Senado aprueba medida que prohibirá a patronos indagar informes crediticios de trabajadores

Por Eva Lloréns Vélez el 24 de Junio de 2019

El Senado aprobó, unánimemente, la “Ley Sobre la Protección de Información Crediticia del Empleado”, que propone prohibir a los patronos o futuros empleadores indagar el informe crediticio de trabajadores o aspirantes a un empleo y utilizarlo como criterio para evaluarlos, anunció el portavoz de la mayoría en el Senado y autor de la medida, Carmelo Ríos Santiago, en declaraciones escritas el lunes.

Sobre el Proyecto del Senado 1134, Ríos apuntó que “desafortunadamente, en ocasiones, esta práctica ha provocado que personas extremadamente cualificadas no sean consideradas para el empleo por ostentar una puntuación baja en la empírica de su crédito. En momentos donde existe una crisis económica a nivel mundial, este requisito limita aún más el acceso a un empleo digno para quienes buscan un mejor futuro. Con la aprobación de esta medida, garantizaremos que ningún trabajador sea discriminado, logrando que se mida su capacidad de forma justa y no basada en el crédito”, señaló Ríos Santiago.

Por otro lado, la medida expone que habrá ciertos casos en los que se justificará que los empleadores puedan solicitar dicho informe. Entre estos, están los trabajadores que por ley les sea requerida dicha información, que ocupen puestos gerenciales, quienes laboren para el Departamento de Justicia o sean agentes del orden público. También, trabajadores de la Rama Judicial y puestos que impliquen emitir pagos, cobrar deudas, transferir dinero o realizar alguna contratación a nombre del patrono. Sin embargo, previo a proceder, deberán notificarle de forma escrita al empleado o candidato para que tenga conocimiento de dicha gestión.

La pieza legislativa detalla que tampoco se podrá despedir, negar beneficios, compensación o ascenso a empleados que confronten problemas con su crédito. De hecho, quienes violenten este estatuto se exponen a multas que irán desde $1,000 para la primera infracción hasta $2,500 por cada infracción subsiguiente.

En varios estados como California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada y Washington se ha regulado dicha práctica.