16 de Diciembre de 2019

Seis cooperativas reclaman fraude del Gobierno de Puerto Rico

Por el 23 de Marzo de 2018

Seis cooperativas de ahorro y crédito presentaron una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico, la junta de control fiscal y otras entidad en una reclamación de “desfalco y fraude”, por estos vender deuda pública del país de forma “maliciosa”.

Los demandantes –Cooperativa de Ahorro y Crédito Abraham Rosa; Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciales; Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón; Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta; Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. Manuel Zeno Gandía; y Cooperativa de Ahorro y Crédito de Juana Díaz– expusieron en la demanda que tienen más de $1,450 millones en activos, sobre 140,000 miembros, unos 35,000 depositantes no-socios, 384 empleados a tiempo completo y presencia en 15 municipios de la isla.

Añadieron que los demandados, mediante “actos, omisión y fallas en el cumplimiento de deberes fiduciarios”, provocaron una alta cantidad de deuda por los valores del Gobierno, que están cualificados como chatarra en el sistema financiero cooperativo.

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“Las entidades gubernamentales con obligaciones legales y fiduciarias para garantizar la salud financiera del sistema cooperativo ignoraron sus obligaciones e impulsaron la oferta y venta de valores de la deuda poco sólidos. Estas entidades incurrieron en la indiferencia imprudente de los riesgos sistemáticos hacia las cooperativas y fallaron en cumplir con los mandatos legales y los deberes ministeriales y fiduciarios”, lee la demanda.

Establece además que, a partir de 2009, “el ELA procuró acceder, para beneficio propio, a las reservas de liquidez de las cooperativas por vía de la emisión de deuda del Gobierno de Puerto Rico, en concentraciones cada vez mayores”, y que “los esfuerzos concertados” se hicieron a través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación de Seguros y Supervisión de Cooperativas (Cossec).

Para forzar las cooperativas a comprar los valores de deuda, los demandantes alegan que el Gobierno emitió cartas asegurando que estos eran buenas inversiones. Sin embargo, amenazaron con revocar permisos si no se compraban valores.

Además, alegan que las entidades del Gobierno violentaron su deber de proteger las cooperativas, pues el plan fiscal de Cossec elimina una ley de 2015 que permitía a las uniones de crédito diferir o pagar deuda del Gobierno por un periodo de 15 años.

Los demandantes añadieron que, a pesar de las advertencias, el Gobierno y la junta fiscal tienen la intención de aprobar un acuerdo de apoyo a la reestructuración para el BGF que erosionaría el capital de las cooperativas y causa “riesgos sistemáticos significativos”.

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Las cooperativas buscan un fallo que especifique que su deuda no se puede eliminar en los procesos de bancarrota bajo el Título III de la ley Promesa porque los acusados incurrieron en declaraciones falsas y “un desfalco de sus obligaciones y responsabilidades fiduciarias para mantener un sistema financiero sólido”.

Además del Gobierno de Puerto Rico, la junta fiscal y Cossec, los demandados incluyen el BGF y sus sucesores, incluyendo la Autoridad de Recuperación de Deuda y sus fideicomisarios; y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

La demanda también incluye diversas compañías de seguros y firmas de valores, bufetes y de contabilidad. Las cooperativas señalaron que el dinero obtenido de ellas se utilizó para financiar la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina); la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT); el Sistema de Retiro de Empleados y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); entidades que fueron nombradas como coacusadas.

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