19 de Octubre de 2019

Rivera Schatz pide cuentas a secretaria de Justicia sobre pesquisa de WhatsApp

Por el 2 de Abril de 2018

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó hoy que enviará una misiva a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, para que defina cuándo presentará el informe en torno a la conversación a través de la aplicación de mensajería WhatsApp que implica al expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, y varios funcionarios del gobierno.

Tras una reunión ejecutiva para definir la dirección de la pesquisa que realizará la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado en cuanto al funcionamiento de la CEE, Rivera Schatz no descartó cuestionar los hallazgos de Justicia si la investigación no rinde frutos.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Yo espero que Justicia tenga un informe que sea convincente. El informe que Justicia debe rendir no es para el Senado de Puerto Rico, es un informe para todos los puertorriqueños, para que el pueblo de Puerto Rico entienda que se trabajó con un alto sentido de responsabilidad y que se fijen responsabilidades donde corresponda”, declaró Rivera Schatz.

En febrero, Rivera Schatz concedió a Justicia un mes para culminar la pesquisa en torno al polémico “chat”. Al concluir este periodo, Vázquez Garced solicitó dos semanas adicionales, tiempo que vencerá mañana.

La investigación de Justicia inició luego de que el senador popular Aníbal José Torres divulgara un grupo de WhatsApp en el que participaron Ramos Sáenz y funcionarios de La Fortaleza, entre ellos el secretario y la subsecretaria de la Gobernación, William Villafañe e Itza García, respectivamente. 

Según la conversación en la aplicación móvil, el juez suspendido consultó decisiones electorales con varios funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) mientras se desempeñaba como juez en la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Moca.

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“Si la investigación del Departamento de Justicia no nos convence, podríamos inclusive mirar el método que utilizaron, cuestionar la investigación y revisar por qué llegaron a unas conclusiones que no son satisfactorias”, sentenció Rivera Schatz.

El presidente del Senado adelantó que la investigación sobre las operaciones de la CEE continuará, pero no tocaría el escándalo del “chat” si el informe de Justicia responde los cuestionamientos éticos contra Ramos Sáenz y otras figuras políticas.

Citará a empleados de la CEE

Otro asunto que se atenderá al amparo de la Resolución del Senado 600 es la controversia del director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la CEE, Roberto Benítez Burgos, quien presuntamente no firmó sus hojas de asistencia.

Anteriormente, se dijo que el hijo de Norma Burgos no completó sus hojas de entrada y salida por unas tres semanas. Sin embargo, Rivera Schatz informó hoy que el patrón de no registrar la asistencia ocurrió desde julio del año pasado hasta enero.

“Vamos a citar en los próximos días a vista ejecutiva al secretario de la [CEE], la directora de Recursos Humanos y al auditor, para que nos aclaren unos extremos, porque en el informe del propio auditor resalta que hay problemas mayores en términos de asistencia a lo que nosotros estimamos que existían”, detalló el líder senatorial.

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El informe en discusión fue presentado ante la Legislatura por el presidente interino de la CEE, Nicolás Gautier. Rivera Schatz manifestó que la citación de los empleados de la Comisión responde a que “estamos hablando de una persona que tiene un sueldo altísimo y que no estaba cumpliendo con las normas”.

Otro aspecto que investigará la comisión senatorial es el aspecto operacional de la CEE, para evaluar “cómo podemos maximizar y ser más eficientes en nuestro aparato electoral”.

En cuanto a las formas en que se podrían “lograr eficiencias”, Rivera Schatz considera consolidar ciertas JIP por tres años para luego reabrirlas en cada precinto durante el año de elecciones.

A esto agregó que evaluará si en efecto es necesaria la tarjeta electoral, pues existen otros métodos para identificar a los votantes. Rivera Schatz sostuvo que la producción de las tarjetas electorales asciende a sobre un millón de dólares, gasto que podría ahorrarse de eliminarse su uso.

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