22 de Octubre de 2019

Radican proyecto para que vehículos de emergencias no paguen licencia ni marbete

Por el 4 de Septiembre de 2019

(Suministrada)

El representante Jorge Navarro Suárez informó el miércoles que radicó un proyecto para enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para incluir a los vehículos oficiales del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) en la definición de vehículo de motor de emergencia y estén exentos del pago de derechos anuales, por lo que no deberán exhibir marbete.

“Como todos ustedes saben los vehículos oficiales del gobierno de Puerto Rico están sujetos al pago de derechos anuales. Esto significa pasar por el proceso correspondiente y satisfacer los pagos de derechos correspondientes. En realidad, desde un punto de vista práctico, el resultado es que el gobierno se paga a sí mismo por la utilización de sus vehículos oficiales”, dijo Navarro Suárez en declaraciones escritas.

Indicó que la medida tiene como propósito primordial que se exima a los vehículos de motor de emergencia del gobierno, de tener que pagar los derechos anuales y exhibir un marbete expedido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, “para así asegurarnos de que estos vehículos estén disponibles en todo momento”.

“Estoy tomando en consideración el hecho de que la disminución en los presupuestos de las distintas agencias pública ha provocado que muchos de estos vehículos oficiales para emergencias permanezcan varados debido al impago de los derechos anuales y la falta de un marbete vigente. Esta situación es insostenible, pues pone en peligro la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas”, explicó también presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

Explicó que la Ley 22 de 2000 define como “vehículo de motor de emergencia” a cualquier vehículo de motor de las agencias federales, estatales y municipales de seguridad pública, incluyendo, el Cuerpo de Bomberos, la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal, la Agencia para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres del Gobierno Estatal  y de los municipios, la Comisión de Servicio Público, la Secretaría de Justicia, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, las Fuerzas Armadas, vehículos autorizados por la Junta de Calidad Ambiental, el Tribunal General de Justicia y la Administración de Corrección y las ambulancias.

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