18 de Agosto de 2019

Recomiendan que se solicite certificación al Supremo en controversia de Tu Hogar Renace

Por el 26 de Febrero de 2018

Para coordinar el proyecto Tu Hogar Renace, Vivienda otorgó mediante un proceso de requisición de propuesta un contrato por $133 millones a la empresa Adjusters International bajo el argumento principal de que fue la cotización más baja de las dos compañías cualificadas mediante el RFP. (Suministrada)

Las partes involucradas en la disputa por el contrato de gerencia del proyecto Tu Hogar Renace del Departamento de Vivienda deberían acordar presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de certificación, de manera que se resuelva en sus méritos la controversia lo antes posible y no se pongan en riesgo los trabajos que se realizan para las familias afectadas por el huracán María, recomendó el abogado y analista Domingo Emanuelli.

Para el abogado conocedor del derecho administrativo, no importa lo que determine el Tribunal de Apelaciones si el pleito regresa a su consideración la próxima semana, la parte perdidosa terminará recurriendo al Supremo donde se tomará la decisión final en el caso.

“Aquí quienes podrían resultar más afectados serían los que solicitaron la ayuda para reparar sus casas. Este es el tipo de caso perfecto para que se lleve por certificación al Supremo para que la compañía que sea pueda continuar con el trabajo“, apuntó Emanuelli.

El programa Tu Hogar Renace es supervisado por el Departamento de Vivienda (DV) mediante una asignación de $1,300 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). El propósito es ayudar a las familias dueñas de hogares a realizar reparaciones menores en sus propiedades para que puedan utilizarlas de albergue mientras se realizan las construcciones permanentes que necesitan.

Para coordinar el proyecto, el DV otorgó mediante un proceso de requisición de propuesta un contrato por $133 millones a la empresa Adjusters International bajo el argumento principal de que fue la cotización más baja de las dos compañías cualificadas mediante el RFP.

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La decisión provocó que la empresa que no obtuvo la buena pro solicitara la revisión de adjudicación al foro administrativo. La semana pasada, la Junta de Revisión de Subastas emitió una resolución en la que establecía que la adjudicación a Adjusters era nula por no haberse seguido los parámetros que exigía el RFP y recomendaba al secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, su cancelación. En ese momento el secretario ordenó la suspensión del contrato.

De inmediato, Adjusters presentó en el Tribunal de Apelaciones un recurso para paralizar dicha suspensión hasta tanto no se viera en sus méritos la controversia y que declarara nula la resolución de la Junta Revisora por no proceder en derecho. Uno de los argumentos principales de Adjusters es que la Junta Revisora actuó ultra vires debido a que emitió su resolución fuera del término que establece la ley y sin estar debidamente constituida. Por reglamento, la junta deber ser designada por el secretario de Vivienda pero en esta ocasión el funcionario solicitó a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que nombrara tres abogados de su agencia para que sirvieran como miembros de la junta.

El Apelativo determinó el jueves en la tarde que la resolución de la junta en efecto era inoficiosa, pero no porque hubiese actuado fuera de término, sino por no haber apercibido a las partes de su derecho de acudir a la corte apelativa y dispuesto los términos para ello.

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“De una mera lectura de la Resolución Final recurrida nos percatamos que la misma no contiene las advertencias de debido proceso de ley ordenadas por la Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). La Junta Revisora no apercibió a las partes sobre su derecho a instar un recurso de revisión judicial ante este Tribunal, así como los términos correspondientes para instarlo”, lee el documento. Ese defecto dejó sin jurisdicción a la corte apelativa por lo que a su vez revocaron su propia orden para paralizar la cancelación del contrato.

Según el abogado de Adjusters, Eric Pérez-Ochoa del bufete Adsuar Muñiz Goyco Seda & Pérez-Ochoa, PSC, con la determinación del Tribunal Apelativo el jueves podría morir la determinación administrativa ya que “si estaban tarde cuando la emitieron ahora están tardísimo”. El argumento de Pérez-Ochoa es que la Junta Revisora perdió jurisdicción al vencerse el tiempo para tomar una determinación en esta controversia.

El licenciado Emanuelli entiende, sin embargo, que el Tribunal Supremo ha resuelto que cuando una determinación de un foro administrativo tiene un defecto en su notificación, la misma no queda sin efecto sino que requiere que se subsane el error realizando la notificación conforme a derecho para que entre en vigor y por consecuencia pueda ser apelada ante el foro que corresponda.

“La determinación de la junta está vigente pero no puede ser apelada hasta que se notifique correctamente y comiencen a correr los términos”, explicó el abogado.

Emanuelli también indicó que en este caso, el hecho de que el Tribunal de Apelaciones haya concedido la paralización de la orden de suspensión del contrato, da a entender que en su revisión del caso observaron elementos validos en la reclamación de Adjusters.

“Al final esto lo va a terminar decidiendo el Supremo, por eso lo recomendable es solicitar una certificación y que sea el máximo foro quien lo evalúe con celeridad para evitar perdidas mayores para las partes pero más aún para el pueblo de Puerto Rico”, sentenció el abogado.

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