12 de Noviembre de 2019

Sin consulta al pueblo la limitación de la fianza

Por el 7 de Abril de 2017

Por quinta ocasión en la historia de Puerto Rico, el gobierno busca limitar el derecho absoluto a la fianza, garantizado por la Constitución de Puerto Rico, esta vez mediante múltiples enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal que actualmente son consideradas por la Legislatura.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó un proyecto de ley que propone imponer condiciones más restrictivas a la hora de un magistrado fijar una fianza a un imputado de delito grave. Las restricciones van desde impedir que se les otorgue el beneficio del pago del 10% en efectivo a un acusado, a que la fianza no pueda ser diferida e impedir que un fiador pueda prestar el dinero a un acusado si ha tenido una relación económica previa con el imputado del delito.

El Artículo II, Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que “todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio”. Las razones para ese derecho se basan en que la fianza es un mecanismo para garantizar la comparecencia de un imputado a juicio, no un castigo previo a ser hallado culpable de delito. Esta disposición tiene su raíz en que en nuestro ordenamiento legal, todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.

La medida del gobernador Ricardo Rosselló propone imponer condiciones más restrictivas a la hora de un magistrado fijar una fianza a un imputado de delito grave. (iStock)

La medida del gobernador Ricardo Rosselló propone imponer condiciones más restrictivas a la hora de un magistrado fijar una fianza a un imputado de delito grave. (iStock)

Ante la creciente ola de violencia en el país, ya son cinco los gobernadores, incluyendo a Rosselló Nevares, que han intentado hacer de la fianza un castigo previo a la convicción de un imputado al argumentar que limitando, en ciertos casos, este derecho se protege la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

En todas las instancias previas se había intentado a través de una consulta al pueblo, enmendar la Constitución a esos efectos. Pero contrario sus antecesores Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló González y Luis Fortuño Burset, en esta ocasión Rosselló Nevares busca restringir, limitar o condicionar el derecho a la fianza mediante enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal.

Según el Proyecto del Senado 307, el tribunal tendrá que imponer requisitos adicionales y restrictivos al momento de fijar una fianza a los imputados por los delitos de asesinato y su tentativa; genocidio; agresión grave en su modalidad mutilante; secuestro, secuestro agravado y secuestro de menores; abandono, maltrato o fraude a personas de edad avanzada; pornografía infantil; producción y distribución de pornografía infantil; envenenamiento de aguas de uso público; agresión sexual; actos lascivos a víctimas menores de 16 años; trata humana; aborto cometido por la fuerza; sabotaje de servicios esenciales y disparar un arma de fuego en un lugar público o abierto al público.

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“Es norma claramente establecida que a fin de proteger el interés del Estado en la seguridad general, resulta constitucionalmente válido el regular e imponer condiciones al ejercicio de este derecho a la fianza. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en United States v. Salerno, exploró la validez constitucional de imponer condiciones más estrictas al derecho de la fianza, basado en el elemento de peligrosidad. Dicho foro resolvió que es constitucionalmente válido privar a ciertos imputados del derecho a la fianza o imponer condiciones más estrictas a ese derecho, en atención al elemento de peligrosidad”, argumentó el pasado 29 de marzo en vista pública, la fiscal general de Justicia, Olga B. Castellón.

Hernández Colón, en su primer cuatrienio de 1973 a 1976, fue el primer gobernador de Puerto Rico que intentó enmendar la Constitución para eliminar el derecho absoluto de la fianza, pero fracasó en la búsqueda de votos en la Legislatura para realizar el referéndum.

En el 1980, Romero Barceló le siguió los pasos y radicó un proyecto de ley para que el derecho a la fianza le aplicara solamente a los imputados de delitos menos graves. Sin embargo, un grupo de ciudadanos derrotó sus esfuerzos para limitar la fianza en los tribunales.

Para el 1994, el exgobernador Rosselló González, como parte de su política pública de “Mano Dura contra el Crimen” propuso otro referéndum para enmendar la constitución a fines de prohibir la libertad bajo fianza a los imputados previamente convictos de delito grave, a los que representaran un peligro para la comunidad y a quienes estuvieran imputados de uno o más delitos graves. El 6 de noviembre de 1994, los puertorriqueños rechazaron en un referéndum la enmienda a la Constitución.

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En el 2012, Fortuño Burset también propuso un referéndum para enmendar la constitución a fin de otorgarle discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho de los acusados de delito grave a permanecer en libertad bajo fianza. El pueblo volvió a rechazar la enmienda con votación de 55% a favor del No y 45% por el Sí.

En su propuesta, Rosselló Nevares sostiene que no debe existir impedimento para que la Asamblea Legislativa pueda regular la fianza e imponer condiciones a la libertad en espera de juicio.

“Nuestra Constitución no impide que la Asamblea Legislativa tome en cuenta otros intereses públicos apremiantes para condicionar o reglamentar la imposición de la fianza. Uno de esos fines legítimos y apremiantes es proteger a la ciudadanía de imputados peligrosos”, puntualizó la jefa de los fiscales de Justicia al avalar en vista pública la aprobación de la medida.

Limitación que prohíbe

No obstante, la Oficina de la Administración de los Tribunales, en representación de la Rama Judicial, mostró reparos con la imposición de condiciones más restrictivas a la hora de fijar una fianza al establecer que esos requisitos “no pueden ser onerosos a tal punto que equivalgan a la negación de la fianza”.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “un derecho que no se puede hacer valer meramente por razón de que su titular carece de recursos económicos para así hacerlo, en última instancia deja de ser un derecho”.

La Sociedad para Asistencia Legal (SAL), en su ponencia sobre el proyecto de Rosselló Nevares, cuestionó las motivaciones del gobierno para “alterar dramáticamente el derecho penal puertorriqueño” y consideró los esfuerzos como un acto  “apresurado”.

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El proyecto propone un total de 12 enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal entre las que también se considera que el Estado pueda fichar y tomar huellas dactilares a un arrestado antes de ser llevado ante un juez para la vista de causa probable para arresto.

“La ola de criminalidad por la que atraviesa la isla no puede combatirse mediante la restricción de los derechos constitucionales otorgados a los ciudadanos en Puerto Rico. No debemos olvidar que las personas imputadas de delito gozan de la misma protección de los derechos constitucionales que cobijan al resto de la ciudadanía. Incluso, es precisamente el imputado a quien deben proteger estos derechos, toda vez que el proceso penal pone en controversia su libertad”, argumentó Félix Vélez Alejandro, director ejecutivo de SAL.

Vélez Alejandro enfatizó que no pueden existir dos cartas de derechos diferentes, una que se aplique al ciudadano que es enjuiciado y otra para el resto de los ciudadanos.

“La Regla 6.1 propuesta violenta la presunción de inocencia, es contraria a la igual protección de las leyes y establece un esquema de imposición de fianza muy oneroso que en ocasiones puede significar una confiscación del derecho constitucional. Una limitación al derecho de la fianza con un interés punitivo violenta de manera irreparable la presunción de inocencia”, subrayó.

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