6 de Agosto de 2020

San Juan somete recursos legales para presionar al Gobierno

Por el 28 de Agosto de 2017

Flanqueada por dos de sus asesores legales, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy la radicación de sendos recursos legales, uno en el tribunal estatal y otro en el federal, para intensificar su reclamo por recuperar los fondos para los servicios esenciales del municipio y que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) mantiene congelados.

Cruz Soto hizo el anuncio luego que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, firmara recientemente la ley que viabiliza la reestructuración del BGF.

De izquierda a derecha, Charlie Hernández, asesor legal en demanda federal; la alcaldesa Carmen Yulín Cruz; y Frank Torres Viada, asesor legal en el caso estatal. (Agustín Criollo/CB)

“He ordenado a los abogados del municipio a intensificar la estrategia legal en las demandas radicadas a nivel federal y estatal, y así seguir dando la pelea para proteger el dinero que pertenece a los ciudadanos de San Juan para recibir los servicios esenciales que se merecen”, sentenció la primera ejecutiva municipal durante una conferencia de prensa.

Según explicó, la demanda estatal busca el recobro de los fondos del exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE) pertenecientes a su municipio, que eran utilizados para prestar servicios esenciales a la ciudadanía y que fueron incautados por el BGF.

Cruz Soto indicó que el municipio le ha requerido a la institución información que consta en documentos públicos en relación al manejo de fondos municipales provenientes del CAE, ya que, según aseguró, el BGF no ha sido transparente con los datos referentes a esos fondos.

“En el requerimiento de información al licenciado Christian Sobrino y al propio BGF, el municipio busca, entre otras cosas, explicaciones de por qué el BGF, tanto en la administración anterior como en la actual, ha manejado el sobrante del CAE de San Juan no permitiendo el acceso a estos fondos por parte de los municipios; cuánta es la cantidad de exceso de CAE que el BGF le debe a San Juan y otros municipios para 2017 […] En el caso de San Juan, también hay dinero de sobrante del CAE de 2015 y 2016 que no se le han dado al municipio. Además se precisa información sobre cómo el BGF negoció el acuerdo de reestructuración con sus bonistas”, dijo.

A la demanda estatal se unieron los municipios de Hormigueros, Comerío, Salinas, Isabela, Juana Díaz, San Lorenzo, Patillas, Luquillo, San Germán, Arroyo y Yabucoa.

El segundo recurso legal, incoado en el tribunal federal, busca que la jueza Laura Taylor Swain declare inválidos los procesos que realiza el BGF, que resultan contrarios a las disposiciones de la ley Promesa por privar a los municipios de fondos con los que se proveen servicios esenciales a la ciudadanía.

Confiado el gobernador que prevalecerá contra la junta en reducción de jornada 

“Hace una semana también incoamos una demanda a nivel federal contra la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), contra el BGF y la junta de supervisión fiscal porque entendemos que las cosas no se están haciendo como se deben hacer y eso va en detrimento, no solo de la gente de San Juan porque nos quita recursos, sino que va contrario a lo que la misma ley Promesa establece como requerimiento”, indicó Cruz Soto.

Por su parte, Charlie Hernández, asesor legal del municipio en la demanda radicada en el tribunal federal, explicó que la petición a la jueza Swain es que proteja su jurisdicción ya que, de lograrse los acuerdos transaccionales, los remedios disponibles para esta serían mucho más complejos para poner en vigor.

“Lo que pedimos es que ordene la paralización de recogido de endosos a la transacción. Pero el tribunal tiene que avalarla. Eso es un acto que no ha ocurrido y en medio de ese proceso está el pleito del municipio de San Juan, que tiene que adjudicarse como parte del proceso de evaluación que tiene que hacer la jueza”, indicó Hernández.

“Siempre hay un último recurso pero son más difíciles de poner en vigor así que le planteamos al tribunal que detenga la transacción, la evalúe en sus méritos, escuche nuestro argumento de que los fondos del municipio están siendo utilizados para otros fines que no son servicios esenciales y por consiguiente adjudique esa controversia y luego entre a la discusión del acuerdo transaccional”, añadió.

A preguntas de la prensa sobre el posible alegato del Gobierno de señalar que los municipios son criaturas de la Legislatura y es este cuerpo el que evaluó el acuerdo y por lo tanto no es impugnable, el abogado aseguró que el argumento pretende ignorar la existencia de la ley federal Promesa.

Carmen Yulín Cruz tilda de “pataleta” reacción de Rosselló a demanda de la junta

“La ley Promesa es clara sobre ese asunto. El municipio de San Juan, si lo van a tratar como a otro grupo de acreedores, tienen que preguntarle y este tiene que consentir a eso. Además, dos terceras partes de los municipios de la isla tendrían que consentir también al acuerdo transaccional para que sea vinculante.  El hecho de que el Gobierno de Puerto Rico quiera renunciar al concepto de autonomía municipal súbitamente no significa que eso de por sí deja sin efecto el texto de la ley federal”, sostuvo Hernández.

La alcaldesa aseguró que seguirán “dando la pelea” para recuperar el dinero perteneciente al municipio de San Juan.

image_print

You must be logged in to post a comment Login