23 de Agosto de 2019

Se complica el panorama para implementar Ley del Empleador Único

Por el 27 de Abril de 2017

La aprobación del Proyecto de la Cámara 938, que reduce los beneficios de vacaciones, bonos y aportación patronal al plan médico en el sector público, ha desatado una disputa entre el gobierno y los sindicatos que consideran que su participación en el proceso es para que escojan cómo prefieren ser ejecutados porque la sentencia de muerte es irrevocable.

Pero mientras se debate dicho proyecto en el Capitolio, hay una bomba de tiempo que todavía se desconoce cuándo explotará, pues su implementación ha sido más complicada de lo que inicialmente consideró el gobierno. Se trata de la Ley 8 del gobierno como Empleador Único, que permitiría al Ejecutivo colocar a los trabajadores públicos donde más los necesita. Aunque se espera que a principios de mayo se publique el reglamento que regirá la movilidad y establecerá las bases para la clasificación y retribución uniforme en el gobierno, es poca y, en cierto sentido, contradictoria la información que se tiene al respecto.

Mientras se espera la publicación del reglamento que regirá la movilidad de los trabajadores públicos, el gobierno busca aprobar otra medida que trastoca sus beneficios. (Juan J. Rodríguez/CB)

Mientras se espera la publicación del reglamento que regirá la movilidad de los trabajadores públicos, el gobierno busca aprobar otra medida que trastoca sus beneficios. (Juan J. Rodríguez/CB)

Por un lado, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, afirmó en entrevista con CB en Español, que la Oficina de Transformación y Administración de Recursos Humanos (OATRH) desarrolló un “borrador” del reglamento y se encuentra discutiendo con varios sindicatos cómo atender sus “preocupaciones” sobre el documento previo a emitir la versión final. El borrador incluye, además de las bases para la movilidad, un “registro de voluntarios”, que son empleados públicos que se han puesto en la disponibilidad de trabajar en otra agencia.

“Lo que me han dejado conocer es que sí, hay muchos empleados interesados en moverse, en gran parte porque lo ven como una oportunidad de crecimiento profesional”, acotó Villafañe, quien entiende que las corporaciones públicas serían las que más empleados recibirían por los beneficios que estas ofrecen. También posee una lista de las “áreas de necesidad” donde el gobierno requiere más trabajadores. Entre estas, el funcionario adelantó: el área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, los servicios de utilidades en las corporaciones públicas, personal en el nuevo Departamento de Seguridad Pública, trabajadores sociales, oficiales de custodia y “programas federales que necesiten recursos humanos”.

“Me he reunido con casi todos ellos [los líderes sindicales]. La política ha sido de total apertura. Hemos hecho cambios a la legislación para incluir sus preocupaciones… Hay una realidad que enfrenta el gobierno y hay unos objetivos, que no son otra cosa que salir de la crisis y lograr que Puerto Rico se encamine en una recuperación”, sostuvo Villafañe, quien reconoció que hay “discrepancia” con los sindicatos en cuanto a los ajustes a realizarse.

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Sin embargo, la historia que cuentan los líderes sindicales es otra. Varios de los consultados dijeron que no se han reunido con el gobierno. No obstante, Annette González, presidenta Servidores Públicos Unidos (SPU) confirmó haber conversado sobre el reglamento con Villafañe y con la OATRH, pero indicó que no era un borrador, sino una “presentación” que rechazaron entregárselas por escrito porque “no era final”. González dijo a CB en Español que en esa presentación de diapositivas de la OATRH levantaron varias preocupaciones de asuntos no contemplados en el reglamento, ante lo cual les insistió que les permitan ver el borrador oficial previo a publicarlo.

Preocupación con los sistemas

Entre las preocupaciones, destacó que la agencia “no había tomado en consideración” que cuando un empleado va a movilizarse debe avisarse también al sindicato que lo cobija. “Se le presentó y dijeron que lo van a incluir”. El otro asunto que no se consideró en el documento es el sistema de asistencia que se usa en cada agencia y lo que ocurriría cuando un empleado sea trasladado.

González explicó que ya el gobierno tuvo problemas con la integración de la Oficina de Antelación al Juicio con el Negociado de Instituciones Juveniles al no considerar el traslado del balance de días de vacaciones y enfermedad o jornada laboral de los empleados en los sistemas de recursos humanos, lo cual redundó en dificultades para los trabajadores al momento de cobrar o solicitar sus beneficios.

“En ese caso, la administración de personal no pensó, se movieron los empleados y no se hicieron esos cambios… [Con el empleador único] nos preocupa mucho cómo el gobierno lo va a implementar. Va a haber problemas, pero quisiéramos tratar de minimizarlos”, sostuvo la presidenta de lSPU, que agrupa a unos 13,000 trabajadores de 10 agencias del gobierno central.

Falta transparencia

Por su parte, el portavoz del Programa Solidaridad Utier (Prosol Utier), Luis Pedraza Leduc, dijo que aunque lo han solicitado, no han logrado reunirse con el gobernador Ricardo Rosselló ni con el secretario del Trabajo. Sostuvo que reunirse solo con ciertos sindicatos abona a la falta de transparencia y a la división del sector laboral.

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“En este momento, no hay transparencia. Es un proceso para hacer todo rápido, a escondidas. Un proceso que no es participativo… No hay espacio para diálogo porque lo que me están diciendo es, si me matan con un cuchillo o con la horca, que escoja”, afirmó el líder de Prosol Utier, que cobija a unos 2,000 empleados públicos de varias agencias y municipios.

El gobierno tampoco se ha reunido con la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), dijo su presidente Víctor Villalba, quien ni siquiera recibió el borrador del reglamento del Empleador Único para su evaluación. Ninguno de los líderes sindicales consultados pudo constatar que, en efecto, haya una cantidad significativa de voluntarios para moverse a otra agencia, como afirmó Villafañe.

Muchos cambios, muy rápido

De otra parte, el abogado laboral Ruy Delgado, exsecretario del Trabajo, opinó que el problema con la Ley 8 es que contempla demasiados cambios en poco tiempo, y no considera el personal disponible para movilizarse —es decir, el que no es necesario en ciertas agencias— y cómo se colocaría en las áreas de necesidad. Aunque reconoció que el gobierno podría recortar los beneficios de los empleados cobijándose en la crisis económica, Delgado apuntó que ha sido poca la información relacionada a los ahorros que traerá la Ley 8, ante lo cual cuestionó el proceso de implementación.

“Eso quiere hacerse en dos meses. No sé cuán efectivo va a ser. Si se va a hacer desorganizada o desarticuladamente, es posible que cuando se realicen los cambios [de personal] se concluya que no se lograron los ahorros”, sentenció. Este medio solicitó entrevista con personal de la OATRH para que aclarara dudas sobre el reglamento, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Tampoco se informó si habrá vistas públicas del reglamento, como requiere la Ley de Procedimiento Uniforme.

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