15 de Diciembre de 2019

Siguen sin definir los proyectos críticos bajo Promesa

Por el 23 de Mayo de 2017

Aunque el gobierno de Puerto Rico ya designó como prioritarios unos 22 proyectos de infraestructura que canalizarían con capital privado, todavía no se están definidos los “proyectos críticos” a trabajarse según define y permite el Título V de la ley federal Promesa.

“Durante el proceso de estudio de viabilidad económica, vamos a determinar cuál es la estructura más viable para ese proyecto. Una vez determinamos que es viable, antes de comenzar la solicitud de propuesta -y eso ya tocamos base con nuestros asesores legales, financieros y técnicos- ahí se incluirá el elemento de si ese proyecto es crítico o no [según define Promesa]”, explicó hoy el director de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, Omar Marrero, a preguntas de CB en Español.

El quinto capítulo de la ley federal provee un proceso expedito de otorgación de permisos a nivel estatal y federal para aquellos proyectos que la junta -a través de la figura del coordinador de revitalización- entienda como “críticos”, según define Promesa.

El funcionario añadió que han tenido conversaciones al respecto con los asesores de la junta de control fiscal, McKinsey & Co., quienes están a cargo del trabajo relacionado al Título V. Marrero reveló que sostuvo recientemente reuniones en Washington, D.C., con personal de McKinsey para “determinar cómo va a ser el proceso de radicar y aprobación de proyectos críticos”.

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Mientras, un total de 22 proyectos fueron designados como prioritarios por la Junta de Directores de la Autoridad de APPs. La lista incluye la operación y mantenimiento de aeropuertos, puertos y transportación marítima, mejoras en infraestructura de transportación, generación de energía, facilidades de desperdicios sólidos y proyectos de tecnología, entre otras áreas.

“Tenemos una lista más corta de siete proyectos prioritarios que van a estar siendo estudiados para determinar su viabilidad económica”, explicó Marrero, quien mencionó como ejemplos el servicio de lanchas de Cataño, Culebra y Vieques; los aeropuertos regionales como el de Ponce y Aguadilla, y mejoras en la infraestructura de puertos marítimos.

Al ser cuestionado sobre qué proyectos entiende que tienen mayor probabilidad de ser designados como “crítico” bajo el Título V, Marrero mencionó el sector energético y recordó cómo el plan fiscal ya contempla este tipo de proyectos. No obstante, admitió que ninguno de los siete proyectos “prioritarios”, cuya viabilidad económica se evaluará próximamente, están relacionados a este sector.

“Algunos [proyectos ‘prioritarios’] pueden cumplir [con Título V]. El proyecto crítico bajo el Título V tiene unos elementos importantes para poder cualificar. Uno de ellos es para atender alguna emergencia en infraestructura y aquellos que puedan flexibilizar el quehacer gubernamental desde un punto de vista crítico de necesidad”, sostuvo el funcionario.

Esperan por propuestas

Marrero reiteró que la identificación de los proyectos prioritarios no cierra la puerta al sector privado para que someta propuestas no solicitadas dirigidos a desarrollar otras iniciativas de APPs.

Con el reglamento que regulará la ejecución de este tipo de transacción ya en vigor, el gobierno puede recibir propuestas no solicitadas por parte del sector privado. Sin embargo, el funcionario admitió que aún esperan por la primera propuesta formal por parte del sector privado.

“Habíamos recibido cierto interés, pero no se había concretado como una propuesta formal […] con los criterios que esboza el reglamento”, manifestó Marrero, quien mencionó nuevamente el sector energético, esta vez como una de las áreas en la cual esperan recibir este tipo de acercamiento no solicitado del sector privado.

“Los tiempos donde el gobierno dictaba la pauta en qué proyectos se iban a realizar para restaurar y modernizar nuestra infraestructura ya pasó. Ahora es una oportunidad dorada para el sector privado de que tomen la iniciativa”, añadió.

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