22 de Julio de 2019

Retiro se une a demanda civil contra casas de corretaje

Por el 27 de Septiembre de 2016

La Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) hizo pública su decisión de unirse a la demanda civil de seis beneficiarios contra tres casas de corretaje en la que se reclama una indemnización por daños estimados en $1000 millones, según indicó hoy el administrador de la agencia, Pedro Ortiz Cortés.

De izq. a der. Pedro Ortiz, administrador de Retiro, Harry Vega presidente de la Junta de Gobierno y Carlos santini, comisionado de asuntos municipales. (Agustín Criollo/CB)

De izq. a der. Pedro Ortiz, administrador de Retiro; Harry Vega, presidente de la Junta de Gobierno, y Carlos Santini, comisionado de Asuntos Municipales. (Agustín Criollo/CB)

De acuerdo a Cortés, la demanda original fue presentada el 29 de septiembre de 2011, pero no fue hasta marzo de este año, ocho años después de la emisión de casi $3,000 millones en bonos de obligaciones de pensiones a través de la consultoría de las casas de corretaje Santander Securities, Ramírez & Co. y UBS Financial Services, que la ASR decide formalmente unirse al recurso legal.

“Tras realizar una análisis sobre la transacción, determinamos unirnos a la demanda presentada por seis beneficiarios que a nombre de la ASR reclaman que los demandados violaron sus obligaciones contractuales con el Sistema de Retiro, así como en proteger los intereses de la agencia. Asimismo, en la demanda se argumenta que los demandados violaron sus deberes fiduciarios no contractuales con respecto al Sistema de Retiro y que, igualmente, violaron la política pública del gobierno al emitir bonos, a pesar de que la Legislatura rechazó dicha propuesta”, explicó Ortiz Cortés.

Según se establece a través de la demanda, en 2008 la Junta de Síndicos de la ASR de los Empleados de Gobierno y la Judicatura realizó una emisión de bonos por $2,947 millones, propiedad del Sistema y no del Estado, que tenían como gravamen exclusivo las contribuciones patronales efectuadas desde la emisión.

“Con esta transacción se suponía que Retiro recibiera una inyección de capital de $2,947 millones que se invertirían en productos de mayor rendimiento a una tasa de interés de 6.5%. El rendimiento en exceso del 6.5% iba a ayudar a capitalizar al Sistema y ayudar con su sostenibilidad a largo plazo, pero esto nunca ocurrió”, explicó el funcionario.

Ortiz Cortés aseguró que, mientras se estructuraba la emisión, los mercados financieros a nivel mundial comenzaron a mostrar señales de desgaste hasta su eventual colapso, situación que imposibilitó que los fondos se pudieran invertir adecuadamente.

“En ese momento, los fondos fueron depositados en una cuenta que rendía un 2% en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), lo que significa que desde el día uno, el Sistema de Retiro perdió dinero ya que el costo de los fondos era más alto que el rendimiento recibido”, precisó.

Asimismo, Ortiz Cortés denunció que los participantes en la emisión de bonos, en particular UBS, presuntamente fueron negligentes y violaron su deber fiduciario son el Sistema de Retiro durante la transacción, provocando que al presente se hayan pagado cerca de $1,000 millones en pagos de intereses.

“Durante ese proceso, UBS generó sobre $100 millones en comisiones, mientras que el Sistema de Retiro debe desembolsar anualmente $167 millones en pagos de intereses. Al día de hoy, hemos pagado cerca de $1,000 millones debido a la negligencia de estas casas de corretaje”, denunció el administrador.

Ortiz Cortés aseguró además que, con esta acción, la ASR busca remediar los presuntos actos de negligencia cometido por estas entidades.

Por su parte, Harold Vicente, representante legal de la ASR, no descartó que más adelante, basado en la prueba que salga a relucir durante el caso civil, se radiquen cargos criminales a otros funcionarios de la pasada administración, involucrados en la emisión de bonos.

Vicente aseguró que estas casas de corretaje actuaron a sabiendas de que la transacción no tendría el rendimiento deseado y que esta acción tendría repercusiones que serán visibles hasta entrada la próxima década.

“A través de nuestros cálculos de la emisión, que termina en 2024, concluimos que en vez de un diferencial positivo, se llegó a uno negativo en exceso de $600 millones en pérdidas. Es una cuestión continua que va a seguir pasando hasta el 2024. Los asesores financieros, como son estas casas de corretaje, deben actuar con los más altos estándares de deberes de fiducia. Cuando estos le hacen una recomendación al cliente, tienen que hacerlo tomando en consideración los mejores intereses de su cliente, y eso no sucedió en este caso”, explicó el licenciado.

“Ellos (los beneficiarios) estaban descansando de buena fe y la experiencia de estas casas de corretaje, pero, cuando hablamos de que una transacción como esta, que produce $100 millones en comisiones, nos cuestionamos si se hizo a beneficio de los clientes o de las propias casas de corretaje”, aseguró.

Aunque no se especificó con certeza a cuánto se espera que ascienda la indemnización, se estimó que sería una inyección de $800 millones a los Sistemas de Retiro.

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