24 de Septiembre de 2022

Rosselló destaca papel del Tesoro para evitar precipicio de liquidez

Por el 8 de Diciembre de 2016

Por Philipe Schoene Roura y Luis J. Valentín Ortiz

En su transición a La Fortaleza, el gobernador electo Ricardo Rosselló está presentando iniciativas en múltiples frentes —con el gobierno federal, los acreedores de Wall Street y las agencias locales— para hacerle frente a un inmediato “Maturity wall” de aproximadamente $2,000 millones que se divisa en el horizonte, tan pronto como en febrero de 2017.

“He hablado con el Tesoro [de los Estados Unidos] sobre esto, y con los demócratas y los republicanos. Tenemos una situación muy real que se dio a conocer recientemente [durante las vistas de transición]. Así que no tendremos dinero en febrero si las cosas siguen como van. Necesitamos encontrar estrategias interinas de financiamiento a corto plazo y acceso a capital”, dijo Rosselló a Caribbean Business en un eriodo de descanso de las reuniones de la Asociación Nacional de Gobernadores celebradas en Washington DC la semana pasada.

(CB / Juan Rodríguez)

(Juan J. Rodríguez/CB)

Esto incluye lograr que el Tesoro estadounidense sea más proactivo en ayudar a aliviar la crisis financiera de Puerto Rico.

“El resultado final que buscamos es cómo obtener financiamiento interino a corto plazo que no limite nuestro camino hacia adelante. Creo que algunas de esas estrategias están ahí; pueden discutirse pero el Tesoro tiene que echar hacia adelante y también ser parte de la solución… Sin duda, hay ciertas acciones específicas que ellos podrían tomar. Es solo cuestión de voluntad”, agregó Rosselló.

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Además, las iniciativas están en un terrible calendario que se hace cada vez más urgente debido a la apretada ventana para aprobar el plan fiscal del gobierno del ELA por parte de la junta de control fiscal, que espera tener el documento certificado el 31 de enero. El gobierno saliente de Alejandro García Padilla debe presentar un borrador el 15 de diciembre, aunque ya ha dicho que le dejará el asunto al gobernador electo.

“Desafortunadamente, desde nuestra perspectiva, estamos corriendo contra el reloj. Juramento [el 2 de enero] y estoy muy dispuesto a implementar las políticas estructurales y los cambios necesarios para que Puerto Rico eche hacia adelante”, dijo Rosselló. “Sabemos que esencialmente la fecha límite para el plan fiscal será a mediados de enero y necesita estar certificado para el 31 de enero. En términos prácticos, no sé cuánto tiempo eso nos brinda para abrir esfuerzos de renegociación de buena fe [con los acreedores]. Sin embargo, estoy haciendo el esfuerzo —aún sin el plan fiscal— para obtener más información sobre la situación actual.”

Para ello, la administración entrante cuenta con equipos de transición que trabajan en varias agencias gubernamentales y examinan datos financieros y otra información operacional. Algunos de estos equipos incluyen a los actuales empleados del gobierno que trabajan en el proceso de transición pero son pagados por sus respectivas agencias, dijeron fuentes a este periódico, lo que provocó conflictos con los sindicatos y la administración. Se ha notado la fricción en el proceso a lo largo de las vistas oficiales de transición que se han llevado a cabo semanas recientes.

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La colocación de brigadas de transparencia por parte de Rosselló en varias agencias gubernamentales es una medida que pretende asegurar un control sobre la situación fiscal. La iniciativa tendría el doble efecto de permitir que el gobernador electo logre persuadir a la junta fiscal a adaptar el plan fiscal para que se ajuste a su plan de crecimiento, a la vez que asegura la confianza de los acreedores en ruta a obtener una solución de liquidez a corto plazo que pudiera ayudar a Puerto Rico a mitigar la brecha de efectivo en febrero.

Estamos abriendo eso a nuestros acreedores para que realmente puedan tener una idea de lo que está sucediendo en Puerto Rico y de la realidad, de manera que podamos tomar algunas decisiones juiciosas y podamos hacer lo mejor para el pueblo de Puerto Rico y las partes interesadas”, explicó Rosselló.

El gobernador electo agregó: “Estoy dispuesto a implementar algunas de las políticas y las reformas estructurales que deben ser ejecutadas antes de que se presente el plan. Tenemos al menos una semana antes de que se presente el proyecto final donde se pueden cambiar algunas de las suposiciones subyacentes al modelo actual y la estructura actual del plan fiscal. Creo que tenemos un poco de tiempo y espero que la junta de control fiscal tome nota y actúe acorde a ello”.

Preparando el camino para el financiamiento

Según Rosselló, él ha trabajado rápidamente no solo con miembros poderosos de la comunidad acreedora, sino también con funcionarios del gobierno federal, buscando maneras de superar las brechas de financiamiento que no le cuestan caro a Puerto Rico.

Uno de esos posibles mecanismos fue hecho público por este periódico la semana pasada a través de fuentes en Wall Street que expresaron su disposición a prestarle un fondo respaldado por los ingresos de la Ley 154 que actualmente superan los $2,000 millones anuales. La Ley 154 es el impuesto al consumo del 4% que se promulgó por primera vez bajo la administración de Luis Fortuño, prorrogado hasta el próximo año por el gobernador saliente García Padilla. Un poco más de una docena de empresas multinacionales que hacen negocios en la isla pagan el impuesto, lo cual representa alrededor de una cuarta parte de los ingresos anuales del gobierno.

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Fuentes coincidieron en que dicho vehículo requeriría acción por parte del Tesoro de los Estados Unidos, que aún no ha ido más allá de proveer asistencia técnica y cabildeo para la aprobación de Promesa, siglas en inglés de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

(CB / Felipe Torres)

(Felipe Torres/CB)

Cuando se le preguntó sobre esta propuesta, Rosselló dijo que no discutió ningún “mecanismo específico” con el Tesoro. “Discutí la posibilidad de que intervengan en nombre de Puerto Rico para crear un mecanismo como el que ustedes propusieron”, dijo a este periódico, haciendo referencia a una maratónica sesión de ocho horas que sostuvo con funcionarios del Tesoro estadounidense hace varias semanas.

Según fuentes y funcionarios del gobierno, el Tesoro ha estado presionando durante mucho tiempo para que el gobierno de Puerto Rico haga una transición del impuesto sobre el consumo de la Ley 154 a una regla modificada de fuente de ingresos —algo que allegaría menos dinero a las arcas del ELA a la vez que implicaría el riesgo de que algunas de estas empresas reconsideren sus operaciones en la isla.

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Hasta el momento, las compañías bajo la Ley 154 pagan el impuesto del 4% al gobierno de Puerto Rico y luego reclaman un crédito fiscal federal. Esto es posible gracias a una autorización temporera emitida por el Tesoro en 2011, aunque nunca se ha emitido un juicio permanente en cuanto a su credibilidad —el impuesto sobre el consumo iba a ser un mecanismo transitorio de ingresos— y ahora parece cada vez más probable que quedará fuera de la ecuación.

En cuanto a la Reserva Federal, Rosselló enfatizó que “no va a estar involucrado” en una potencial solución de liquidez a corto plazo para Puerto Rico. El gobernador electo agregó que pidió ayuda a la Fed para validar los datos financieros del ELA, lo cual él considera que es una ayuda muy necesaria que la entidad podría proporcionar.

“En el plazo inmediato necesitamos flujo de efectivo, por lo que siempre le ofrecí al Tesoro una solución a estos asuntos para obtener ya sea algún flujo de efectivo, hacer que participaran en ayudar a lograr acceso a financiamiento a corto plazo o que viabilizaran que haya más capital fluyendo en Puerto Rico”, dijo Rosselló, señalando iniciativas como las medidas federales de contratación y la eliminación del formulario de intercambio electrónico de información para las empresas en la isla. “Pero no he visto mucha acción en ese aspecto”, culminó.

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