24 de Septiembre de 2022

Resaltan conflicto de interés en la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda

Por el 6 de Diciembre de 2016

La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico contrató desde el 2013 la firma Affordable Housing Consultants para asesoría en la otorgación de créditos contributivos y, al mismo tiempo, esta empresa comenzó a asesorar a contratistas externos que se beneficiarían de tales créditos.

El alegado conflicto de intereses salió a relucir hoy en las vistas de transición en el Departamento de Estado en medio de un interrogatorio del Comité de Transición del gobernador electo, Ricardo Rosselló, al actual director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, José A. Sierra Morales.

¿Affordable era el consultor de la Autoridad en el tema de créditos contributivos de HOME y el consultor del desarrollador al mismo tiempo?, preguntó Alfonso Orona, presidente en funciones del Comité de Transición entrante y el principal asesor legal del gobernador Rosselló Nevares.

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“El proceso fue evaluado por abogados externos de la Autoridad y por la división legal interna. La consulta sostenía que se podía trabajar”, respondió Sierra al tiempo que reconoció que no hizo consulta con el Departamento de Justicia ni con la Oficina de Ética Gubernamental.

De inmediato, Orona cuestionó a Sierra sobre lo que llamó un “claro conflicto de interés” pero el funcionario de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda Pública reiteró que dos divisiones legales afirmaron que podían continuar el contrato con Affordable a pesar de que la misma empresa comenzó a brindar asesoría a los desarrolladores que se beneficiarían de los créditos contributivos.

En el intercambio surgió el nombre de Carlos Giraud, un exempleado de Vivienda que administraba los fondos del programa HOME y que luego se movió para trabajar con Affordable en la asesoría a desarrolladores para lograr beneficiarse de estos créditos contributivos.

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“Eso es un conflicto de interés palpable y explícito. Una persona lleva tres años contratado para trabajar con crédito contributivo y en el 2016 adviene como consultor de los contratistas que se van a beneficiar de ese crédito”, subrayó Orona.

Como parte de la vista surgió que la Oficina del Inspector General (OIG) identificó a la Autoridad varios proyectos que eran inelegibles para recibir fondos del programa HOME e hizo una reclamación de $26 millones.

Sierra explicó que se sentó con Departamento de Vivienda Federal (HUD) y lograron reducir la reclamación a $14 millones.

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