24 de Septiembre de 2022

Reacciona La Fortaleza a alegado interés chino en la AEE y deuda de Puerto Rico

Por el 15 de Junio de 2017

El gobernador Ricardo Rosselló manifestó hoy que “nunca se materializó” un acuerdo para que un grupo de inversionistas de China invirtieran entre $30,000 millones y $45,000 millones en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y bonos de la isla, según reportó hoy la publicación Politico.

“No hay ningún acuerdo. La historia publicada en la prensa hoy habla de un interés que tenía esta firma y nunca se materializó”, dijo el mandatario. (Juan J. Rodríguez/CB)

“No hay ningún acuerdo. La historia publicada en la prensa hoy habla de un interés que tenía esta firma y nunca se materializó”, dijo el mandatario en declaraciones escritas a CB en Español.

Según el artículo de Politico, representantes del Gobierno y China Development Fund habrían sostenido una reunión el pasado 12 de mayo en la que discutieron la posibilidad de que el fondo asiático invirtiera en deuda de Puerto Rico e infraestructura de la AEE.

Del encuentro también habría participado Paul Manafort, exasesor y exdirector de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Manafort está actualmente bajo investigación por parte del FBI como parte de la pesquisa federal en torno a la alegada interferencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales del año pasado.

Politico añade que las discusiones entre el Gobierno local y el grupo de inversionistas chino no fueron exitosas ya que la administración Rosselló habría visto la transacción con cierto escepticismo, debido al envolvimiento de Manafort y la investigación en curso del FBI.

Las “relaciones” entre el grupo chino y la administración Rosselló fueron confirmadas a Politico por Héctor Hoyos, un empresario puertorriqueño que asegura haber liderado las negociaciones entre el China Development Fund y el Gobierno local.

La AEE intenta obtener la aprobación final por parte de la junta de control fiscal sobre el acuerdo en apoyo a la reestructuración (RSA, en inglés) entre la corporación pública y sus acreedores, ante exigencias del Congreso para que el ente rector de finalmente el visto bueno a la transacción. Mientras, el Gobierno de Puerto Rico continúa el proceso de reestructuración en el tribunal federal bajo el Título III de la ley federal Promesa.

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