9 de Febrero de 2023

Senado federal cuestiona contratación de Whitefish

Por el 15 de Noviembre de 2017

La Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado federal celebró una vista el martes sobre el estado de la reconstrucción de Puerto Rico e Islas Vírgenes, que siguen sin electricidad y agua a casi dos meses del devastador azote de los huracanes Irma y María.

La vista se centró en el contrato de $300 millones que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le otorgó a Whitefish Energy Holdings, LLC-una pequeña empresa de Montana cuyos propietarios tenían conexiones con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump– para reparar la red. Los senadores también criticaron a los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico por su lentitud en buscar asistencia mutua de otros estados ante la devastación dejada por el fenómeno atmosférico del pasado 20 de septiembre.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares (izquierda) expresó en su turno que la devastación causada por el huracán María no tenía paralelo en la historia moderna de Estados Unidos.(Suministrada)

La presidenta de la comisión, Lisa Murkowski (R-AK), recordó la devastación que vio en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes cuando visitó recientemente el área. Sostuvo que el propósito de las vistas es buscar formas para que el sistema eléctrico de la isla sea más resistente a futuras tormentas luego de haber colapsado ante los vientos.

Murkowski vió con buenos ojos enmendar la Ley Stafford, como solicitan funcionarios de Puerto Rico, porque no tiene sentido restaurar las redes eléctricas a su estado original antes de la tormenta -como requiere la ley- sino que debe ser un reconstrucción resistente.

“La red eléctrica de Puerto Rico ya estaba anticuada antes de que llegara la tormenta. Entonces, realmente tienes que hacerte la pregunta: ¿por qué deberíamos reconstruirlo bajo ese estándar? Creo que hay un amplio acuerdo, he hablado con colegas del otro cuerpo [la Cámara federal] y del otro lado del pasillo. El Congreso necesita proporcionar una mayor flexibilidad en cómo se pueden usar los fondos de la Ley Stafford. Ciertamente, voy a trabajar con mis colegas y la administración para implementar ese cambio”, dijo la senadora.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares expresó en su turno que la devastación causada por el huracán María no tenía paralelo en la historia moderna de Estados Unidos.

“Durante el huracán Andrew, Tallahassee estaba operando, Katrina dejó funcionando a Baton Rouge, y Harvey salió indemne de Austin. Desafortunadamente, María dejó a todo Puerto Rico completamente devastado. Para el pueblo de Puerto Rico, María no fue un desastre, fue una catástrofe. Una catástrofe cuyos orígenes se pueden rastrear no solo a los vientos, las olas y las lluvias horribles de la tormenta, sino a las condiciones sociales a las que Puerto Rico ha estado sometido durante más de un siglo”, esbozó el primer ejecutivo.

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Rosselló Nevares agregó que incluso con toda la ayuda y los esfuerzos de recuperación, Puerto Rico no podrá reponerse sin ayuda federal.

“Por lo tanto, solicito al Congreso que apruebe para diciembre una legislación complementaria de emergencia que brinde el mismo trato a Puerto Rico en comparación con lo que cualquier estado en el país debería esperar si experimentara un nivel similar de devastación. Al hacer esto, me comprometo hoy con ustedes a dirigir la reconstrucción de desastres más transparente en la historia de Estados Unidos“, aseveró.

El gobernador explicó que ya emitió una orden ejecutiva para crear la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, que tiene la responsabilidad de mantener la transparencia de todos los fondos estatales y federales destinados a la reconstrucción de la isla.

El primer ejecutivo también describió la ayuda del Gobierno federal como lenta debido a que la Ley Stafford ordena a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a trabajar en conjunto con los gobiernos estatales y locales para responder a un desastre.

“Gran parte de la burocracia y el proceso de aprobación de la agencia arcana de FEMA se basa en la suposición de que el Gobierno a nivel estatal que lidia con un desastre contará con computadoras, teléfonos y mano de obra que funcionan y que puede saltar obstáculos. Además, FEMA está configurado para ayudar pura y simplemente al Gobierno a nivel estatal. Por lo tanto, cuando los empleados a nivel estatal se convierten en los primeros en responder por sí mismos, deja a FEMA paralizada para tomar acción”, dijo el gobernador.

A modo de ejemplo, Rosselló Nevares destacó el retraso en la distribución de ayudas a causa de mercancía acumulada en los puertos debido a la falta de conductores. En virtud de una Ley Stafford enmendada, dijo que FEMA y el Gobierno federal podrían haber ayudado a lidiar mejor con esa situación.

Al gobernador se le preguntó varias veces por qué se demoró en buscar asistencia mutua para el huracán. Rosselló Nevares dijo que después de que el huracán Irma azotara la isla, el servicio de energía se recuperó rápidamente, por lo que se concentró en ayudar a las personas que se encontraban en áreas inundadas. Dos semanas después, el huracán María arrasó la isla.

En respuesta a una pregunta del senador Mike Lee (R-UT) sobre la inclusión de la isla en la Ley de Reclamaciones Falsas, Rosselló Nevares dijo que quiere que Puerto Rico sea tratado en igualdad de condiciones con otros estados y defendió sus acciones con el contrato de Whitefish Energy, que incluyen el nombramiento de un funcionario para supervisar todos los contratos de la AEE.

La Ley de Reclamaciones Falsas, también llamada la “Ley de Lincoln”, es una ley federal estadounidense que impone responsabilidad a personas y compañías (generalmente contratistas federales) que defraudan los programas gubernamentales. Es la principal herramienta de litigación del Gobierno federal para combatir el fraude.

Rosselló Nevares insistió en que debe ser el Gobierno de Puerto Rico y no la junta de control fiscal el que lidere los esfuerzos de recuperación. Recalcó que dos meses después del huracán, los aeropuertos y puertos están funcionando, la reconstrucción del suministro de agua se ha completado en un 85%, más del 70% de las comunicaciones y las torres celulares han vuelto a funcionar y se ha restaurado el 49% de la red eléctrica.

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“La junta de supervisión puede ayudar a Puerto Rico mediante la revisión del plan fiscal, el cabildeo, el avance del caso [de quiebras] bajo el Título III y la presentación de recomendaciones útiles, tal como está permitido hacerlo en virtud de la Sección II de Promesa. La junta de supervisión también puede agilizar el proceso de permisos en relación con la AEE y otros proyectos de infraestructura crítica según lo previsto en el Título V de Promesa. Pero la recuperación del desastre permanece dentro del ámbito exclusivo del Gobierno, que comprende funcionarios electos responsables de la coordinación entre las múltiples entidades y agencias que están reconstruyendo Puerto Rico”, reiteró.

Aunque dijo que su gobierno y la junta acordaron que la reestructuración de la deuda de la isla debería avanzar pese a la devastación dejada por el huracán, criticó la falta de transparencia del ente rector.

“Debo expresar mi decepción porque ante la gran cantidad de cooperación del Gobierno con la junta, mi persona designada de oficio ante la junta ha sido rutinariamente excluida de las sesiones ejecutivas y no ha recibido el beneficio de obtener una visión del pensamiento deliberativo de la junta, así como también que la junta escuche mis posiciones y opiniones sobre asuntos vitales para Puerto Rico”, denunció el gobernador.

Ramos justifica contrato con Whitefish

Durante su testimonio, el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, discutió la controversia en torno al contrato de $300 millones otorgado a Whitefish Energy y aseguró a la comisión que la corporación pública tiene un plan de preparación para huracanes. A Ramos se le preguntó en múltiples ocasiones por qué eligió contratar a Whitefish cuando otras entidades habrían hecho el mismo trabajo a precios más económicos. El contrato de Whitefish fue el blanco de un escándalo en medio de informes de que funcionarios de la administración del presidente Trump podrían haber influido en la adjudicación del mismo.

En retrospectiva, Ramos aceptó que hubo algunos pasos del proceso de contratación con Whitefish que pudo haber hecho mejor. (captura de pantalla)

Ramos dijo que optó por contratar a Whitefish luego de que la empresa asegurara tener acceso a más de 100 linieros acreditados, operadores de equipos y aprendices; cerca de 100 camiones, excavadoras y otros equipos; y un gran almacén  de materiales, postes, transformadores y otros equipos.

Según el titular de la AEE, después de la devastación del huracán María la AEE no podía cumplir con los requisitos de asistencia mutua a través de la Asociación Estadounidense de Energía Pública (APPA, en inglés), para proporcionar alojamiento a los trabajadores y proveer servicios logísticos.

Luego de revisar aproximadamente media docena de propuestas de firmas, Ramos aseguró que solo dos compañías ofrecían la pronta respuesta que necesitaba la AEE. Una propuesta requirió un pago principal garantizado de $25 millones, la otra, que era la propuesta de Whitefish, ofreció a la AEE la posibilidad de pagar solo por el trabajo que se completaba.

“Por lo tanto, autoricé a nuestro personal contratante para que ejecutara un contrato con Whitefish mientras seguíamos buscando ayuda adicional de otros para el esfuerzo completo de restauración de miles de millones de dólares que aún estaba por venir”, explicó.

En retrospectiva, Ramos aceptó que hubo algunos pasos del proceso de contratación con Whitefish que pudo haber hecho mejor.

“Elegí contratar a Whitefish porque mi prioridad era asegurar la asistencia inmediata que necesitábamos para comenzar a restablecer la energía lo más rápido posible para nuestros clientes más críticos”, dijo.

Pero un miembro del comité, la senadora Maria Cantwell (D-WA), dijo que las tarifas negociadas por la AEE con Whitefish eran inaceptables para el Gobierno federal.

Fuera abogado que recomendó firma de contrato de Whitefish

Cantwell le preguntó a Ramos si alguien había tomado sobornos por el controversial contrato, a lo que este respondió en la negativa. Ramos señaló que autorizó el contrato luego de que fuera revisado por oficiales de adquisiciones de emergencia de la AEE. No obstante, dijo que otras compañías tienen tarifas similares a las que ofreció Whitefish.

Ramos también indicó que no sabía que funcionarios de Whitefish habían contactado al secretario del Interior, Ryan Zinke.

En respuesta a las preguntas sobre el número de personas nombradas políticamente a la AEE, Ramos se quejó de que la AEE es “la joya del Gobierno” y que ha sido tradicionalmente el lugar donde los políticos ubican a sus familiares.

“Partes del gobierno colocan a sus familias en la AEE”, reconoció.

Por su parte, la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, adelantó que la junta continuará los esfuerzos para tratar de obtener el control de la AEE y señaló que, afortunadamente, eso se puede hacer a través de los planes fiscales de la utilidad, que deberán rehacerse. Señaló que el organismo se enteró del contrato con Whitefish “a través de la prensa”.

Mientras, el presidente interino de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), José Román, señaló la importancia de tener a la AEE bajo la supervisión de esa entidad con el fin de crear una corporación pública independiente, libre de política, enfocada en la competitividad y la relación costo-beneficio.

[VÍDEOS] ¿Quién es Whitefish Energy?

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