28 de Febrero de 2020

[DOCUMENTOS] ¿Qué piden los acreedores en las demandas de hoy contra el gobierno?

Por el 2 de Mayo de 2017

Con el final de la suspensión de demandas, o “stay”, de Promesa, distintos tipos de acreedores decidieron no esperar y radicaron hoy varias demandas en contra del gobierno de Puerto Rico.

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Hasta tempranas horas de la noche del martes, la junta ni la administración de Ricardo Rosselló habían emitido comentarios sobre el curso a seguir una vez terminado el “stay”. (Juan J. Rodríguez/CB)

Al momento, cuatro nuevas acciones fueron presentadas contra el gobierno y la junta de control fiscal. Mientras, Ambac -una aseguradora de bonos municipales- también demandó al Tesoro federal con relación a ciertos bonos de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI) y cuyo pago es garantizado por el dinero del arbitrio federal a la venta de ron que recibe la isla.

Estas demandas se suman a más de 10 acciones legales que presentaron acreedores desde principios del 2016 y que el tribunal suspendió por virtud del “stay” de Promesa. Estos litigios reanudarían al caducar el mecanismo, a no ser que la junta radique casos de reestructuración bajo el amparo de un juez, según permite el Capítulo III de la ley federal. Esto último restablecería el “stay” contra acciones de cobro por parte de acreedores.

Hasta tempranas horas de la noche del martes, la junta ni la administración de Ricardo Rosselló habían emitido comentarios sobre el curso a seguir una vez terminado el “stay”.

A continuación, una lista con algunos de los reclamos de los grupos de acreedores que demandaron hoy al gobierno de Puerto Rico.

Aurelius et al v. Gobierno de Puerto Rico

Un grupo de fondos de cobertura -que incluye Aurelius, Autonomy y Monarch- reclamaron en un tribunal de Nueva York que el gobierno pague casi $243 millones en servicio de deuda que no ha cubierto, más intereses. Los demandantes son dueños de $1,400 millones en bonos de obligaciones generales que emitió el gobierno en el 2014. Mira la demanda

Ambac v. Gobierno de Puerto Rico (I)

La aseguradora de bonos de Cofina solicitó al Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que invalide el plan fiscal certificado y el recién firmado Proyecto de la Cámara 938. Alegan que ambos son inconstitucionales y contrarios a Promesa. Ambac intenta prevenir que el gobierno utilice los fondos del impuesto sobre ventas y uso (IVU) que garantiza el pago de la deuda de Cofina. Mira la demanda

Ambac v. Gobierno de Puerto Rico (II)

Además del plan fiscal y el P. de la C. 938, la aseguradora también solicitó al tribunal federal en Puerto Rico que invalide las órdenes y legislación de moratoria vigentes desde finales del 2015. Mediante ellas, el gobierno retiene, o “clawback” en inglés, ciertas fuentes de ingreso -peajes, licencias e impuestos al cigarrillo, barril de petróleo y cuarto de hotel, entre otros- que garantizan el pago de deuda de las autoridades de Carreteras, Financiamiento para la Infraestructura y el Distrito del Centro de Convenciones. Alegan que las órdenes también son inconstitucionales y contrarias a Promesa. Ambac intenta prevenir que el gobierno utilice estos dineros para otros usos que no sean el pago de las deudas que garantizan. Mira la demanda

Ambac v. Tesoro federal (III)

Por último, Ambac también demandó al Tesoro federal en un tribunal de Washington, D.C., con relación al dinero que transfiere al gobierno de Puerto Rico por concepto del arbitrio federal a la venta de ron. Mediante una de las órdenes de moratoria, el gobierno ha retenido esta fuente de ingreso que garantiza el pago de ciertos bonos de AFI. La aseguradora solicita que el Tesoro deje de transferir al gobierno estos fondos hasta que se resuelva la controversia sobre la retención de ingresos o “clawbacks”. En la alternativa, interesan un síndico que retenga en una cuenta segregada estos dineros. Mira la demanda

Rodríguez-Perelló et al v. Gobierno de Puerto Rico

Una coalición de fondos institucionales y fondos de cobertura dueños de bonos sénior de Cofina demandaron al gobierno en el tribunal federal de Puerto Rico. Los demandantes solicitan que el tribunal declare inválidos el plan fiscal y el P. de la C. 938, por ser contrarios a Promesa y por menoscabar los derechos de estos bonistas. También piden que se ordene enmendar el plan fiscal para que no afecte a Cofina, al igual que se declare un evento de impago -cuyo remedio incluye la aceleración en el pago de la deuda pendiente de Cofina. Por otro lado, solicitan al tribunal que prohíba al gobierno actuar de tal forma que afecte la transferencia de la porción del IVU que garantiza el pago de esta deuda. En resumidas cuentas, estos acreedores buscan que el gobierno no incluya la deuda de Cofina -ni el dinero del IVU que la garantiza- como parte del plan de reestructuración de deuda de Puerto Rico. Mira la demanda

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