“Sin controles” la CEE para evitar que electores boricuas en el exterior vengan a votar

Por Cindy Burgos Alvarado el 1 de Noviembre de 2016

En momentos en que se han realizado denuncias de pagos de pasajes para traer personas a votar a la isla, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García, confirmó a Caribbean Business que se encuentra “sin controles” para evitar que los electores inscritos que no residen en Puerto Rico voten en los próximos comicios, lo cual se puede considerar un acto ilegal.

La situación se debe a una determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que afirmó que no se pueden sacar de las listas electorales a las personas que no hayan votado en las últimas dos elecciones (2008 y 2012). Esto también ha provocado que por primera vez en Puerto Rico haya más inscritos —2,867,558 electores hábiles— que personas mayores de 18 años en la isla —2,736,791 adultos, según las estadísticas del censo de 2015.

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“Estamos en cumplimiento con la ley en la determinación del tribunal (de Boston). Esa determinación es la que ha creado un desfase y nosotros, en cumplimiento con esa sentencia del tribunal, nos quedamos sin controles, porque si no le puedo pedir al elector que tiene que venir a reafirmar el lugar donde él vive porque el tribunal así lo ha concedido, eso automáticamente me dejó sin controles efectivos, esa es la realidad”, expresó la presidenta de la CEE.

García explicó que solo le resta apelar a “la buena fe del elector” y solicitarle que, si no tienen su domicilio en Puerto Rico —es decir, donde realizan la mayoría de sus trámites— “están votando de manera ilegal”. Estas reclamaciones, indicó, solo podrán realizarse ante la Policía, el Departamento de Justicia o las autoridades federales en la isla, que dijeron estar pendientes de cualquier acto ilegal que se cometa en las elecciones.

“Antes teníamos más garras porque teníamos un registro mucho más depurado y actualizado porque, el que no votaba, no estaba aquí o no se reactivaba, pues no podía participar porque tenía que haber hecho un ejercicio afirmativo que quería ser parte del registro y eso provocaba que la gente se moviera y diera su última dirección vigente”, sostuvo la titular de la CEE.

La funcionaria destacó que, ante este “desfase” creado por la decisión del tribunal, de la cual tenían conocimiento los partidos políticos, solo resta solicitarle a la Legislatura que “debe de remirar cómo se atempera la Ley Electoral a esta realidad jurídica que tenemos ahora y habiendo pasado una elección con sus virtudes y sus defectos cuando lo veamos en la ejecución”.

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“Lo que hubiese sido necesario en el proceso es una enmienda a la ley y nosotros no enmendamos la ley”, insistió, tras destacar que los Partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP) fueron en contra de la CEE durante el proceso de apelación.

Pese a esta decisión, que se dio en febrero de este año, los procesos de recusación —denunciar que un elector votará en un precinto al que no pertenece— no aumentaron, sino que fueron menores a los de otros años. Las recusaciones podían hacerse hasta abril de este año, pero fueron “pocas”, reconoció García. Fueron cerca de 6,000 en total, pero se declararon a lugar poco más de 900. Este proceso solo lo puede realizar un partido político.

El PPD denunció ayer que el PNP orquesta un supuesto esquema de fraude electoral en el que paga a personas no domiciliadas en la isla para que voten en las elecciones del 8 de noviembre, hechos que supuestamente vinculan a los alcaldes de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, y de Fajardo, Aníbal Meléndez.

Ante esto, el PNP reaccionó diciendo que es un “acto de desesperación” del PPD y un intento de intimidación a los electores hábiles que han mostrado su respaldo a la Palma.

Las denuncias de pagos de pasajes por parte de partidos políticos para que puertorriqueños residentes en el exterior voten en los comicios de la isla no son nuevas, ya que son actos que se han criticado en el pasado.