27 de Octubre de 2021

Sin plan no hay negociaciones con acreedores

Por el 18 de Noviembre de 2016

SAN JUAN — Hasta que no se certifique un plan fiscal a largo plazo para Puerto Rico, la junta de control fiscal no dará paso a las negociaciones con los acreedores, incluyendo cualquier acuerdo de financiamiento interino que pueda lograrse en los próximos meses.

“El primer paso es tener un plan fiscal certificado. El segundo paso es negociar con los acreedores. No hay negociaciones hasta que haya un plan certificado”, sentenció Ana Matosantos durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de la junta hoy.

Los miembros de la junta tampoco indicaron si favorecen la extensión de la protección, o “stay” en inglés, contra litigios de Promesa, y pidieron espacio para trabajar en la certificación del plan antes del 31 de enero, fecha establecida por el cuerpo hoy para su aprobación.

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“Estamos inclinados a trabajar lo más pronto posible para llegar a un plan fiscal que se pueda certificar. Ese es la prioridad y requisito número uno para poder llegar a cualquiera de los otros pasos que hay en la ley federal,” añadió la integrante de la junta.

A preguntas de Caribbean Business sobre la urgencia planteada por el gobernador saliente Alejandro García Padilla de iniciar la reestructuración de la deuda bajo el Título III de Promesa, el presidente de la junta, José Carrión III, indicó lo siguiente: “La moratoria [stay de Promesa] es [hasta] el 15 de febrero…. Aunque no hay muchísimo tiempo, entendemos que podemos tener conversaciones preliminares con personas que tienen interés en el tema de reestructuración, estar eso en proceso, y cumplir con el estatuto”.

Por las pasadas semanas, la administración saliente ha levantado su voz de alerta en cuanto a la situación de liquidez del gobierno, la cual exacerbaría en febrero una vez venza el periodo de moratoria donde el gobierno no cumple con el servicio de su deuda. Ante este escenario, el gobierno de Puerto Rico enfrentaría más de $1,300 millones en pagos pendientes de deuda, para los que contaría con casi $100 millones en caja, según las proyecciones de la administración saliente.

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Así las cosas, García Padilla asegura que la única opción real sería el Título III. Bajo dicha disposición, luego de certificar el plan fiscal a largo plazo, la junta podría radicar un caso en el tribunal federal para que el proceso de reestructuración de deuda se lleve a cabo bajo el amparo de dicho foro.

Mientras, cuando se le preguntó sobre un posible acuerdo de financiamiento interino — algo que el gobernador electo Ricardo Rosselló interesa auscultar una vez entre a La Fortaleza —  Matosantos recalcó que hay que “tener un plan fiscal certificado y después tenemos que ver cuál es el próximo paso”.

Durante su tercera reunión oficial, la junta señaló los diferentes cambios y revisiones que deben realizar al plan, incluyendo utilizar proyecciones bajo el derecho vigente, o que no contemplen acción adicional por el gobierno federal, tales como la extensión de los fondos de salud y el arbitrio a la foráneas de la Ley 154.   

El gobierno saliente deberá presentar un nuevo borrador del plan el próximo 15 de diciembre, el cual será discutido durante una reunión de la junta el 16 de enero.

  • Manifestantes protestan contra la junta de control fiscal en Fajardo. (Juan J. Rodríguez/CB)

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