Retratada la influencia del gobierno federal sobre la junta de control fiscal

Por Centro de Periodismo Investigativo el 28 de Noviembre de 2018

Por Luis J. Valentín Ortiz y Joel Cintrón Arbasetti

“¿Ya comenzaron a involucrarse con los acreedores?”, preguntó Ted McCann entonces asesor del presidente de la Cámara, Paul Ryan (R-Wisconsin), a Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, en un correo electrónico con fecha del martes, 21 de marzo de 2017.

Al cabo de unas horas, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), cuyo nombramiento a la Junta fue impulsado por la oficina de Ryan, contestó: “Sí, hay mucha atención sobre la controversia GO/Cofina. Cada grupo [de acreedores] está escalando su retórica. La Junta está presionando para que se dé un progreso significativo. El reto es el sobrante limitado [primary surplus] proyectado como disponible para el servicio de la deuda en los primeros 10 años. Debo saber más para la próxima semana”.

Esa misma noche, McCann ripostó: “Ninguno de los principales grupos de acreedores (Oppenheimer, Franklin, Goldman, Ambac, etc.) con los que he hablado ha dicho que haya estado en contacto con ustedes. ¿Cuál es la discrepancia aquí?”.

“No lo sé, averiguo”, contestó García.

Decenas de ejemplos como este retratan, en blanco y negro, la relación de poder colonial del Gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico por medio de la Junta de Control Fiscal en más de 5,600 documentos, cartas y correos electrónicos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras una demanda presentada hace un año y medio en contra de la Junta para lograr acceso a esta información pública. La entrega de documentos corresponde a las comunicaciones entre el ente rector y el Congreso, la Casa Blanca y agencias federales, desde el comienzo de la Junta en el verano del 2016 hasta mayo de este año.

Ya sea desde la oficina de un congresista o de algún funcionario federal, predominan en las comunicaciones obtenidas los pedidos continuos de información y de reuniones dirigidos a miembros y oficiales de la Junta, quienes usualmente los atienden casi al instante. También aparecen discusiones, advertencias, “recomendaciones” y cuestionamientos sobre temas como la aprobación de los planes fiscales, la negociación de la deuda, el estatus político, el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), las operaciones de la Junta y los fondos federales destinados a la isla tras los huracanes Irma y María.

Responden a sus oficinas congresionales

En una carta del 29 marzo de este año y dirigida al presidente de la Junta, José Carrión, el congresista republicano Rob Bishop (R-Utah) arremetió contra la Junta por la falta de acuerdos entre el Gobierno y sus acreedores, así como por la implementación insatisfactoria de PROMESA.

Ese mismo día, Andrew Vecera, quien trabaja para el Comité de Recursos Naturales liderado por Bishop, escribió a Carrión: “Espero que te encuentres bien (y perdón por agobiarte con más trabajo). Anejo una carta del [representante] Bishop sobre la revisión de los Planes Fiscales. Queremos reiterar el poder que tiene la Junta con respecto a los Planes Fiscales para rechazar las acciones recientes del Gobernador [Rosselló Nevares]. Es un poco agresiva… Déjame saber si tienes preguntas, si no, espero que tengas felices Pascuas”.

Horas después, el presidente de la Junta contestó: “Gracias Andrew. Han sido unos días interesantes. Confirmo el recibo de la carta y sí, la veo fuerte y en mi opinión, en su totalidad, útil para la Junta y lo que se tiene que hacer. Entiendo el raciocinio del componente de acreedores en la carta, pero aquí mi único comentario sería que estamos activamente, en distintos frentes, buscando un acuerdo, pero se necesita buena fe de múltiples partes. De todas formas, sabemos que esto es esencial a nuestro mandato y lo vamos a luchar. Esperamos que eso se acelere después de la certificación [de los planes fiscales] del 19 y 20 [de abril]”.

Poco más de tres meses antes, en diciembre del 2016, Carrión recibió desde la oficina de Bishop copia confidencial de una carta que ese mismo congresista le enviaría a la Junta unos días después. Como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Bishop ha estado involucrado con el tema de Puerto Rico desde la concepción de la ley PROMESA. La semana pasada, comenzó a impulsar un nuevo plebiscito de estatus para la isla tipo ‘estadidad sí o no’, a pesar del proyecto propuesto por la representante sin voto de Puerto Rico en el Congreso, Jenniffer González.

“José, según discutimos hoy, anejo un borrador confidencial de la carta que el Comité de Recursos Naturales interesa enviarte como presidente [de la Junta]. Puedes compartirla con el resto de los miembros de la Junta, pero más allá de eso, favor de mantenerla confidencial. […] Por favor, déjame saber si esta carta causará problemas a la Junta”, escribió Bill Cooper, un asesor de la oficina de Bishop, a Carrión.

Cooper, uno de los autores intelectuales de la ley PROMESA y quien sonó como posible director ejecutivo de la Junta, aparece en un gran número de las comunicaciones obtenidas. En el 2017, abandonó el Congreso para liderar la nueva oficina en la capital federal del bufete puertorriqueño McConnell Valdés. El pasado mes de agosto, fue nombrado por Trump como asesor en el Departamento de Energía federal y ahora trabaja, una vez más, en el tema de Puerto Rico.

Del lado Republicano, Carrión, García, Biggs y Skeel son contactados frecuentemente por las oficinas de Ryan y Bishop, así como también del senador Orrin Hatch (R-Utah) y el líder de la mayoría Republicana en el Senado, Mitch McConnell (R-Kentucky). En el caso de Hatch, el presidente del Comité de Finanzas en el Senado participó activamente en la concepción de la Junta y PROMESA y ha sido uno de los congresistas más vocales en temas relacionados a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico como la reforma contributiva y los fondos federales de salud.

La Junta también recibe supervisión directa del lado Demócrata. En el caso de Ana Matosantos — una de las tres personas impulsadas por los Demócratas para la Junta — mantiene comunicación directa con la oficina de la congresista Nydia Velázquez (D-Nueva York).

“Este juego de acusar/adjudicarse crédito es ridículo”, escribió en un email Rosanna Torres, una asesora de Velázquez, sobre una noticia que citaba a Rosselló Nevares diciendo que la Junta no se había comunicado con él tras el paso del huracán Irma.

“De acuerdo. Especialmente dadas las circunstancias. ¿Viste nuestro comunicado? Pensé que era un asunto de circunscribirse a los hechos. No sé cómo terminamos en dime direte de nuevo (sic)”, reaccionó Matosantos.

Miembros de la Junta y el Congreso también se circulan documentos que están fuera del dominio público. Este es el caso de los comentarios de los consultores financieros de la Junta sobre los planes fiscales de Puerto Rico, los cuales compartieron con la oficina de Bishop, pero pidieron mantener confidenciales.

Según la Junta, sus decisiones responden “únicamente a los mandatos de PROMESA y a los mejores intereses de Puerto Rico”. La entidad confirmó al CPI que se comunica “regularmente con múltiples partes interesadas, incluyendo congresistas y funcionarios del Gobierno Federal, cuyas políticas públicas y acciones tienen un impacto significativo sobre la economía de Puerto Rico”.

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