21 de Octubre de 2018

Satisfecho el presidente de Industriales con proyecto que da preferencia a contratistas locales

Por el 9 de Octubre de 2018
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El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Rodrigo Masses, se expresó satisfecho hoy con la firma del Proyecto del Senado 999, el cual enmienda la Ley de las Alianzas Públicas Privadas (APP), para incluir el requerimiento de cumplir con la ley que protege la industria local de bienes y servicios en la contratación por parte del gobierno.

“Las Alianzas Público-Privadas, han demostrado ser un mecanismo idóneo para que la ciudadanía continúe disfrutando de servicios que ya el gobierno no tiene la capacidad de proveer, de manera eficiente y adecuada. El incluir las APP en la política pública preferencial para las compras por parte del gobierno de Puerto Rico asegura un efecto multiplicador e impacto significativo en nuestra economía”, expresó Masses en declaraciones escritas.

“Es por eso, que es indispensable, tal como señala el P. del S. 999, que los contratantes bajo el modelo de la APP cumplan con las disposiciones de la Ley 14. Agradecemos al Gobernador, al Presidente del Senado y a los demás miembros de la Asamblea Legislativa por esta iniciativa, la cual defiende al industrial local y promoverá el desarrollo económico y social de Puerto Rico,” señaló.

Anteriormente, el presidente de los Industriales había expresado que en el 2004, la Asamblea Legislativa aprobó una medida para asegurar una política pública preferencial para las compras por parte del gobierno de Puerto Rico. Se trata de la Ley Núm. 14 de 2004, según enmendada, la cual brinda unos parámetros y establece unas exigencias respecto a la adquisición de productos y contratación de servicios ofrecidos por empresas locales que manufacturan y generan sus bienes y servicios en Puerto Rico.

A esos efectos, se estableció la Junta para la Inversión en Industria Puertorriqueña adscrita a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, que tiene como una de sus principales, encomiendas asegurar un apoyo a los servicios y productos de índole local estableciendo unos parámetros de contratación y/o consumo.

De acuerdo al directivo, la inclusión de la cláusula que obliga a las entidades privadas participantes en los contratos de alianza a cumplir con las disposiciones de la Ley 14, “es una medida sensata que promueve el desarrollo económico de Puerto Rico” y es “un buen paso para asegurar el fortalecimiento y la implantación adecuada de la política pública” en beneficio de la industria local de bienes y servicios.

La firma del proyecto viene en momentos en que un estudio del Centro para una Nueva Economía reveló que las autoridades federales prefieren contratar negocios del extranjero en vez de negocios locales para trabajos relacionados con la devastación ocasionada por los huracanes Irma y María.

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