14 de Agosto de 2020

Senado evalúa restringir la fianza

Por el 28 de Marzo de 2017

Múltiples enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal, entre ellas la imposición de condiciones más reestrictivas a la hora de fijar una fianza a un imputado de delito grave y el que se le permita al Estado fichar y tomar huellas dactilares a un arrestado antes de ser llevado ante un juez, fueron avaladas hoy por el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico.

En una extensa vista pública sobre el Proyecto del Senado 307, la fiscal general de Justicia Olga B. Castellón puntualizó hoy que las enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal “no inciden en los derechos constitucionales de los ciudadanos” al tiempo que indicó que los cambios contenidos en el proyecto de ley harán unas reglas más eficientes.

La medida, que se discutió en una vista de la Comisión senatorial de Seguridad Pública que preside Henry Neumann, propone que al momento de fijarse la fianza los imputados tengan que estar sujeros a supervisión electrónica bajo el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, no se les permita el beneficio del pago del 10% en efectivo y que no se les difiera la misma.

La fiscal general Olga B. Castellón, al centro, endosó hoy el proyecto del Senado 307 que realiza múltiples enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal, entre ellas imponer condiciones a la hora de fijar una fianza. (Suministrada)

La fiscal general Olga B. Castellón, al centro, endosó hoy el proyecto del Senado 307 que realiza múltiples enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal, entre ellas imponer condiciones a la hora de fijar una fianza. (Suministrada)

Asimismo el Proyecto del Senado 307 enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal, para requerir que no se divulgue en la denuncia la dirección y demás circunstancias personales de las víctimas y testigos de delito; requerir a los funcionarios del orden público que hagan un arresto sin orden del tribunal y que antes de que lleven a la persona a un magistrado procedan a ficharla mediante foto y huella a menos que circunstancias excepcionales lo impidan.

“La enmienda a la Regla 5 sobre la denuncia se ajusta a las exigencias del debido proceso de ley al que tienen derecho los acusaos por cuanto se cumple con el propósito fundamental de informarles los hechos delictivos que se le imputan. Esta enmienda logra un balance adecuado entre los derechos que le asisten a las víctimas y testigos y las garantías procesales de los acusados”, afirmó Castellón, quien es fiscal federal trabajando en destaque en Justicia como la jefa de los fiscales estatales.

Sobre esta enmienda en particular la Oficina de la Administración de los Tribunales, representada por la licenciada Gisselle Rosa, alertó en su turno que podría estar encontrada con el derecho a la confrontación que tienen los acusados y que está consagrado en el Artículo II, sección 11 de la Constitución.

Sobre la enmienda a la Regla 6.1 de fianza hasta que se dicte sentencia, Justicia y la Policía, por separado, afirmaron que la solicitud de condiciones aplica a delitos de carácter violento cuyas circunstancias “son altamente repudiadas por nuestra ciudadanía y que implican un grave peligro para la seguridad social”.

La fiscal general de Justicia citó jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que establece validez constitucional de imponer condiciones más estrictas al derecho a la fianza basado en el elemento de peligrosidad.

“No existe impedimento para que que esta Asamblea Legislativa pueda regular la fianza e imponer condiciones a la libertad en espera de juicio”, señaló Castellón.

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Con relación a esta enmienda la Rama Judicial mostró reparos al establecer que las condiciones en la fijación o prestación de la fianza no pueden ser onerosas a tal punto que equivalgan a la negación de la fianza.

La licenciada Rosa, a nombre de la Administración de Tribunales, recordó en su turno en la vista que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “un derecho que no se puede hacer valer meramente por razón de su titular carecer de recursos económicos para así hacerlo, en última instancia deja de ser un derecho”.

El proyecto del Senado 307, que es una medida de la administración del gobernador Ricardo Rosselló, enmienda por otro lado la Regla 22 de Procedimiento ante el Magistrado a fin de que en los casos de delitos graves se lleve al sospechoso a ser fichado antes de ser llegado ante el juez para la vista de causa para arresto.

“En Puerto Rico, como regla general, la expectativa de intimidad que un individuo pueda tener en circunstancias relacionadas directamente con la comisión de un acto criminal es limitada… Esta enmienda no constituye una intromisión indebida ni irrazonable en el derecho de la intimidad del arrestado”, aseguró Castellón.

El presidente de la Comisión senatorial de Seguridad Pública expresó sentirse preocupado con esta enmienda debido a que el fichaje y la toma de huellas dactilares se llevaría a cabo antes de que un magistrado determine si hay causa para el arresto de esa persona.

No obstante, Castellón resaltó que la enmienda a la regla ordena la devolución de las fotos y las huellas al arrestado si el magistrado encuentra que no hubo causa para el arresto. Además indicó que el proceso de fichaje se llevaría a cabo luego que el fiscal ordene la radicación de cargos tras ser consultado por los agentes del orden público.

La postura de la Rama Judicial, según lo expresó Rosa durante la vista pública, es que el fichaje antes del arrestado ser llevado al magistrado, “tal y como está redactada la enmienda, podría estar sujeta a cuestionamientos constitucionales”.

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El proyecto del Senado 307 dispone que en la vista preliminar se podrá presentar prueba de campo de sustancias controladas y estimados de daños sin que sea necesario el testimonio de las personas que trabajaron esos documentos.

Asimismo, la medida dispone que siempre que un acusado renunciare a su derecho de juicio por jurado se necesitará la anuencia del ministerio público y el consentimiento del Tribunal.

Mientras, establece que ningún fiador pueda prestar fianza a favor de un imputado si es o fue abogado de éste en cualquier caso civil o criminal o si tiene o tuvo algún interés económico con éste.

La Comisión senatorial de Seguridad Pública pautó para el miércoles de la próxima semana otra vista pública sobre el Proyecto del Senado 307 en la que se espera deponga la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y un grupo de abogados dedicados a la representación de individuos que enfrentan porcesos de naturaleza penal.

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