16 de Junio de 2019

Retrasada la administración Rosselló en su misión de reestructurar el Gobierno

Por el 23 de Mayo de 2019

Nota de la editora: Esta es la primera de varias historias que se publicarán en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo con relación a los planes de implementación e informes de progreso que el Gobierno.

Centro de Periodismo Investigativo
El “Nuevo Gobierno” que prometió la administración de Ricardo Rosselló Nevares está lejos de ser una realidad. El Gobierno de Puerto Rico está retrasado en la implementación de gran parte de los cambios estructurales que buscan reducir el tamaño del aparato gubernamental, aumentar su “eficiencia” y generar ahorros recurrentes en el gasto público.

Si bien algunas de las medidas fueron promesas de campaña de Rosselló Nevares, otras han sido impuestas por la Junta de Control Fiscal, creada por la Ley PROMESA. En la mayoría de las agencias, la reestructuración gubernamental pisa y no arranca. Enfrentan un sinnúmero de dificultades para llevar del papel a la realidad los cambios previstos. También
evidencian los efectos negativos que tiene en la gestión pública una receta de austeridad sin medida.

Desde el pasado año, la Junta recibe del Gobierno los “planes de implementación”. Agencia por agencia, reforma por reforma, cada uno de estos planes muestra las medidas que se tomarán para recortar el gasto público. Luego, las agencias y el Gobierno someten “informes de progreso” mensuales. Estos dicen cómo van cumpliendo con lo que dicen los planes de implementación. También deben decir la cantidad de ahorros — si alguno — generados hasta el momento.

Tras una demanda de acceso a información contra la administración de Rosselló Nevares, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) obtuvo una gran parte de los planes de implementación e informes de progreso que el Gobierno ha entregado a la Junta hasta el pasado mes de abril. La entidad periodística liberó hoy estos documentos.

El litigio sigue su curso, ya que no se recibieron los planes e informes correspondientes a la Autoridad de
Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y la reforma de pensiones, entre otros, aunque estos sí fueron entregados por el Gobierno a la Junta. A pesar de que es una exigencia del Plan Fiscal, ni la Junta ni el Gobierno habían hecho públicos estos documentos.

“El Gobierno parece estar cumpliendo con las metas presupuestarias, pero debo decir que la mayoría de las [agencias] no están implementando las medidas de eficiencias”, dijo la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, en entrevista telefónica con el CPI. “Hay áreas de progreso. Pero hay otras que están muy, muy atrás”, sostuvo.

A partir de este próximo 1 de julio, la ruta para el Gobierno será más empinada. La administración Rosselló Nevares tendrá que conseguir tres veces más la cantidad de ahorros que debía alcanzar — y no ha logrado — este año a través de “eficiencias en las agencias”.

Según el Plan Fiscal, cada año la meta de ahorros en las agencias aumenta. El presupuesto, por su parte, disminuye. Un pedido de reacción realizado a la Oficina del Principal Oficial Financiero, Raúl Maldonado, encargada de tramitar la entrega de estos documentos a la Junta, no fue contestado al cierre de esta edición.

Cuesta arriba conseguir el “Nuevo Gobierno”
En los planes de implementación, palabras como “eficiencias”, “maximización de generación de ingresos”, “manejo de capital humano”, “control de gastos”, “optimización” y “reducción de huella”, sirven de eufemismos para la reducción del número de empleados públicos, consolidar y eliminar oficinas gubernamentales y servicios, y recortar el gasto.

Entre los documentos hay retrasos en la ejecución de medidas e incumplimiento con fechas límite pautadas. En este renglón, está la reforma de compras en el Gobierno, la cual, según Jaresko, todavía no se concretiza y retrasa los ahorros previstos bajo esta medida.

Otros retos y contratiempos mencionados en los documentos son la necesidad de lograr apoyo de los distintos actores afectados, como el personal de la agencia, alcaldes y la ciudadanía. El Departamento de Salud, por ejemplo, identifica la aprobación de medidas en la Legislatura
como el mayor “riesgo” que enfrenta la agencia para lograr sus ahorros.

También menciona como obstáculo la disponibilidad de datos en la agencia, mientras que el nivel de involucramiento (“engagement”) de los empleados figura como “riesgo”.

Según el informe de progreso de Salud entregado en abril, al cierre del año fiscal que culmina en verano estarían por debajo de sus proyecciones de ahorros en eficiencias por $17.7 millones.
El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, dijo que la agencia ha implementado medidas de ahorro para cumplir con el plan fiscal tanto en los hospitales como en programas que prestan servicios a la ciudadanía, sin especificar cuáles.

Sin embargo, expresó que “el implementar estas medidas conlleva cambios contractuales y renegociación de tarifas, lo que podría presentar ciertas demoras”.

El funcionario sostuvo que tienen que ser cautelosos con la implementación de las “economías” para no afectar los servicios primarios de salud que ofrecen a los ciudadanos.

“Se están evaluando áreas de oportunidad adicionales para realizar cambios a fin de lograr las metas deseadas”, dijo Rodríguez Mercado.

A pesar de ser implementadas, algunas medidas no rinden los frutos esperados. Este es el caso del llamado Programa de Transición Voluntaria, la apuesta del Gobierno para evitar el despido de miles de empleados públicos. El programa busca que los empleados públicos abandonen el Gobierno a cambio de un cheque con la cantidad del sueldo que recibiría el
servidor al cabo del año fiscal en curso.

Al parecer, son muchos los empleados públicos que, a pesar del incentivo económico que ofrece el Gobierno, no quieren irse al sector privado, según reflejan los planes de implementación de varias agencias. En el caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, menciona como un obstáculo que el Programa de Transición Voluntaria “no es atractivo”, lo que resultaba en una “falta de participación” de parte de los empleados.

La secretaria de Recursos Naturales y responsable del plan de implementación en su agencia, Tania Vázquez, dijo que no recordaba haber escrito en el informe que el programa “no es atractivo”. Sostuvo que la reducción de nómina que pidió la Junta era “bien extrema” y “no era
real”, al igual que no tomó en cuenta el bajo nivel salarial de los empleados de la dependencia.

Vázquez no tenía a la mano la cifra de empleados que se acogieron al programa, ni el ahorro generado, pero posteriormente informó que logró y sobrepasó la meta que se autoimpuso en este renglón por $75,000, pese a que no radicó el informe de progreso correspondiente ante la Junta.

Sostuvo que se reunió con la Junta el 5 de marzo y le hizo una contrapropuesta para lograr ahorros y aumentar ingresos con estrategias alternas, y que la misma “fue acogida de forma muy positiva de parte de ellos”.

“Había muchas medidas que realmente no fueron estudiadas a fondo, ni se hicieron de manera individualizada para cada agencia”, puntualizó Vázquez.

Sin embargo, las medidas de “eficiencias” en las agencias, según Jaresko, fueron conceptualizadas entre el Gobierno y la Junta pocos meses después que la administración Rosselló Nevares entró al poder en el 2017.

“Trabajamos juntos con un grupo establecido por el gobernador en identificar dónde y cuándo implementar las eficiencias en las agencias. […] Diría que es de 80% a 90% el plan del Gobierno y a veces la Junta difiere o tiene medidas adicionales, por lo que 5%,10%,15% es de nosotros”, sostuvo Jaresko.

Por otro lado, algunas agencias mencionan como riesgo u obstáculo la “resistencia” a implementar las medidas de parte de sus empleados, las uniones, alcaldes o ciudadanos.

El Negociado de la Policía, por ejemplo, tiene como riesgos el que los empleados rechacen ser transferidos como se propone en el plan, y que los alcaldes y la población se opongan a las medidas propuestas.

También se menciona la lentitud en los procesos que se dan entre agencias, como es el caso del Departamento de Trabajo, donde catalogan como riesgo la lentitud de la Secretaría de la Gobernación y la Oficina de Gerencia y Presupuestos en aprobar contratos.

Policía cita en sus informes la “inacción” de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH) como impedimento para lograr reclutar civiles para asuntos administrativos y así liberar más oficiales para que vayan a la calle.

La falta de fondos para implementar los cambios estructurales impera como una de las principales preocupaciones de las agencias a la hora de ejecutar las distintas medidas de reestructuración gubernamental.

Prácticamente todos los planes de implementación mencionan esto último como un escollo o riesgo para lograr los ahorros previstos. O sea, el Gobierno necesita — y no tiene — dinero para analizar y realizar los cambios estructurales que le permitirán generar ahorros.

Invest Puerto Rico y Discover Puerto Rico, dos nuevas entidades encargadas de promocionar a Puerto Rico como destino de inversiones y turístico, respectivamente, apuntan a limitaciones presupuestarias para aumentar sus operaciones y atraer el recurso humano necesario.

Como parte de la reforma de permisos, la limitación de presupuesto para operar la plataforma electrónica que se prometió figura como un obstáculo para completar la medida.

“La consolidación de las operaciones de las oficinas centrales no está siendo considerada porque al presente ya está corta de presupuesto y de personal”, lee el plan de implementación de la Junta de Calidad Ambiental.

En total, el Gobierno estimó en $175 millones los gastos de implementación de medidas solamente para este año fiscal, según el borrador de plan fiscal que entregó a la Junta a finales de marzo. En los próximos cuatro años, la partida sumaría casi $560 millones.

La presencia de asesores externos y el uso de personas mediante servicios profesionales en las diferentes iniciativas de reestructuración es notable. El Gobierno proyectó en su último borrador del plan fiscal un gasto de hasta $36 millones en asesoría relacionada a la implementación de los cambios a través de las agencias.

Esto es solamente en un año y no incluye a los asesores de la Junta, que también ofrecen consultoría para esto a precios altísimos con cargo al erario. Algunos contratistas son nombrados en los documentos como
líderes en la ejecución de las medidas.

Al mismo tiempo, los documentos reflejan un gran número de vacantes como parte del equipo de trabajo interno en las agencias. Este es el caso
de la Universidad de Puerto Rico, que según su informe del pasado 15 de abril, todavía carece de un “gerente de proyecto” para liderar los cambios estructurales bajo su plan de implementación.

La presencia de asesores externos en esta gestión se da en momentos que una de las principales medidas de ahorros a través de las agencias es precisamente la reducción del gasto en servicios profesionales.

Jaresko, por su parte, favorece el uso a corto plazo de asesores de parte del Gobierno, siempre y cuando “transfieran sus destrezas” a los empleados
de la agencia.

“Algunos son riesgos válidos”, opinó Jaresko. “Un riesgo no significa que no se puede implementar [la medida], significa que tienes que descifrar cómo mitigar ese riesgo”.

La directora de la Junta dijo que agradece que las agencias identifiquen riesgos y obstáculos, “pero esto no puede ser excusa para no lograr que las cosas se hagan”.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión y Administración fiscal. (Foto/Leandro Fabrizi Ríos)

Pocos detalles e inconsistencias
Inconsistencias, falta de claridad y uniformidad, informes incompletos. A la hora de catalogar la calidad de la información provista en los documentos, hay que ver agencia por agencia.

El Departamento de Educación, por ejemplo, entrega formularios distintos a los que utilizan la mayoría de las agencias. Los informes de progreso de Educación, la agencia con mayor presupuesto en el Gobierno de Puerto Rico, dejan fuera la cantidad exacta de ahorros logrados hasta el momento.

Abordado sobre la falta de una cifra concreta de ahorros proyectados y generados en los informes que entrega a la Junta, el nuevo secretario de Educación, Eligio Hernández, dijo que la responsabilidad de la agencia es “establecer cuántos estudiantes se van a impactar con cada iniciativa”, y no determinar ahorros.

“Nosotros no trabajamos iniciativas basadas en ahorros”, sostuvo.
A pesar de que casi todas las agencias usan el mismo tipo de formulario para sus informes, la información que brinda cada una varía mucho.

Por ejemplo, algunas agencias proyectan para dos años, mientras que otras lo hacen para cuatro. Hay planes de implementación que dejan fuera cualquier tipo de proyección numérica, mientras otros tienen métricas muy concretas.

El CPI también identificó que hay inconsistencias entre lo que muestran ciertos informes y lo que dicen las agencias públicamente.

En el caso del Departamento de la Vivienda, su informe de progreso más reciente dice que sus ahorros estructurales vendrían de su fusión con la Administración de Vivienda Pública. Pero esta estrategia “no es posible”, dice el informe, por lo que hay en marcha un plan b: consolidar
el departamento, Vivienda Pública y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda en una sola entidad y usar fondos federales de recuperación (CDBG-DR) para financiar ciertos gastos de la agencia.

“A la fecha de este informe, este proceso no se ha completado. Los ahorros siguen pendiente hasta que se complete el proceso”, lee el informe sometido a la Junta en abril.

El secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, dijo que la agencia logra ahorros en “otras partidas, no propuestas” en el plan, aunque no las detalló. Añadió que el departamento está “en el proceso de reevaluar las metas de ahorro propuestas”, mientras que todavía no culmina la “consolidación de programas”.

“Estaremos realizando las enmiendas correspondientes y se presentarán las mismas en el próximo informe”, manifestó por escrito Gil Enseñat.

Por su parte, en los primeros nueve meses de este año fiscal, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) reportó haber logrado $630,000 en ahorros estructurales en la agencia, cuando el objetivo establecido para ese periodo era de $1.5 millones.

“El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos cumplió cabalmente con los ahorros requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal. Incluso, sobrepasó la cantidad solicitada. La petición de ahorro para los años fiscales 2018 y 2019 fue de $5.9 millones y el Departamento
logró ahorros de $6,643,693.35″, reaccionó por escrito la recién confirmada secretaria del Trabajo, Briseida Torres.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció la nominación de la licenciada Briseida Torres Reyes para confirmación del Senado. (Suministrada)
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares junto a la licenciada Briseida Torres Reyes nueva secretaria del Trabajo. (Suministrada)

Según el DTRH, el exsecretario de la agencia, Carlos Saavedra Gutiérrez, participó de una “vista pública” con la Junta el pasado mes de abril en la cual presentó un “informe de Implementación del Plan Fiscal revisado y actualizado”.

“Este informe contiene los ahorros totales de $6,643,693.35 y fue validado por la Junta en la vista pública”, añadió la secretaria. Al cierre de esta edición, el CPI no pudo corroborar que esta vista tuvo lugar, o al menos que fuera pública.

Mientras los informes de algunas agencias son imprecisos o carecen de detalles, algunas instrumentalidades públicas todavía no generan estos documentos a la Junta.

La lista incluye a la OGP, la Oficina del Gobernador, la Autoridad de Alianzas Público Privadas y la Oficina del CFO, entidad encargada de entregar y recibir los planes e informes del resto de las agencias.

La página web del ente rector lleva la cuenta de los informes entregados por el Gobierno. Y dice allí que al día de hoy, la administración Rosselló Nevares ha entregado poco menos de la mitad de los documentos que solicita la Junta.

Sobre la calidad de los informes presentados por el Gobierno, para los cuales se contratan costosos asesores y firmas externas, Jaresko opinó que “varía agencia por agencia. Algunos

[informehttps://oversightboard.pr.gov/reporting-dashboard/

son excelente, otros cambian todos los meses. Algunos son buenos, otros no tan buenos. Están mejorando”. Dijo además que el equipo de asesores y empleados de la Junta ha estado “trabajando de cerca” con algunas agencias para que obtengan datos más confiables.

Un presupuesto “más ajustado”
Desde el pasado mes de marzo, el Gobierno ya advertía que estaría lejos de cumplir con los ajustes requeridos este año por la Junta en el área de reestructuración gubernamental.

En su propuesta del plan fiscal hace casi dos meses, la administración Rosselló Nevares decía que las agencias no lograrían ni un centavo de ahorro en este renglón al culminar el año fiscal. Todo lo contrario, gastaría, en vez de ahorrar, casi $300 millones para implementar cambios
estructurales en las agencias.

La Junta, por su parte, contestó con un plan fiscal que requiere al Gobierno haber logrado más de $300 millones en ahorros que provengan de “eficiencias en las agencias” cuando culmine este año fiscal el 30 de junio. El próximo año, la cifra aumenta a casi $900 millones.

A la hora de decidir dónde recorta el gasto público, la administración Rosselló Nevares ha optado por otras medidas que no “hacen al Gobierno uno mejor”, a juicio de Jaresko, incluyendo acciones que no son recurrentes.

Aunque admite que el Gobierno cumple hasta ahora con sus metas presupuestarias en general, la directora de la Junta dijo que no lo hace a través de cambios estructurales en el aparato público.

¿Llegará la Junta a reconocer que el Gobierno no puede lograr los ahorros que le exige a través de la implementación de estas medidas? ¿Cuándo admitirá que el Gobierno no puede lograr estos “ahorros”?

Al contestar, Jaresko optó por recalcar una vez más en las fallas de implementación de parte del Gobierno. Mencionó que la administración Rosselló Nevares rechaza medidas que ha pedido la Junta tales como eliminar el bono de Navidad y reducir la aportación que realiza a los
planes de salud de los empleados públicos del gobierno central a $125.

El problema, según ella, es que el retraso en la implementación de este tipo de medidas de fondo pasará factura al Gobierno eventualmente.

“¿Cuándo se podrá ver esto? Cuando el presupuesto sea aún más ajustado y no se pueda gastar más. El presupuesto será el que es y no habrá fondos adicionales”, sostuvo.

Cada año, los recortes y ajustes presupuestarios requeridos por la Junta son mayores. Y si el Gobierno no hizo cambios en la estructura gubernamental que produzcan el nivel de ahorros recurrentes que la Junta espera, llegará el momento en que no habrá suficiente presupuesto para operar como lo hace hoy día, advirtió Jaresko.

En este momento, no bastarán las medidas que ha tomado hasta ahora la administración Rosselló Nevares para recortar el gasto gubernamental.
Este escenario haría que el Gobierno no tenga de otra que tomar “decisiones difíciles” para poder cumplir con su presupuesto, según Jaresko.

“Será un presupuesto más ajustado para todo el mundo”, advirtió.

En momentos en que el Gobierno y la Junta se aprestan a aprobar un nuevo presupuesto antes del 1 de julio, la palabras de Jaresko quizá sean un presagio de lo que depara este ejercicio para el país.

Omaya Sosa Pascual, Jeniffer Wiscovitch, Joel Cintrón y Laura Moscoso colaboraron con esta historia.

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