11 de Noviembre de 2019

Senado crearía Oficina de Asuntos Federales en Washington

Por el 8 de Enero de 2018

El Senado inició hoy su tercera sesión ordinaria con la aprobación de una resolución que propone fundar una oficina que vele por los procesos legislativos federales que impacten directamente a Puerto Rico.

La Resolución del Senado 554, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz, establece que la Oficina de Asuntos Federales, Sociales y Económicos será financiada con el presupuesto del Senado, que recientemente sufrió un recorte de $1.9 millones a petición de la junta de control fiscal.

El presidente del Senado ofrece mensaje de inicio por la tercera sesión ordinaria. (Suministrada)

“Esa oficina, nosotros la vamos a establecer para tener un área donde podamos operar”, explicó el líder senatorial. Se desconoce cuánto dinero requerirá el establecimiento de la oficina. La medida permite adquirir equipo y materiales necesarios, así como “vehículos de transporte” con los fondos.

La medida legislativa establece además que el presidente del Senado nombrará un director ejecutivo que “desempeñará los deberes del cargo de acuerdo a las directrices del presidente”. El director deberá recomendar cualquier contrato de servicios profesionales o consultivos de individuos necesarios para el funcionamiento de la oficina, así como proponer los reglamentos internos del organismo.

La propuesta fue anunciada por Rivera Schatz durante su mensaje por el inicio de la tercera sesión ordinaria. En el hemiciclo del Senado, el líder novoprogresista sostuvo que “este ha sido el Senado más productivo de la historia”, con la presentación de 1,565 medidas en la Legislatura, de las cuales 793 fueron del Senado.

Durante su mensaje, el líder senatorial resaltó seis factores que, a juicio suyo, trastocaron la labor de la Asamblea Legislativa tales como la imposición de la junta de control fiscal de parte del Congreso federal, un gobierno en quiebra, y el impacto de los catastróficos huracanes Irma y María el pasado mes de septiembre.

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“Nunca, jamás, un gobierno electo por el pueblo tuvo que asumir un caos presupuestario de esa magnitud. Recibimos un gobierno que, sin una gota de lluvia ni una ráfaga de viento ya era zona de desastre total. No quedaba piedra sobre piedra, y nada funcionaba”, puntualizó Rivera Schatz.

Como es de costumbre, Rivera Schatz arremetió en diversas ocasiones contra el “sistema colonial” que, según dijo, impide el progreso de la isla. “[Los miembros de la] junta de control fiscal son unos buenos para nada”, reclamó durante una conferencia de prensa al concluir su mensaje en el pleno.

En respuesta al rendimiento positivo del Senado afirmado por Rivera Schatz, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia dispuso que el Alto Cuerpo no cumplió con su gestión investigativa, en particular sobre el controversial contrato a Whitefish Energy para trabajos de restauración del sistema eléctrico y el éxodo masivo de puertorriqueños tras el impacto de los huracanes.

“Si estas son las crisis que tenemos y ninguna de ellas las ha atendido el Senado, ¿cómo podemos pararnos aquí a decir que ha sido el mejor Senado? Puerto Rico lo que necesita es un gobierno que se ponga de pie y trabaje por los problemas de los puertorriqueños”, sentenció Bhatia en el pleno.

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La recién iniciada sesión contó con la presencia de varios jefes de agencia, alcaldes, miembros del Tribunal Supremo, representantes y exlegisladores. Entre ellos se encontró el director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Justo González y el titular del Departamento de Estado, Luis G. Rivera Marín.

Mientras continuaba la espera por el mensaje de Rivera Schatz –que inició con más de una hora de retraso–, la Cámara de Representantes dio paso a las primeras medidas de la nueva sesión, entre ellas el P. del S. 185 para que el Negociado de la Policía reciba un seminario anual de Lenguaje de Señas.

La segunda sesión ordinaria –que se extendió hasta el 15 de diciembre– culminó con la aprobación de varias medidas polémicas, entre ellas las que buscan enmendar la Ley de Menores, vetadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares recientemente por exponer “políticas públicas opuestas”.

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