19 de Octubre de 2018

Senado eleva la venganza pornográfica a delito grave

Por el 24 de Abril de 2018
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El Senado avaló ayer por unanimidad el proyecto de la senadora Zoé Laboy Alvarado que tipifica como delitos graves la venganza y extorsión pornográfica, con penas que varían desde tres años de cárcel hasta cinco años en el caso de una relación de pareja.

El Proyecto del Senado 813 define el término “venganza pornográfica” como la “publicación o divulgación de una imagen con contenido sexualmente explícito de otra persona sin su consentimiento”, e incluye imágenes obtenidas sin consentimiento o aquellas compartidas en una relación privada o confidencial.

La senadora Zoé Laboy Alvarado, autora de la medida. (Suministrada)

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, planteó durante el debate que la medida carece de la opinión del Departamento de Justicia y otras entidades de ley y orden para definir cómo sería el proceso judicial una vez el nuevo delito se presente ante la consideración de los tribunales.

“La vaguedad de la ley puede ser una razón para que se declare inconstitucional un día, y yo lo que esperaría es que, si vamos a crear este delito, que muy bien puede ser necesario, que sea con todas las garras, justificaciones y los procesos necesarios para encontrar aquellos que violan la ley”, indicó Bhatia.

Si bien afirmó que apoyaría el proyecto, Bhatia mostró reservas en que los cambios al Código Penal de Puerto Rico podrían representar un arma de doble filo, pues las personas con deseos de herir a su expareja podrían mentir sobre quién publicó las imágenes.

“El arma es yo coger la foto y publicar, pero el arma ahora [con la nueva ley] es yo no saber si publicaste la foto con mi consentimiento o sin él”, sostuvo Bhatia al recalcar la importancia de aclarar la manera en que se violaría la ley para que el proceso judicial no se empañe.

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La medida se enmendó para tipificar además la “extorsión pornográfica”, que se define como cualquier acto de violencia o amenaza que se lleve a cabo para “obligar o intentar obligar” a una persona a publicar imágenes de índole sexual que revelen su identidad.

Además de la pena de reclusión, ambos delitos conllevarían una pena de multa no menor de $10,000 ni mayor de $25,000. Cuando el delito ocurra entre una pareja o expareja, la pena de reclusión fija aumentaría de tres a cinco años.

“Si alguien dentro de una relación no permite o no está disponible a que su imagen se divulgue, no debe ser divulgada. El concepto de consentimiento que se dá entre unas personas, se rompe al momento que usted envuelve a una tercera persona”, sostuvo por su parte el portavoz de la delegación de mayoría, Carmelo Ríos.

La medida pasa ahora ante la consideración de la Cámara de Representantes y, de aprobarse, requeriría la firma del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para convertirse en ley. La pieza entraría en vigor de inmediato.

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