Repudian aval de Legislatura a controversial proyecto sobre libertad religiosa

Por Efrén Rodríguez Martínez el 12 de Diciembre de 2017

Con 17 votos a favor y 12 en contra, el Senado de Puerto Rico aprobó durante el fin de semana el Proyecto de la Cámara 1018, que busca crear la “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa de Puerto Rico” que permitiría a individuos y negocios discriminar al levantar como defensa en procedimientos legales que su ejercicio a la libertad de culto ha sido violentado.

La medida, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, así como los representantes Guillermo Miranda Rivera y María Milagros Charbonier, establece que el Gobierno no puede “imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona, incluso si la carga es el resultado de la aplicación de una norma general”, a menos que esté promoviendo un “interés gubernamental apremiante” y que sea el medio menos restrictivo posible para promover dicho interés.

Grupos de derechos humanos rechazaron la medida por pretender invalidar avances de las comunidades LGBTTIQ al dar permiso para discriminarles usando como excusa creencias religiosas. (iStock)

Sin embargo, aunque el proyecto no especifica qué actos podrían representar una violación a ese derecho, el mismo crea una defensa legal para personas cuya libertad religiosa esté siendo limitada por una ley.

“Una persona cuyo ejercicio religioso le ha sido violentado en virtud de lo establecido en esta ley, podrá alegar tal violación, ya sea como parte demandante o como una defensa en un procedimiento judicial o administrativo y obtener la indemnización o reparación adecuada”, expone el texto de la medida.

Entretanto, la directora del Proyecto Matria y portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), Amárilis Pagán Jiménez, explicó que la medida fue enviada a comité de conferencias, por lo que deberá bajar a votación nuevamente antes de este viernes y se espera llegue esta misma semana al escritorio del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

Cuestionan constitucionalidad de medida que permitiría discriminar por razones religiosas

Asimismo, Pagán recordó las expresiones del gobernador rechazando el proyecto de ley, y le hizo un llamado a vetar el proyecto.

“El gobernador rechazó el proyecto cuando se radicó. Ahora esperamos que tenga el valor de vetarlo si llega a sus manos y que no se deje chantajear por juegos políticos y grupos que tienen las mismas características y estrategias de trabajo que otros grupos de Estados Unidos que ya han sido oficialmente clasificados como grupos de odio. Firmar el proyecto es validar el poder de esos grupos y someterse a sus discursos que disfrazados de fe, sólo buscan controlar lo que se hace y dice en Puerto Rico”, puntualizó.

Mientras, CABE rechazó el proyecto por ser peligroso para toda persona que no se adapte a las ideas religiosas de sectores conservadores del país, pero que además pretenda invalidar avances de las comunidades LGBTTIQ al dar permiso para discriminarles usando como excusa creencias religiosas.

El portavoz de CABE, Osvaldo Burgos Pérez, expresó que “hay un sector religioso en nuestro país que no se resigna a la idea de que como sociedad hemos avanzado a favor de espacios de equidad y desarrollo para las mujeres, las personas LGBTTIQ y otras personas que no se amoldan a las ideas cristianas que por décadas han tratado de imponer al resto de la sociedad. Ahora en 2017, vuelven a la carga en su intento de obligar a que todas y todos piensen como ellos y encontraron eco en Carlos ‘Johnny’ Méndez, María M. Charbonier y Guillermo Miranda, autores del P. de la C. 1018. Peor aún, encontraron eco en una Cámara cómplice que aprobó el proyecto y en un Senado oportunista que el domingo lo aprobó también”.

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Por su parte, el coordinador del Instituto del Género y Educación de Avanzada (IGEA) del Proyecto Matria, José Rodríguez Irizarry, criticó la aprobación del proyecto al señalar “el mal llamado proyecto de ‘libertad religiosa’ no hace más que abrir la puerta a que se pueda discriminar desde el servicio público con la excusa de la religión. Todo el proceso, desde las vistas hasta su aprobación el domingo en la noche, mientras más de la mitad del país está a oscuras y sin acceso constante a información, es una afrenta al proceso democrático que debe regir nuestro ordenamiento”, expresó el también abogado en declaraciones escritas.

Además, la organizadora comunitaria del programa Amare de Proyecto Matria, Paloma Hernández, que se dedica a la prevención de crímenes de odio, destacó que los efectos nefastos de este tipo de proyectos ya se han evidenciado en jurisdicciones de Estados Unidos.

“Este proyecto de ley es tanto una vergüenza como retroceso en la construcción del país de justicia y equidad que deberíamos aspirar a concretar. Es un nuevo incitador para las múltiples manifestaciones de violencia y discrimen que muchísimas personas de comunidades vulnerables, como las LGBTTIQ, llevan resistiendo en Puerto Rico. Como se ha visto en Estados Unidos, abre la puerta a justificar y promover el odio hacia la diversidad, poniendo en peligro a todas las personas que en Puerto Rico ni somos iguales ni nos quieren tratar como iguales. Esa es la realidad que no podemos obviar”, concluyó.