29 de Octubre de 2020

Resurge intención legislativa para crear Ley Anti-Discrimen Comercial

Por el 1 de Marzo de 2018

Tras dos intentos fallidos en la Asamblea Legislativa, el representante José Aponte Hernández espera que el dicho “a la tercera va la vencida” se consume esta vez al intentar llevar hasta el escritorio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares el proyecto que crearía la Ley Anti-Discrimen Comercial dirigida a proteger los consumidores boricuas de empresas estadounidenses.

“Por años, los residentes de Puerto Rico han sido discriminados por algunas entidades comerciales que, por diversas razones, se niegan a ofrecerles los mismos bienes y servicios que al resto de sus conciudadanos de la nación norteamericana”, esboza el Proyecto de la Cámara 1217 de manera casi exacta a la pieza original, radicada en el 2011.

Entre las prácticas que podrían considerarse discriminatorias resaltan diferencias en “acceso, venta, productos, bienes, servicios, garantías y entrega”; vender productos a mayores precios con relación a los precios que pagan los consumidores en Estados Unidos; y no ofrecerles a los puertorriqueños beneficios y garantías como tarjetas de regalo, acceso a páginas web y descuentos.

Un breve artículo de la pieza legislativa facultaría al gobierno a no otorgar incentivos económicos, exenciones o créditos contributivos a empresas que “discriminen” con los consumidores locales. (iStock)

En múltiples ocasiones, CB en Español intentó contactar al representante autor del proyecto pero este nunca respondió. Se desconoce si la medida brindaría al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) las herramientas para combatir prácticas discriminatorias de empresas como Amazon, una de las más querelladas ante la agencia, pero sin sede en la isla.

 Ya existe programa anti-discrimen

En el 2011, el pasado titular del DACO y actual secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, fundó la Oficina Anti-Discrimen Comercial (OADC), para atender las denuncias de comerciantes por el trato discriminatorio de compañías como Home Depot, Best BuyApple y DIRECTV.

Durante su primer año de operaciones, la OADC recibió más de 500 querellas e impartió diversas multas ascendentes a $470,000 a Amazon y una posterior de $10,000 a Best Buy, ambas por negarse a enviar mercancía libre de costo a la isla.

La pieza legislativa abarca varias de las ordenanzas que ya ejecuta la OADC, como multar a empresas con hasta $10,000 por infracción, la facultad de investigar las querellas que sometan los consumidores, contactar a la empresa querellada y representar a los ciudadanos en tribunales.

Este programa continúa vigente hoy, razón por la cual la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Alicia Lamboy, resaltó que se debe evaluar la ejecución del programa existente antes de dar paso a nuevas acciones en la Casa de las Leyes.

“Ya hay un camino corrido, hay que tomar en consideración ese camino que se ha corrido antes de seguir inventando la rueda. Tenemos el beneficio de que han pasado unos años desde que se creó [la OADC] y entiendo que ha tenido una trayectoria que debe ser considerada al evaluarse la necesidad de este tipo de proyecto”, indicó.

Empresas perderán incentivos

Un breve artículo de la pieza legislativa facultaría al gobierno a no otorgar incentivos económicos, exenciones o créditos contributivos a empresas que “discriminen” con los consumidores locales. La medida no establece un proceso claro sobre cómo se eliminarán esas ayudas, más allá de exponer que el DACO mantendría un registro de las compañías “que se han rehusado a eliminar sus actos discriminatorios”.

“Más allá de pasar a una fase de orientación, con eso nosotros no tenemos problema, también dispone que se eliminen los incentivos contributivos. […] Lo que pasa es que estamos pasando ya a la fase de discriminación cuando no ha pasado ni una investigación”, argumentó Laboy.

La medida no establece un periodo para que la empresa responda a las alegaciones de discrimen antes de arriesgarse a perder sus incentivos.

“Aquí puede haber consideraciones incluso hasta en términos de costos de operaciones, de hacer negocios en Puerto Rico”, señaló Lamboy sobre los factores que podrían impedir el mismo trato comercial en la isla. “No estamos hablando de una condición igual de establecer un negocio [en Puerto Rico], versus establecerlo en [un estado]”, detalló.

Proyecto reciclado

La propuesta de Aponte Hernández no es nueva. El primer intento fallido se dio bajo la administración de Luis G. Fortuño. En esa ocasión, el Departamento de Justicia recomendó asignar fondos al DACO para costear la representación legal de los consumidores durante procesos judiciales.

Tres años luego de que el proyecto de La Fortaleza tan solo lograra pasar el cedazo de la Cámara de Representantes, un segundo intento para convertir la pieza legislativa en ley no rindió mayores frutos que la celebración de una vista pública en el 2015.

image_print

You must be logged in to post a comment Login