¿Se hará el gobierno de los Estados Unidos responsable de la deuda de Puerto Rico?

Por Eva Lloréns Vélez el 4 de Mayo de 2018

Cuando el territorio de Washington D.C. lo administró una junta de control financiera en la década del 1990, el gobierno federal, a diferencia de Puerto Rico, pagó la responsabilidad de pensiones de la región y permitió que D.C. tomara préstamos del Tesoro de los Estados Unidos para financiar $500 millones de deuda.

El gobierno federal acordó asumir el pasivo por pensiones de $5,000 millones del Distrito -una deuda tan grande como su presupuesto total en ese momento- para todos los empleados activos y jubilados. El gobierno federal también acordó proporcionar a D.C. $129 millones en el primer año de su crisis de deuda y $685 millones en cinco años para financiar los tribunales de la ciudad y aliviar ese drenaje en el presupuesto del estado capital.

También, aumentó los fondos de Medicaid y otorgó a la capital del país la autoridad bajo un plan de revitalización para tomar del gobierno federal un préstamo de 15 años para pagar hasta $500 millones en deudas.

Al avanzar hasta el año 2016, cuando el Congreso promulgó la ley Promesa con la estipulación de que la entera fe y crédito de EE.UU. no se extenderá a la deuda de Puerto Rico y el gobierno federal no se hará responsable de la enorme deuda de la isla de $70,000 millones o cualquier obligación.

¿Es eso legal?

Algunas personas y abogados creen que esta disposición en Promesa puede ser inconstitucional. La semana pasada varios sindicatos, grupos cívicos e individuos demandaron en el Tribunal de Distrito de EE.UU. impugnar la constitucionalidad de la junta de control fiscal. Como parte de la demanda, buscaron incluir al gobierno de EE.UU. en la acción legal no solo para tomar una posición sobre sus reclamos sino también para “asumir todas y cada una de las responsabilidades constitucionales y legales que debería ser obligada a asumir sobre la deuda pública del gobierno de Puerto Rico”.

En la demanda, presentada por René Pinto Lugo y otros en contra de la junta de control fiscal y el gobierno de los EE.UU. los demandantes describen las condiciones creadas por EE.UU que llevaron a la quiebra de Puerto Rico. Señalaron que el Congreso eliminó los incentivos fiscales de la Sección 936, que habían ayudado a atraer industrias a la isla, y por lo tanto obstaculizaron su desarrollo económico y los ingresos del gobierno.

En el contexto de la historia, la demanda afirma que el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado los llamados casos insulares, una serie de sentencias del Tribunal Supremo federal de principios del siglo XX que han servido para justificar la discriminación contra los territorios, para otorgar a Puerto Rico menos fondos federales de los que el gobierno federal proporciona servicios a los estados.

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Los abogados argumentan que las sentencias recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que establecen que Puerto Rico no tiene soberanía separada de la de EE.UU. responsabiliza al gobierno estadounidense de la deuda de la isla.

Yasmín Colón, una abogada que escribió un libro sobre Promesa con Rolando Emmanuelli, dijo que en el caso de Sánchez Valle decidió que la fuente final de poder para Puerto Rico yace en el Congreso. Esta decisión, que se realizó poco antes de la aprobación de Promesa, establece que una persona condenada por un crimen en un tribunal federal no puede ser juzgada por el mismo delito en los tribunales locales porque no hay soberanías separadas.

Por analogía, Colón lo comparó con un adulto responsable de los daños causados por un menor en un tribunal civil. “El adulto es quien responde por el niño y paga por los daños”, dijo. Colón expresó que no sabe de ningún fallo que pueda respaldar el argumento de que Puerto Rico debería ser el único responsable de su deuda.

La demanda de Pinto Lugo también exige que la corte ordene una auditoría de la deuda para determinar su legalidad. ¿Por qué es eso importante? Un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Litchfield v. Ballou de 1885 sostuvo que los bonos creados en violación de un límite de deuda municipal no tienen que ser reembolsados. Puerto Rico también tiene limitaciones constitucionales sobre su deuda.

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En el año 2016, una comisión de deuda lanzó lo que denominó una “Encuesta previa a la auditoría” de la venta de bonos de obligación general por $3,500 millones de 2014, que tuvo lugar después de que los bonos de Puerto Rico se degradaron a estado chatarra y así como uno emitido en 2015. El informe contenía varios hallazgos que sugieren posibles ilegalidades, incluido el hecho de que el gobierno pidió prestado para cubrir los déficits. El informe sostenía que Puerto Rico había pedido prestados más de $30,000 millones para cubrir los déficits y puede haber estado haciéndolo desde 1979. Pero el informe señaló que la Constitución de la isla prohíbe explícitamente los déficits presupuestarios.

La comisión de auditoría también descubrió que Puerto Rico gastaba entre 14 y 25% de los ingresos del gobierno en el pago de la deuda, lo cual es significativo porque la Constitución prohíbe gastar más del 15%. También prohíbe la mayoría de las ventas de bonos que madurarán más de 30 años después de su emisión, pero la comisión encontró que debido a los términos de la venta de 2014, la deuda emitida en 1987 no se pagará hasta 2035, 48 años después.

El problema con esto es que Puerto Rico no puede utilizar este argumento en la corte porque no ha completado auditorías financieras recientes ni auditado formalmente su deuda.

Aunque no hay duda de que la deuda de Puerto Rico es impagable, la mayoría de los economistas argumentan que la isla no solo debe reestructurar su deuda para pagar parte de ella, sino también si alguna vez quiere recuperar la confianza de los acreedores en el mercado, la única fuente de endeudamiento. “No pagar una deuda no es una opción, independientemente de los fallos de la corte, porque quién volverá a confiar en nosotros”, dijo una fuente que trabaja en los procedimientos de Título III.

La fuente también cree que pedirle a Estados Unidos que pague la deuda es “una ilusión”. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la posibilidad de borrar la deuda de la isla solo para que la Casa Blanca aclarase que no lo quiso decir. El asunto se decidirá en los tribunales.