Sector de la Salud clama a Rosselló que firme medida para fiscalizar aseguradoras
El Colegio de Médicos Cirujanos, la Coalición de Proveedores de Salud y organizaciones de pacientes solicitaron hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que firme el Proyecto del Senado 27 (P. del S. 27), que le otorgaría mayores herramientas a los pacientes a la hora de entablar querellas contra de las aseguradoras.
Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos, explicó que el proyecto de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz le devuelve a la Oficina del Procurador del Paciente la jurisdicción de velar y defender por todos los reclamos de los pacientes y les adscribe responsabilidad civil a los planes médicos, que actualmente están exentos.
“Ahora mismo todos los médicos y hospitales ponemos la póliza de impericia médica por medio a la hora de prestar servicios y este proyecto expande esa responsabilidad a las aseguradoras por denegaciones caprichosas y viciosas. La Fortaleza sabe que esto es un buen proyecto, que defiende a los pacientes. Sería bien decepcionante que no se firme”, expresó.

Grupos médicos, de proveedores y organizaciones de pacientes solicitaron hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que firme el Proyecto del Senado 27. (Limarys Suárez/CB)
Tras múltiples reuniones en el Palacio de Santa Catalina, Ramos resaltó que las aseguradoras no han podido probar con evidencia sólida que el P. del S. 27 incrementa los costos del Gobierno con relación a la reforma de salud.
“Las aseguradoras presionan todos los días, pero Fortaleza sabe que esto es un buen proyecto y que si no se firma los pacientes seguirían sin protección. ASES no ha podido demostrar que el proyecto tenga un impacto económico para el Gobierno. La discusión, como píldora venenosa de las aseguradoras, ha sido el costo que es un asunto intrínseco de los planes médicos de hacer negocio”, destacó.
Según el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, las aseguradoras le dijeron a CMS que el P. del S. 27 les costaría $300 millones a los federales a fin de cumplir con el requisito que establece la medida de tener un ente independiente al plan médico que se encargue del proceso de revisión y apelación en la denegación de coberturas hospitalarias.
“Ellos [los planes médicos] pretenden pasarle el costo al Gobierno de los $300 millones. Se lo dijeron a CMS para que le asignara más fondos y CMS le dijo que no, porque eso es un costo intrínseco de hacer negocios”, detalló Ramos.
Rivera Schatz denuncia compra de influencias de dos aseguradoras
Por su parte, el exprocurador del Paciente, Carlos Mellado, resaltó en la conferencia de prensa la importancia de que Rosselló Nevares convierta en ley el proyecto a fin de evitar una nueva ola de fuga de médicos y la quiebra de hospitales.
“Servicios de salud de la más alta calidad es la más alta calidad y basado en ese derecho es que siempre he defendido a los pacientes. Esto no se trata de estar en contra de ninguna aseguradora, hay aseguradoras que hacen su trabajo de manera eficiente, pero cuando el Gobierno les da $2,700 millones a manos privadas para que maneje la cobertura de los servicios de salud, entiendo que lo lógico es que el Gobierno lo fiscalice”, dijo Mellado.
El médico primario resaltó que todos los días se escuchan casos en los medios de planes médicos denegando servicios a los pacientes y lo que busca el P. del S. 27 es restablecer la jurisdicción que tuvo la Oficina del Procurador del Paciente bajo el exgobernador Luis Fortuño.
“Lo que estamos diciendo es que volvamos al derecho de antes. No hay nadie en Puerto Rico que pueda coger la Ley 5 y hacerla valer. El procurador de los Pacientes no puede defender a los pacientes a menos que sean de la reforma contributiva y esto es completamente discriminatorio”, resaltó.
Tranque en La Fortaleza con medida para fiscalizar a las aseguradoras
Mellado sostuvo que el alegado impacto económico de la medida “no es real” porque actuarialmente eso está presupuestado. “Si hay un impacto económico, no es a consecuencia de esto”, puntualizó.
Entretanto, Fernado Joglar, expresidente del Colegio de Dentistas, mencionó que la medida fue aprobada con el voto unánime de los legisladores de Cámara y Senado, por lo que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de ir por encima del veto si el gobernador no firma el proyecto el 30 de julio.
Mientras, Marta Rivera, presidente de la Asociación de Hospitales, explicó que apoyan el proyecto porque trae objetividad y transparencia al proceso.
“Los que estamos en la industria todos los días bregamos con ese proceso de denegaciones. Confrontamos al año sobre $70 millones de denegaciones. Lo que vemos en este proyecto es que trae unos informes trimestrales de las aseguradoras en los que tienen que explicar las razones de esas denegaciones y trae una transparencia. Los hospitales le damos el servicio al paciente”, indicó Rivera.
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