Rosselló revertirá cambios en política de uniformes en Educación

Por Cindy Burgos Alvarado el 10 de Noviembre de 2016

El gobernador electo de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, afirmó hoy que retractará la nueva política del uso de uniformes del Departamento de Educación en la que se permite que niños y niñas utilicen falda o pantalón de acuerdo a su identidad de género, directriz establecida en la carta circular 16-2015-2016.

De igual forma, el gobernador electo manifestó que mantendrá la educación con perspectiva de género en las escuelas, pero eliminando lo relacionado a la educación sexual, parte que alega debe dejarse en manos de los padres. Los cambios para una educación con perspectiva de género se establecieron en la carta circular 19-2015-2016.

“La ley en la que se basa esa carta circular de perspectiva de género va a permanecer. Lo que vamos a cambiar va a ser el componente que no es tradición, nuestro compromiso con Puerto Rico es que el poder de decidir dónde y cómo se da la educación sexual a los hijos reside en los padres”, sentenció Rosselló en una rueda de prensa en La Fortaleza al concluir su primera reunión como gobernador electo con el primer ejecutivo Alejandro García Padilla.

En torno a permitir que los niños usen falda y las niñas usen pantalón de acuerdo a su identidad de género, Rosselló dijo que “me opongo a eso”. Esta política, establecida el año pasado, fue celebrada por la comunidad LGBTT como un triunfo hacia la inclusión y equidad.

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El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) aclaró que “la nomenclatura a veces confunde”, en referencia a la equidad de género versus la educación con perspectiva de género.

“La equidad de género es uno de nuestros esfuerzos en la plataforma que nosotros estamos solicitando, y dicho sea de paso una de las primeras órdenes ejecutivas que voy a firmar va a ser el requisito de igual paga por igual empleo en el gobierno central”, agregó.

Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) respalda la incorporación de una perspectiva de género y la define como “el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad”.