14 de Agosto de 2020

Reacciones encontradas sobre posibles efectos de acuerdos con junta fiscal

Por el 13 de Marzo de 2017

Por Ismael Torres y Eva Lloréns Vélez

El plan fiscal aprobado por la junta de control fiscal fue rechazado por algunos sectores del país, mientras otros advirtieron que la propuesta se enfoca en recortes en momentos en que Puerto Rico necesita desarrollo económico.

El presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), Andrés Lloret Gutiérrez, calificó de inaceptables las medidas del plan fiscal acordadas hoy, mientras expresó que los trabajadores no van a aceptar ni ahora ni a principios de julio, que se le recorte la jornada laboral y se elimine el bono de navidad si el gobierno no alcanza las metas de recaudos adicionales que estable la junta.

“Aquí que nadie se llame a engaño. En unos meses, van a decir que el gobierno no logró cumplir esas cuotas de recaudos y van a querer cortar por lo más fino. Ni el gobierno ni la junta han hecho su trabajo de reactivar la economía y controlar los gastos. Aquí solo se busca pagarle a los bonistas a costa de los trabajadores”, dijo Lloret Gutiérrez en declaraciones escritas.

El funcionario sindical añadió que es una falacia decir que los puertorriqueños no quieren hacer sacrificios, pues la clase trabajadora lleva una década cargando en los hombros la crisis, y los que no han podido subsistir se han tenido que ir del país.

El director de AAFAF, Gerardo Portela, junto al presidente de la junta de control fiscal, José Carrión III. (Juan J. Rodríguez/CB)

El director de AAFAF, Gerardo Portela, junto al presidente de la junta de control fiscal, José Carrión III. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Las expresiones de los miembros de la junta de que la leyes laborales y la beneficencia social son la causa de que Puerto Rico no haya desarrollado la economía es un acto de cinismo y una falta de respeto a la inteligencia de este pueblo. Que les quede claro, el pueblo trabajador no permitirá el abuso”, sostuvo.

La FCT representa a trabajadores del sector público y privado en talleres como las cooperativas de ahorro y crédito y de vivienda, Tres Monjitas, Carmela Foods, la Comisión Industrial, el Sistema de Retiro de Maestros, la Compañía de Parques Nacionales, la Junta Reglamentadora de Comunicaciones, Comisionado de Seguros, Departamento de Vivienda y la Administración de Vivienda Pública, entre otros.

Por otro lado, hubo quienes estuvieron a favor del plan propuesto por el gobernador Ricardo Rosselló y certificado con varias enmiendas por el ente rector, aunque advirtieron que no es suficiente porque Puerto Rico necesita desarrollo económico.

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El Presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Ricardo Álvarez-Díaz, felicitó a los miembros de la junta fiscal y a los miembros del equipo de la administración Rosselló por lograr el primer paso importante hacia la reestructuración administrativa de las finanzas de Puerto Rico.

“Sin embargo, entendemos que más allá de dicha aprobación, es importante dejar claro que la ley Promesa no es suficiente para proveer un ambiente adecuado que reactive el desarrollo económico sostenible en Puerto Rico. El enfocar un plan solo en recortes y balances, sin incluir un plan de reinversión y desarrollo económico, jamás va a ser suficiente para la sostenibilidad económica de Puerto Rico”, dijo.

Por tal razón  hizo un llamado al Congreso federal para actuar con prontitud, más allá de la ley federal Promesa, sobre el escenario fiscal y económico de la isla. “Nos reiteramos en que el solo enfocarse en balancear caja, va a agudizar la crisis económica y social que enfrentamos”, sostuvo.

Mientras, la Asociación de Contratistas Generales de América–Capítulo de Puerto Rico, apoyó las iniciativas para promover reformas estructurales y revitalizar la infraestructura de Puerto Rico incluidas en el plan fiscal.

“Las medidas para facilitar las actividades de negocios, mejorar la eficiencia del capital, iniciar una reforma energética y promover desarrollo económico van de acuerdo con la filosofía de nuestra organización. También, entendemos que el enfoque en las Alianzas Público-Privadas como herramienta para financiar la revitalización de la infraestructura crítica de Puerto Rico es viable y acertado”, sostuvo su presidente, Francisco Díaz Massó.

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En una misiva enviada a la junta fiscal expresando sus comentarios sobre el documento sometido por el gobierno, la AGC-PR también se pronunció a favor de la Secuencia de Implantación de Proyectos P3 establecida por el plan fiscal y a la inclusión de la infraestructura crítica como servicio esencial.

“Nos complace ver el enfoque y la importancia que el plan fiscal le pone a la modernización de la infraestructura crítica y la urgencia con la que planifica atender este asunto”, señaló Díaz Massó al recalcar que el impacto de la inversión en mejoras capitales de infraestructura a 10 años representa una inversión de $4,500 millones y la creación de sobre 100,000 empleos.

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