21 de Septiembre de 2020

Representantes del PPD piden a Justicia federal expresarse sobre plebiscito

Por el 24 de Febrero de 2017

Cuatro representantes del Partido Popular Democrático (PPD) enviaron hoy una carta al secretario de Justicia federal, Jeff Sessions, para manifestarle que tiene una “obligación moral” de expresarse en torno a la Ley 7 de 2017, Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, por entender que esta posee “serios problemas” al excluir el Estado Libre Asociado (ELA) desarrollado y el soberano entre las opciones de estatus elegibles en la consulta.

En la misiva, los representantes Rafael “Tatito” Hernández, Luis Vega Ramos, Brenda López de Arrarás y Ramón Luis Cruz le explican al titular de Justicia federal que la Ley 7 de 2017 es “anti democrática” porque violenta los derechos de cientos de miles de puertorriqueños que no están representados en las opciones de estatus del plebiscito, a celebrarse el 11 de junio. 

Además, las opciones que sí estarán en la consulta —“estadidad” y “libre asociación/independencia”— fueron impuestas “unilateralmente” por el Partido Nuevo Progresista (PNP), que promulga la anexión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos, criticaron los representantes. Agregaron que, aunque intentaron enmendar el proyecto para incluir las opciones que defienden las dos alas del PPD —el ELA desarrollado y el soberano— estas fueron denegadas.

 

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Asimismo, afirmaron que el lenguaje incluido por el PNP en la ley “predispone” a favor de la estadidad el plebiscito de estatus, consulta que el gobernador Ricardo Rosselló manifestó que celebrará con o sin el aval del Departamento de Justicia federal. 

“Incluso si este lenguaje no es legal o moralmente vinculante para el gobierno de Estados Unidos, la representación que haría el electorado puertorriqueño por su propio gobierno podría tener consecuencias monumentales que el gobierno federal debería prevenir a toda costa”, advirtieron los representantes.

“Aunque usted no está legalmente obligado legalmente por los términos de la Ley 7 de 2017, creemos que tiene la obligación moral de dejar que el pueblo de Puerto Rico conozca cuál es la posición del gobierno de Estados Unidos sobre el plebiscito”, expresaron los legisladores, quienes recordaron que Justicia federal debe expresarse en o antes del 16 de abril. Los representantes dijeron estar disponibles para reunirse con el funcionario federal en cualquier momento.

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La misiva de la delegación del PPD en la Cámara se envía un día después de que el gobernador se reuniera con el secretario de Justicia federal para, precisamente, discutir la Ley 7 y la consulta de estatus. En el encuentro, Rosselló solicitó, además, que se liberen los $2.5 millones asignados por el Congreso federal en 2014 para una consulta de estatus en Puerto Rico. Si Justicia federal no autorizara la consulta, el gobierno tendría que pagar con fondos estatales la totalidad de los costos del plebiscito.

Este no es el primer intento del PPD para detener la consulta de estatus o introducir dos opciones del ELA o, al menos, una columna que indique “ninguna de las anteriores”. Los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Rafael Hernández Colón también han enviado cartas al Departamento de Justicia federal para solicitarle intervención en el plebiscito.

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