24 de Octubre de 2021

Senado aprueba reforma de permisos penalizando protestas en construcciones

Por el 28 de Marzo de 2017

El Senado aprobó hoy en una votación partidista (21-8) el Proyecto del Senado 310, que reforma el proceso de permisos en la isla con el propósito de establecer un Sistema Unificado de Información que integra los procedimientos relacionados al establecimiento de negocios y permite el otorgamiento de permisos automáticos en ciertos usos.

El cuerpo legislativo enmendó la medida para mantener la disposición de realizar un estudio de impacto económico en las construcciones de más de 65,000 pies cuadrados, asunto que el Ejecutivo eliminó cuando presentó la reforma. También incluyó una disposición para dar prioridad a los proyectos que el gobierno determine que son “estratégicos” en términos económicos.

El senador independentista, Juan Dalmau, criticó la reforma de permisos porque pretende penalizar las protestas en obras de construcción y porque limita el periodo para impugnar un proyecto. (Suministrada)

El senador independentista, Juan Dalmau, criticó la reforma de permisos porque pretende penalizar las protestas en obras de construcción y porque limita el periodo para impugnar un proyecto. (Suministrada)

La medida, sin embargo, establece multas de hasta $100,000 a las personas que obstruyan, limiten, paralicen o invadan una actividad de construcción autorizada, limita el acceso ciudadano a la información que no sea confidencial y reduce el periodo para que las agencias de gobierno evalúen el impacto a edificios históricos o el impacto ambiental de una edificación, algunas de las razones para que las minorías votaron en contra.

Esta ley restituye lo que se conocía como la Ley Tito Kayak [los artículos 247 y 297 del Código Penal derogados el pasado cuatrienio]. Si hay una protesta en una construcción, pueden arrestar a los que están protestando… Permitamos que la gente proteste”, declaró el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, sobre una de las razones por las que no podía favorecer el proyecto.

Bhatia argumentó que, aunque veía con buenos ojos la reforma de permisos, no puede favorecerla si se reduce a 48 horas el tiempo otorgado a la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Recursos Naturales para evaluar el impacto ambiental de los proyectos de construcción. También criticó que se reduzca a 48 horas la evaluación de asuntos históricos en una construcción, tiempo que consideró es “una burla”.

Por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, Juan Dalmau, levantó preocupación no solo con la imposición de multas a los manifestantes, sino con que se disponga en la ley que una impugnación a un proyecto de construcción no podrá presentarse hasta casi la culminación del proceso de permisos. 

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“No puedes impugnar como ahora… Después de que todo el estado se ha movilizado para autorizar un permiso, entonces es cuando la ciudadanía puede impugnar, y en ocasiones es si tiene éxito en los tribunales”, dijo el legislador en referencia al posible gasto de dinero público si una construcción es declarada ilegal o improcedente.

Si se determina que la impugnación no procede, la parte demandante —que casi siempre son ciudadanos o comunidades que se oponen por el impacto ambiental— deberá pagar los costos de honorarios. Para Dalmau, eso significa que las comunidades tendrán que pagar a los “grandes bufetes” que contraten los “grandes desarrolladores”, lo cual desalentaría las impugnaciones y la participación ciudadana.

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot pidió revisar estos artículos del proyecto para que no se convierta en “una prisión eterna de conciencia”. 

Pese a la oposición de las minorías, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, explicó en la presentación del proyecto que este “permitirá crear un clima social, económico y de inversiones en Puerto Rico”, ya que “por primera vez los municipios y el gobierno tendrán un solo portal” de permisos.

Esto brindará “certeza” en los procesos de permisos y reducirá el tiempo de espera para la autorización de nuevos negocios. Esta es la segunda gran reforma del gobierno de Ricardo Rosselló, después de la reforma laboral (Ley 4 de 2017). Se espera que esté sucedida por las reformas contributiva y energética.

El proyecto, que contó con dos vistas públicas en el Senado, pasa ahora ante la consideración de la Cámara.

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