Hielo, la Asociación de Centros de Inspección, la Asociación de Farmacias y Coopharma, entre otras.

La mayor objeción que plantearon los comerciantes fue la limitación del uso de tarjetas de crédito y débito necesariamente a través de un punto de venta (POS, por sus siglas en inglés), descartando categóricamente otros métodos de pagos electrónicos. Esto, dijeron, no solo contradice la propia ley, sino que también contradice los estatutos federales que reconocen el uso de medios electrónicos como alternativas de pago disponibles para el empresario y el consumidor.

El grupo señaló que esta imposición tiende más bien a beneficiar a dos empresas de procesamiento de transacciones en la isla: Evertec y Softech.

“El Reglamento interfiere en las determinaciones de negocios pues limita las condiciones en la aceptación de un método de pago, práctica permitida en los estatutos federales. Tampoco reconoce el derecho de requerir una cantidad de compra mínima para el uso de tarjetas de débito. Esto tiene un impacto severo, especialmente en los PyMes con márgenes de ganancia mínimos en sectores como el de alimentos, gasolina y centros de inspección, por mencionar solo algunos”, indicó Nelson Ramírez, presidente del CUD y portavoz principal del grupo.

“En estos casos, se expondría a estos comercios a una pérdida inminente y significativa de transacciones puesto que en algunas compras el costo de procesamiento podría ser mayor que la ganancia sobre los productos. Destacamos que la ley, en ninguna de sus disposiciones, impone que el uso de tarjeta como método de pago deba ser exclusivamente de forma física y a través de un Punto de Venta. Tampoco prohíbe la utilización de tarjetas a través de medios electrónicos”, añadió.

Asimismo, Idalia Bonilla, presidenta de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, mostró preocupación en torno al registro de transacciones requerido por el Reglamento el cual se tiene que conservar por un espacio de seis años.

“Esta imposición duplica procesos y requerimiento contrarios a la política pública de esta administración, que ha hecho esfuerzos para simplificar la forma de hacer negocios en la isla. Ya el sector empresarial registra todas sus ventas en el terminal fiscal. No vemos razón para el requerimiento de otro registro más cuando esta información esta accesible en los terminales fiscales para el IVU, los libros de contabilidad, estados financieros y planillas informativas anuales de los negocios”, indicó Bonilla.

Por su parte, Heriberto Ortiz, director de Coopharma, levantó bandera sobre el requerimiento de tener un 50% de los puntos de venta con POS para el procesamiento de tarjetas aun cuando la propia ley no requiere número o porciento especifico.

“La ley es clara, dispone que el comercio debe tener accesible dos métodos de pago de los cuales uno debe ser mediante tarjeta de crédito o débito. La cantidad de puntos de venta para el procesamiento de tarjetas es una determinación del negocio que cada establecimiento debe evaluar, partiendo de su situación económica. La ley así lo reconoce, sin embargo, vía reglamentación se está limitando dicha prerrogativa. Es importante destacar que adquirir y mantener un POS es costoso. Involucra costos de equipo, servicio de internet, mantenimiento y cargos de procesamiento por cada transacción efectuada”, aseguró Ortiz.

El grupo también llamó la atención sobre el hecho de que la reglamentación no excluye las transacciones donde el comercio funge como un intermediario, como es el caso del procesamiento del pago de la factura de energía eléctrica, de agua, envío de valores, Loto y Pega 3, entre otros servicios.

Los comerciantes urgieron a DACO a flexibilizar el reglamento y a evaluar seriamente las enmiendas técnicas que el grupo de asociaciones sometió a su consideración recientemente de manera que su implementación no conlleve un aumento en los precios y que los comerciantes puedan cumplir con la ley a cabalidad, sin implicar restricciones que afectan la manera de hacer negocios en Puerto Rico.

Las recomendaciones al reglamento sometidas por las organizaciones empresariales al DACO fueron apoyadas por la Oficina del Procurador del Pequeño Negocio, entidad a cargo de asegurar el cumplimiento de las agencias de gobierno con la Ley 454 de 2000, sobre flexibilidad administrativa y con la cual deben cumplir todas las dependencias del gobierno al promulgar un reglamento.

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