26 de Mayo de 2020

Sin dinero el gobierno de Puerto Rico para febrero

Por el 16 de Noviembre de 2016

SAN JUAN — Tan temprano como el próximo mes de febrero, el gobierno de Puerto Rico podría encontrarse sin suficiente dinero para asegurar la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones.

Así lo indica la administración de Alejandro García Padilla en sus proyecciones de flujo de efectivo más recientes, según fuentes y documentos obtenidos por Caribbean Business. La información fue discutida tanto con la junta de control fiscal durante una reunión privada en Boston a finales de octubre, como con el comité de transición del gobernador electo, Ricardo Rosselló esta semana.

Una vez más, la administración saliente intenta demostrar la precariedad e inmediatez del problema de liquidez en el gobierno, situación que empeoraría aún más ante la expiración de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación de Puerto Rico el próximo 31 de enero.

Bajo este escenario, el gobierno enfrentaría en ese momento la obligación de cumplir con más de $1,300 millones en pagos pendientes por concepto de deuda, para los cuales solo contaría con poco más de $100 millones en caja, según los números preparados por la firma Conway Mackenzie.

El fin de la ley de moratoria — y con ello la prole de órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador García Padilla en virtud de ella — presentaría un panorama donde el gobierno de Puerto Rico terminaría el año fiscal con una deficiencia de más de $2,200 millones si retoma el pago de su deuda según pactada.

De extenderse el periodo de moratoria, las proyecciones indican que la chequera del gobierno podría permanecer en positivo hasta el próximo verano. Esto tomaría en consideración la continuidad de las diferentes medidas de manejo de efectivo que se han implementado hasta el momento, tales como el retraso en el pago a los suplidores del gobierno y el desembolso de fondos a entidades públicas.

Mientras, aunque la administración de turno sostendrá una última sesión legislativa en los próximos días, la extensión de la legislación de moratoria, o la Ley 21 de 2016, no será considerado en dicha convocatoria.

“No anticipo que se dé esa extensión por parte de esta administración. La ley de moratoria tiene una vigencia hasta el 31 de enero, y podría ser prorrogado ese término mediante orden ejecutiva por 60 días más. Pero la ley de moratoria fue concebida como una ley transitoria, no era una ley permanente”, indicó temprano esta semana la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, a Caribbean Business.

Cuestionado por este medio sobre si se vislumbra la extensión de la ley de moratoria, el director del comité de transición del gobernador electo, William Villafañe, manifestó hoy que aún no se ha tomado una decisión en cuanto al tema, al mismo tiempo que pidió espacio para que el proceso de transición corra su curso.

“Según vayan transcurriendo las vistas públicas, y se atiendan cada uno de los temas, el gobernador electo y este comité de transición entonces estarán en posición de hacer expresiones sobre, por ejemplo, lo que me estás preguntando”, dijo Villafañe, añadiendo que “no hay nada decidido todavía”.

Mientras, el gobierno del ELA podría quedar a merced de sus acreedores si la protección, o “stay” en inglés, contra acciones de cobro bajo Promesa expira el 15 de febrero, según dispone la legislación federal. Dicho mecanismo pudiera extenderse por un periodo de hasta 75 días, pero solo si el gobierno se encuentra cerca de lograr un acuerdo voluntario con sus acreedores bajo el Título VI de Promesa, a discreción de la junta y el tribunal federal.

Por otro lado, con el comienzo del nuevo año fiscal el próximo verano, el gobierno de Puerto Rico advierte sobre el agotamiento de los fondos federales de salud bajo Obamacare, así como la posible pérdida de ingresos bajo el arbitrio impuesto a corporaciones foráneas de la Ley 154. Los sistemas de retiro también agotarían sus activos líquidos tan temprano como el próximo mes de junio, lo que supone una nueva carga fiscal al erario de Puerto Rico que tendrá que cubrir los pagos que se emiten a los beneficiarios.

Apuesta a Título III

Así las cosas, la administración de García Padilla busca convencer tanto al gobernador electo como a la junta sobre la necesidad de moverse cuanto antes al proceso de reestructuración de la deuda bajo el amparo del Título III de la ley federal.

Durante las pasadas semanas, tanto el gobernador de turno, como varios de sus funcionarios, han levantado la voz de alerta sobre por qué entienden que es necesario seguir la ruta del Título III, y no dilatar más la reestructuración abarcadora de la deuda del país.

“Si seguimos el capítulo 3 de la ley, no hay austeridad adicional ni impuestos adicionales”, manifestó recientemente García Padilla a preguntas de la prensa. “Los que no quieren el [Título III] lo que proponen es más austeridad e impuestos”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, Santana indicó a Caribbean Business que “la apuesta del gobierno está en que la junta de supervisión fiscal se convenza de la necesidad de iniciar el proceso de reestructuración bajo el Título III de Promesa”.

Es por esto que apuestan a la certificación del plan fiscal a largo plazo que presentaron a la junta el pasado mes de octubre, paso indispensable según Promesa para que la junta pueda radicar, a nombre del gobierno del ELA, un caso de Título III en el tribunal federal, según establece dicha disposición.

“Eso no está definido todavía. Tenemos un comité fiscal que está trabajando mano a mano con el gobernador y en su momento establecerá cuáles son los pasos a seguir”, indicó Villafañe a preguntas de Caribbean Business sobre la postura de la nueva administración en cuanto al Título III luego de recibir los números más recientes por parte del equipo fiscal de García Padilla. Añadió que Rosselló “ha dejado claro que esto se basa en una renegociación de buena fe” con los acreedores del país.

Mientras la administración de turno se prepara para la tercera reunión oficial de la junta fiscal este viernes en Fajardo, el gobernador electo sostiene reuniones en Nueva York con diferentes grupos de bonistas y casas acreditadoras, en las que busca recuperar “la credibilidad del gobierno de Puerto Rico con los mercados”.

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