24 de Agosto de 2019

Representante lleva al tribunal petición de documentos a la JCA

Por el 15 de Agosto de 2017

Luego que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) no produjera la documentación que autorizaba a la compañía Applied Energy Systems (AES) a descargar 34 camiones llenos de presuntas cenizas tóxicas en el vertedero de Peñuelas, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, radicó ante el tribunal una orden judicial para que esa agencia entregue toda la documentación referente a ese incidente.

Cuando el pasado 12 de julio, un convoy de camiones de la compañía EC Waste –que administra el Peñuelas Valley Landfill (PVL)- cargados de lo que se presume eran cenizas producidas por la quema de carbón, llegaron hasta el lugar en horas de la madrugada, el representante exigió a la JCA producir el documento que autorizaba el depósito a esa hora así como la justificación para la otorgación del permiso.

La disputa tiene como detonante el deposito de presuntas cenizas de carbón el pasado 12 de julio en la madrugada en el Peñuelas Valley Landfill. (Archivo)

De igual forma, Márquez solicitó  información en torno a la cantidad de cenizas depositadas en la noche del 11 de julio, la forma en que fueron depositadas o utilizadas para solidificar los desperdicios líquidos industriales, si la JCA inspeccionó dicho depósito y cualquier otro documento relacionado al depósito ocurrido esa madrugada. Sin embargo, la agencia gubernamental falló en producir la prueba.

“La información es fundamental para cumplir con mis responsabilidades legislativas y ante los constantes señalamientos por parte de las comunidades de Peñuelas del incumplimiento de la JCA de su función fiscalizadora. Cuestionamos que la JCA, organismo del Gobierno cuya función principal es la protección y conservación del medioambiente, haya optado por no someter la información requerida por nuestra parte y es por ello que hemos radicado esta acción judicial que va dirigida a vindicar nuestras prerrogativas legislativa”, denunció Márquez Lebrón.

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Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, la directora ejecutiva de la JCA, Tania Vázquez Rivera, indicó que previamente se le cursó una misiva al representante en la que se ponía a su disposición toda la documentación pública y extendió una invitación a Márquez Lebrón a visitar las oficinas centrales de la agencia para que revise los documentos personalmente.

“Lamentablemente, según se desprende de las expresiones que el señor Márquez Lebrón envió a los medios de comunicación, éste ha declinado nuestra invitación, y se ha concentrado en el argumento banal de si las cartas que envió a la JCA fueron ponchadas o no en nuestra oficina. Si alguna de las cartas entregadas por el señor Márquez Lebrón fue ponchada en mi oficina, a mis manos no llegó. Sin embargo, las cartas que esta servidora ordenó que se localizaran en la agencia, fueron entregadas y ponchadas en el área de radicaciones de permisos de la JCA”, indicó la titular de la JCA.

“Reiteramos nuestra invitación al señor Márquez Lebrón para que nos visite, y revise todos los documentos públicos que estime necesarios para poder cumplir con su labor legislativa. Si su interés legítimo es legislar y fiscalizar, y para ello necesita estos documentos, no hay razón para esperar un día más, cuando hoy mismo puede visitarnos, revisarlos, y salir con sus copias”, añadió.

Vázquez Rivera subrayó que al amparo del Artículo 1170 del Código Civil de Puerto Rico, que señala que son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado competente, con las solemnidades requeridas por la ley, y el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, se dispone que todo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y fotocopiar cualquier documento público de Puerto Rico.

Por otra parte, la titular de la JCA recordó que han sido múltiples las ocasiones en que su agencia ha respondido a los requerimientos, tanto del Senado como la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por lo que gran parte de la información requerida por Márquez Lebrón también está disponible en ambos cuerpos legislativos.

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“La JCA ha cumplido con todas las peticiones que le han hecho, oficialmente, tanto el Senado como la Cámara de Representantes. De igual forma, hemos cumplido a cabalidad con todas las leyes y reglamentos aplicables, tanto estatales como federales, tomando en cuenta que tanto la EPA como la legislación federal y todas las pruebas certificadas por químicos licenciados, han catalogado una y otra vez los residuos de combustión de carbón como no peligrosos”, concluyó Vázquez Rivera.

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